Tanto la Alcaldía de Cúcuta, como la Gobernación defendieron sus procesos de contratación, luego de que la Contraloría General de la República iniciara  indagación preliminar en cuatro contratos (dos de cada entidad).

La razón del procedimiento  obedece a presuntos sobrecostos. En los contratos celebrados por la administración del alcalde Jairo Yáñez, explica la entidad fiscalizadora, los sobrecostos alcanzarían hasta un 27%.

Uno de los contratos investigados es el que celebró la Alcaldía con la Cooperativa Multiactiva de Aporte y Crédito (Cooguasimales), por valor de $1.687 millones, para el suministro 15.000 kits de alimentos.

Lea además Contratos de COVID-19 de Alcaldía de Cúcuta y Gobernación en la mira

Este contratista es representado legalmente por Mariela Arévalo Álvarez. La Cooperativa ha tenido contratos en las pasadas administraciones municipales

Huber Plaza Villamizar, jefe de la Secretaría de Gestión del Riego de Desastres del municipio, dependencia que adelantó esta contratación, explicó que el trámite se adelantó bajo todos los estándares permitidos por la ley.

Manifestó que luego de conocer la necesidad, se enviaron solicitudes de cotizaciones a diferentes empresas y una vez determinado el valor de la compra, procedió a efectuarse la invitación a los oferentes.

Y agregó que Cooguasimales envió la propuesta económica y los soportes que acreditaban su idoneidad para la ejecución de la orden de proveeduría.

Sobre la razón de contratar a esta empresa para adelantar dicha labor si ese no es el objeto de su razón social, Plaza Villamizar dijo que “conforme al objeto social registrado en la Cámara de Comercio (…) dentro de las actividades económicas está la 64631 que corresponde al comercio al por mayor de productos alimenticios”.

El funcionario también dijo no conocía que la empresa es de la familia política del alcalde de Cúcuta.

“Conocimos de la empresa porque al igual que otros proveedores han ido a la Secretaría de Gestión del Riesgo a ofrecer sus servicios y el proceso de selección se cumplió luego de haber hecho la invitación a cuatro empresas más, y conforme a precios y disponibilidad de productos se tomó la decisión de hacer la proveeduría con ellos”, explicó.

Y agregó que: “todas nuestras actuaciones se han hecho apegadas a la ley y siguiendo el principio de transparencia promulgado por nuestro alcalde”.

El otro contrato que entró en el radar de la Contraloría es el que llevó a la suspensión de la secretaria de Salud del municipio, María Constanza Arteaga, por parte de la Personería. Se trata del correspondiente a Soluciones y Proveedurías SAS, por $1.081 millones, para el suministro de insumos biomédicos y logísticos para la prevención, atención y contención de la COVID-19, en el marco de la emergencia sanitaria.

En su momento, quien estaba a cargo de la dependencia municipal, aseguró que no se había incurrido en ningún sobrecosto.

Dentro de esa contratación se cuestionaban el valor el litro de jabón antibacterial que fue de $46.218 y un contenedor de residuos sólidos biológicos peligrosos por un costo la unidad de $525.000. Sin embargo, la explicación es que dicho precios aceptados se podían verificar en el mercado y que estaban acordes al presupuesto.

Ahora será la Contraloría quien defina, finalmente, si hubo o no sobreprecios.

En los contratos de la Gobernación, uno tiene relación al firmado con la Unión Temporal Multipae 2020, por un valor de $5.956 millones, para el suministro de alimentación, bajo la modalidad de ración preparada en casa.

La Contraloría dice que tiene indicios de que se presentan sobrecostos entre el 1% y el 14 %.

Con quienes conforman esta Unión Temporal, ya la Gobernación había tenido vínculos. La Unión Temporal Nutrinorte, quien manejó el PAE en 2019, comparte socios con esta nueva Unión Temporal. Además, según se describe en la información proporcionada a la Contraloría, la mayoría de sus contratos los ha desarrollado en Santander.

Según  se detalla en el Secop la contratación se hizo bajo la modalidad de contratación directa y con los estándares permitidos dentro del decreto de Urgencia Manifiesta.

Del otro contrato, firmado con la Comercializadora Internacional de Productos Colombianos C.I. PROCOL S.A.S. para el suministro de kits alimentarios, se presumen sobrecostos por el orden del 8% que ascienden a $ 162’867.250.

Para esta contratación la Gobernación tuvo en cuenta tres cotizaciones más, decantándose  la de PROCOL S.A.S., que aunque según la Contraloría fue la de menor precio global, al final se advierte un posible sobrecosto.