En una reunión de comandantes en el Catatumbo, Norte de Santander, se encontraban los disidentes del Estado Mayor de las desaparecidas Farc que ayer fueron interceptados por el Ejército Nacional en vías de Antioquia, cuando retornaban en camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

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De acuerdo con información suministrada por Andrey Avendaño, uno de los comandantes del Frente 33 que opera en esta región del país y quien es delegado en la mesa de negociación con el Gobierno, él y sus compañeros estaban reunidos en esta zona del país “deliberando sobre los avances en el proceso de diálogo de paz con el Gobierno Nacional y trazamos los aspectos a abordar en nuestras regiones en materia de paz con justicia social”.

La información también fue confirmada por Camilo González Posso, coordinador de la delegación del Gobierno, quien explicó que la caravana con al menos siete camionetas regresaba de una reunión de comandantes autorizada por el Gobierno Nacional, después del quinto ciclo de conversaciones, con destino hacia el Yarí, donde tendrían una nueva cita hoy.

Anoche, en rueda de prensa, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ratificó que los disidentes se movilizaban entre el Catatumbo y Anorí (Antioquia).

Aunque todo parece indicar que el recorrido de los disidentes, tras su salida del Catatumbo y posteriormente del departamento Norte de Santander, pasó inadvertido, lo mismo no sucedió en Antioquia, pues cuando el grupo se movía en jurisdicción del municipio de Cisneros, fue requerido por el Ejército en un puesto de control.

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Después de horas de tensión e incertidumbre, puesto que los ocupantes de los vehículos se resistían a descender de los mismos, alegando razones de seguridad, se informó que estos eran comandantes de la disidencia del Estado Mayor.

Una vez accedieron a salir de las camionetas presentaron sus documentos y la respectiva suspensión de las órdenes de captura por parte de la Fiscalía, por su participación en el proceso de negociación que adelantan con el gobierno de Gustavo Petro.

No obstante, uno de ellos, Édgar de Jesús Orrego Arango, alias Leo o Firu, cabecilla del frente 36 de las disidencias, no contaba con este documento y por esa razón, luego de la respectiva verificación, el hombre fue detenido por las autoridades.

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Esto, por cuanto en su contra está vigente una orden de detención por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego municiones, utilización ilegal de uniformes e insignias, fabricación tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, terrorismo y hurto calificado y agravado.

Cruce de responsabilidades

Andrey Avendaño aseguró, mediante un video que publicó en sus redes sociales, que desde el pasado 17 de mayo habían solicitado a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz el levantamiento de las órdenes de captura y por eso responsabilizó directamente al Gobierno Nacional de lo sucedido, alegando que este “inconveniente jurídico” es producto de “la falta de voluntad política” de su interlocutor en la mesa.

Sin embargo, el coordinador de la delegación oficial, Camilo González Posso,  advirtió que en el desplazamiento de los comandantes insurgentes hubo situaciones irregulares, frente a las cuales se procedió de acuerdo con la ley.

“En todo caso, allí había una situación irregular, por la presencia de uno de los comandantes del frente 36, cuya resolución de suspensión de orden de captura está en trámite y, por lo tanto, la autoridad puede proceder legítimamente con su detención. Hay otra situación irregular, en el caso de un proveedor que le fue encontrado en un bolso a una de las integrantes de esa caravana y que también fue sometida al procedimiento judicial de rutina”, dijo González Posso en referencia a Erika Castro, otra de las detenidas.

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El último reporte oficial de capturados da cuenta de otros cuatro disidentes detenidos por porte ilegal de armas. Estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía.

Lo que les encontraron

El otro asunto que desató la polémica ayer en el país tiene que ver con los elementos que les incautaron a los hombres que se movilizaban en los carros de la UNP. En total eran 18 disidentes y once escoltas.

De acuerdo con el director de esa entidad, Augusto Rodríguez, durante la inspección que se adelantó en el batallón Pedro Nel Ospina, de Bello (Antioquia), se encontraron más de $60 millones en efectivo. Anoche, sin embargo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, informó que la cifra aumentó a $100 millones.

En los vehículos, los disidentes también llevaban dos pistolas nueve milímetros, un proveedor, once cartuchos, computadores, memorias USB y celulares.

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“Los escoltas, la persona que iba coordinando el esquema, ha debido ver que personas que no hacen parte del esquema protegido no podían subir a los vehículos. Y los $60 millones, no sé en qué los tendrían metidos, pero en los vehículos de la UNP no se debe llevar ese tipo de cosas, ni armas, ni drogas, ni pertrecho, ni munición, ni nada de eso”, sostuvo Rodríguez.

Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció la investigación por el mal uso del esquema de protección para las negociaciones de paz.

Aseguró que la mayoría de estos disidentes tiene órdenes de captura suspendidas, pero que en este caso de medidas vigentes, como la de alias Firu, el Gobierno exigirá las explicaciones en la mesa de diálogos con las disidencias.

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