De las cuatro señales preventivas que fueron instaladas en el área de influencia del Centro Histórico, solamente hay una que no ha sido derribada por vehículos pesados.

Estas estructuras fueron puestas por la Alcaldía para evitar que los carros con capacidad de tres toneladas y altura superior a 3,5 metros, ingresen al sector adoquinado que fue objeto de recuperación del espacio público.

El inspector de Tránsito, Pedro Mendoza Arias, dijo que quienes derribaron las estructuras han hecho pagos hasta por $6,0 millones, al igual que multas que oscilan en un salario mínimo mensual vigente.

Precisó que las vallas tienen que ser nuevas al momento de volverse a poner y que ese es el valor dado por quien hizo el contrato con la administración municipal.

Aclaró que en ningún momento es un negocio de la Alcaldía, sino que si se afecta totalmente la valla, tiene que ser repuesta en su totalidad.

El asesor jurídico de Tránsito, Giovany Cruz, señaló que dos de los vehículos que derribaron las estructuras están afiliados a empresas de transporte de la ciudad, con las cuales se iniciaron los respectivos procesos administrativos sancionatorios para que paguen los costos de los daños.

También aseguró que un conductor de manera voluntaria se acercó a conciliar y con recursos propios pagó la suma de $4,5 millones para que se vuelva a instalar la infraestructura nueva.

Advirtió que esta cifra podría incrementarse hasta en $6,0 millones por lo que implican los costos de la instalación.