Tras seis meses de trabajo, se aprobó este viernes el Conpes 4031, que permitirá financiar la Ley 2078 (con la que se prorrogó por 10 años más la 1448 de 2011 conocida como la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras), cuyo objetivo es buscar la reparación para las más de 9 millones de víctimas inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV), luego de sufrir los embates del conflicto armado en Colombia.

“La prórroga nos permite la atención a esos 9.100.000 víctimas que ya están en el registro. Es una esperanza para ellas, son 142 billones de pesos aprobados allí, donde están todas las líneas las acciones y el presupuesto”, subrayó Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas.

El funcionario reveló que 29 entidades participaron del proceso, sumadas a tres entidades adicionales del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. “Por eso, aprovechamos para dar gracias a todos los ministerios que participaron, fue un trabajo de más de seis meses”, resaltó.

Tal como lo indicó Rodríguez, Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento de Planeación (DNP), lideró el trámite que “hoy nos permite darles tranquilidad a las víctimas y poderles cumplir con la política pública de reparación”.

Cabe recordar que, el aniversario de la Ley 1448 se cumplió el pasado 10 junio, ocasión que Rodríguez aprovechó para reportar que se han materializado 1.200.000 indemnizaciones por un monto de 8 billones de pesos.

Los objetivos de la política pública establecidas en el Conpes buscan mitigar las afectaciones a la vida e integridad de las personas bajo el conflicto armado; mejorar las condiciones socioeconómicas de las víctimas y avanzar en su reparación integral; afianzar la articulación y superar las fallas en la institucionalidad dispuesta para el cumplimiento de la política pública de víctimas.

Para ello se formalizaron mesas de trabajo con 32 entidades en las que se concertaron 286 acciones al 2031. Entre ellas, se contempla, según la Unidad, que más de 2,1 millones de víctimas del conflicto armado accederán a la indemnización administrativa.

Así mismo, se espera que cerca de 4,6 millones de víctimas de desplazamiento forzado superarán la situación de vulnerabilidad mediante el acceso a las acciones encaminadas al restablecimiento socioeconómico.

Además, aproximadamente 700.000 familias al año recibirán incentivos en salud y educación mediante transferencias monetarias condicionadas. Y cerca de 96.000 víctimas podrán acceder a subsidios para adquirir vivienda nueva urbana. De igual manera, más de 68.000 núcleos familiares se beneficiarán con subsidios para el mejoramiento de sus viviendas.

La entidad dio a conocer que además se apoyarán emprendimientos e iniciativas de negocio de más de 250.000 afectados por el conflicto, se fortalecerán negocios de más de 600.000 de ellos y se beneficiará a más de 20.000 personas con programas de generación de ingresos y autoempleo.