Esta semana el Gobierno despachó desde La Guajira. Tanto el Presidente Gustavo Petro como sus ministros, los jefes de instituciones como el ICBF y la Agencia Nacional de Tierras, y otros funcionarios clave se trasladaron al lugar.

Pero no solo estuvieron en la capital, Riohacha, sino que también visitaron rancherías y corregimientos o municipios como Uribia, Nazareth, Albania, Dibulla, Manaure y Maicao.

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El presidente fue con un tema esencial en mente: El cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que ordenó en 2017 proteger los derechos al agua, la alimentación y la salud de la población wayuu; en este sentido, se anunciaron planes que integran la operación de varios Ministerios.

También, se adjudicaron tierras a firmantes de paz y al resguardo Kogui, fueron devueltas las máscaras sagradas que Petro recuperó en Alemania, se anunciaron inversiones en pro de la transición energética y se habló de construir un aeropuerto y de la puesta en marcha de una universidad que beneficie a la comunidad wayuu, entre otros temas.

En resumen, la agenda se enfocó en atender las peticiones y las principales necesidades de los habitantes de esa zona del extremo norte del país. Premisa que, en definitiva, recuerda al pasado, a un Gobierno que se trasladaba a los lugares más recónditos para actuar sin intermediarios, sino de cerca con el pueblo. Se trata del gobierno de Álvaro Uribe, quien pese a ser de una corriente muy distinta a la del actual Presidente, durante sus años en el poder ganó popularidad entre el electorado con sus Consejos Comunitarios.

El primero tuvo lugar en Pasto, Nariño, el 10 de agosto de 2003. Luego vinieron alrededor de 300 más. El entonces presidente llevaba a cabo lo que la Comisión de la Verdad denomina “los espacios de la pequeña política: podían durar un día entero, asistía Uribe y escuchaba las demandas de la comunidad, luego interpelaba a los funcionarios, ya fuera en persona o por teléfono, y les exigía cuentas y compromisos en público”. El pueblo se sentía escuchado.

“El suyo era un modelo de Estado basado en lo que él mismo ha definido como un triángulo de confianza: seguridad, inversión y cohesión social. (…) Si el rasgo que tenía el Estado colombiano a lo largo de su historia era la falta de presencia y control territorial, el nuevo Gobierno buscaba recuperar ese control en regiones estratégicas” o al menos intentar que así pareciera, dice el informe citado.

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Entonces, mientras personajes como el exdirector de la Escuela Superior de Administración Pública, Pedro Medellín, en su columna de opinión del 15 de junio, veía como una estrategia “peligrosa” lo que interpreta como el paso de una democracia representativa a una de las calles, pues “sin unas reglas de juego definidas, cierra los espacios de la expresión política de los debates en el Congreso, las asambleas y los concejos”, otros tienen una opinión diferente.

El analista político César Amaya lo llamaría un gobierno descentralizado y lo ve como positivo, pues escucha las opiniones del pueblo: “Las soluciones siempre están en las personas que viven a diario los problemas. La gente es la que los conoce y en muchos casos tienen las soluciones, pero necesitan las herramientas del Estado”, apunta.

A las marchas también las ve como un instrumento democrático, pero añade que no se pueden convertir en un elemento del día a día.

¿Favorecerá a su imagen

Vale decir que las jornadas de Gobierno con el Pueblo llegan en un momento en el que la imagen de Gustavo Petro alcanzó niveles muy desfavorables. Recientemente fue publicada la Encuesta Polimétrica de Cifras y Conceptos y reveló que el 55 % de los encuestados tiene una imagen desfavorable del mandatario, frente a un 42 % que tiene una imagen favorable. En el caso de la encuesta Invamer (realizada entre el 16 y el 24 de junio), el 61 % de los encuestados desaprueba la labor de Gustavo Petro como presidente, mientras que el 33 % la aprueba.

Resulta, entonces, una estrategia conveniente. Tal y como explica Amaya, “cuando la popularidad va bajando de una forma tan evidente y el partido no va de la mejor manera, acercarse a la población y a los electores siempre va a ser bueno para la favorabilidad”.

También, le ayuda a fortalecer a su partido de cara a las elecciones regionales que se celebrarán el próximo 29 de octubre. No obstante, el siguiente paso será buscar apoyo en el Congreso, pues este es el que tiene el poder de aprobar sus reformas. Y, “en aras de cuidar nuestra democracia, debe ser menos activista y gobernar un poco más”, finaliza el experto.

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