Durante los dos últimos años, la saliente procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, fue una “piedra en el zapato” para el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Los choques entre la jefe del Ministerio Público y el mandatario, que nunca ocultó su intención de eliminar la entidad, fueron continuos.

Al dejar el cargo, luego de terminar su periodo, y a pocos días de que inicie sus funciones el nuevo procurador, Gregorio Eljach, la funcionaria asegura que hay que seguir defendiendo la entidad, que es una herramienta para enfrentar la corrupción, que sigue creciendo.

Asegura que en estos cuatro años fueron sancionados 542 funcionarios elegidos popularmente y quedan abiertos más de 4 mil procesos contra servidores públicos de este tipo.

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¿El 16 de enero, día en que cumple su periodo, en qué estado queda la Procuraduría?

Al culminar mi gestión, la Procuraduría General de la Nación queda fortalecida, modernizada y organizada, con bases sólidas para enfrentar los desafíos del Estado de Derecho.

Entre los logros se destaca la promulgación e implementación del nuevo Código General Disciplinario, que garantiza la doble instancia, refuerza el debido proceso y asegura la autonomía institucional. Recibimos en el empalme del año 2021 alrededor de 69.000 expedientes disciplinarios y a diciembre de 2024 entregamos 38.392 activos. Con la nueva Dirección de Apoyo Estratégico (DAE), queda una procuraduría con tecnología de punta en el manejo de la gestión pública.

Dejamos estructurada la política de género a través de la creación de la estrategia Promujeres, del centro de atención promujeres, de la coordinación para enfoque diferencial y de género, de la coordinación de intervención penal en defensa de los derechos de las mujeres y capacitamos y en género género a la casi totalidad de funcionarios de la entidad.

¿Cómo se encuentra el país en materia de corrupción? ¿Qué preocupaciones le quedan en esa materia?

Una de las principales funciones de la Procuraduría es la de luchar contra la corrupción; fenómeno que se incrementa drásticamente cada día, afectando todos los niveles de la administración pública. Los procesos de contratación estatal son uno de los principales focos de irregularidades, generando corrupción e ineficiencia administrativa. A través de nuestras delegadas preventivas y de intervención le hemos ahorrado al país muchos billones de pesos en estos cuatro años. Sin embargo, siempre he expresado que el control social es crucial en esta lucha contra la corrupción, ya que empodera a la ciudadanía y la hace parte activa en la vigilancia de la gestión pública como aspecto esencial para defender el Estado de derecho, fomentar la integridad, complementando así la labor de los órganos de control.

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¿Siente que la Procuraduría quedó en parte ‘maniatada’ con las decisiones que han tomado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre el tema de fallos contra funcionarios de elección popular?

Lejos de verse debilitada, la Procuraduría ha fortalecido su autonomía y potestad disciplinaria. La lectura literal del llamado control de convencionalidad está perdiendo fuerza, porque desconoce la tradición jurídica de la mayoría de los países del continente, que tienen autoridades judiciales (no penales) y administrativas facultadas para restringir derechos políticos.

Las decisiones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado garantizan que las sanciones impuestas a servidores públicos de elección popular sean revisadas de forma automática por el juez contencioso administrativo, asegurando el principio de jurisdiccionalidad y alineándose con la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. Además, el Código General Disciplinario, con las modulaciones de la Sentencia C-030 de 2023, es el estatuto más garantista que puede haber en materia de derecho disciplinario, y no tiene nada que envidiar a las garantías de un proceso penal.

¿Sintió que el Gobierno Petro, que ha promovido la eliminación de la Procuraduría, bloqueó su labor, la entorpeció en algún sentido?

Desde el comienzo de este gobierno, la Procuraduría enfrentó dificultades en el acceso a información clave para cumplir con sus funciones, así como recortes y retrasos presupuestales significativos afectando su capacidad operativa. Sin embargo, la entidad continuó ejerciendo su labor con los recursos disponibles y así debe continuar.

También hubo intentos por vía legislativa de suprimir funciones disciplinarias y limitar la intervención judicial del Ministerio Público. A pesar de estos desafíos, la Procuraduría goza de buena salud y está lista y capacitada para continuar cumpliendo su atribución constitucional como defensora de la sociedad, garante de los derechos y ejercer el control institucional.

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¿Cómo ve el futuro de la Procuraduría? ¿Cree que los intentos por eliminar la entidad ya están superados?

Aunque los intentos por eliminar la Procuraduría parecen haber quedado atrás, es fundamental seguir defendiendo la institucionalidad. La Procuraduría es un órgano esencial en el control del Estado al ser una institución garante de la democracia, que exige transparencia 

y eficiencia administrativa. Eliminarla sería un retroceso histórico que afectaría la lucha contra la corrupción y debilitaría las herramientas de control legal y constitucional. La entidad cuenta con un respaldo normativo sólido, y su papel es más relevante que nunca en un contexto de polarización, populismo y desconfianza institucional, garantizando el equilibrio entre las ramas del poder público y la protección de los derechos ciudadanos.

Hoy más que nunca, estoy convencida de que con el derecho disciplinario y las otras competencias de la Procuraduría General de la Nación se tienen dos activos de altísimo valor en nuestro país, que debemos proteger en beneficio de nuestra democracia.

¿Qué casos de trascendencia deja listos para fallar?

En la misionalidad disciplinaria se sancionaron a 542 electos popularmente en estos cuatro años y quedan en trámite 4.207 actuaciones frente a este especial grupo de servidores públicos. La Procuraduría deja listos varios casos de alto impacto contra servidores del gobierno nacional, regional y municipal del país. Recordemos y eso quiero dejarlo claro, que la función de la entidad es ejercer vigilancia, investigar y sancionar e intervenir en actuaciones de servidores e instituciones de la rama ejecutiva y legislativa, lo que implica siempre una tensión entre esa función y los órganos de gobierno. En este contexto, quedan casos por decidir de importancia contra ministros, exministros y en general servidores varios de alto nivel.

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