Un grupo de 62 actores del sistema de salud –entre ciudadanos, pacientes, usuarios, trabajadores y exfuncionarios de Estado– expresaron su preocupación frente al contenido actual del proyecto de reforma a la salud y al trámite de este en la Comisión Séptima de Cámara.
Por eso, hicieron un llamado al Gobierno y al Congreso de la República para considerar unas advertencias que hacen sobre los riesgos que para los pacientes, usuarios, institucionalidad y sostenibilidad del sistema de salud podrían materializarse si se aprueba el texto que hoy se discute.
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“Las transformaciones deben basarse en la evidencia científica, en la información transparente y en la participación real y efectiva de todas las personas, sin poner en riesgo la vida de los colombianos”, dice la carta.
Así mismo, los 62 miembros del grupo de interés en la salud señalan que “no es claro que la reforma a la Salud presentada por el Gobierno Nacional contribuya al progreso en el Derecho fundamental a la salud y más bien pone en riesgo los avances adquiridos en el goce efectivo del derecho a la salud”.
Posteriormente, señaló una serie de preocupaciones que tienen sobre la reforma. Como que no resuelve los problemas de cobertura y acceso que se presentan en los territorios, por el contrario, fragmenta y desarticula los niveles de atención.
Por otro lado, que no garantiza la sostenibilidad financiera del sistema, pues, dicen, rompe la protección financiera que para el Estado significa la unidad de pago por capitación (UPC).
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Además, plantean que la reforma esboza una arquitectura institucional articulada y eficiente; en cambio crea múltiples instancias que aumentan la burocracia en el sector y exponen el sistema a la politización.
“Desincentiva la participación privada en la prestación de los servicios, desconoce los esfuerzos en calidad, avance tecnológico, formación del talento humano en salud e inversión, que ubican a Colombia en un lugar destacado de oferta hospitalaria de excelencia”, dice la comunicación.
Y finalmente, se refiere al trámite legislativo que ha estado lleno de críticas y advertencias. Por ello, señalan que ha habido “innumerables, evidentes y documentados yerros de procedimiento” en la discusión que “pone en vilo la vocación de permanencia del proyecto”. Y agregan que “un grupo importante de juristas ha considerado que muchas de las disposiciones contenidas en el proyecto de ley deben tramitarse por una ley estatutaria, en tanto comprometen la garantía del derecho fundamental a la salud”.
“Existe un alto riesgo de que la reforma sea inconstitucional, con pérdida de tiempo y enormes peligros para el sistema”, sostienen.
Entre las agremiaciones, grupos y personas que firmaron el pedido al Gobierno nacional se encuentran los exministros de Salud Augusto Galán, Mauricio Santamaría, Fernando Ruiz, Alejandro Gaviria, Beatriz Londoño, Diego Palacio, Jaime Arias y Gabriel Riveros; los exministros de Hacienda Juan Camilo Restrepo, Rudolf Hommes, Juan Carlos Echeverry y Jose Manuel Restrepo; así como los exviceministros de Salud Iván Darío González, Germán Escobar, Carlos Jose Rodríguez, Jairo Núñez, Eduardo Alvarado, Carlos Castro, Blanca Elvira Cajigas, Carlos Ignacio Cuervo, Diana Cárdenas y María Andrea Godoy.
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