La Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) les ordenó a la Policía Nacional, la Interpol, la Dijín y la Registraduría Nacional eliminar los antecedentes judiciales eliminar los antecedentes judiciales de 9.600 firmantes de paz de las extintas Farc que recibieron amnistías por delitos políticos.
Con una resolución de diez páginas, la Sala anotó que ha recibido "múltiples solicitudes de información" por parte de quienes alguna vez fueron combatientes de las antiguas Farc. Por ello, desde septiembre de 2023 coordinó con distintas entidades el acceso a los decretos presidenciales con los que se concedieron las 9.600 amnistías.
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A partir de información de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Sala conoció nueve decretos emitidos desde 2017, destinados a otorgar las amnistías a las que las y los excombatientes tenían derecho en virtud del Acuerdo de Paz de 2016. Tras los actos administrativos, quienes firmaron la paz tenían derecho a definir su situación jurídica.
"Desde el momento mismo de su expedición, las personas que hicieron parte de las extintas Farc-EP tienen derecho a la adopción de las medidas necesarias para implementar las consecuencias que se derivan de dicho beneficio jurídico", explicó la JEP, al tiempo que indicó que tiene el deber de comunicar las amnistías e impartir pedagogía al respecto.
El 21 de febrero, la Sala de Amnistía o Indulto realizó un acto público junto al último comandante de la extinta guerrilla, Rodrigo Londoño, quien, junto al último secretariado de la agrupación, ha sostenido una disputa con la Jurisdicción por una cifra que considera baja de amnistías, que solo se otorgan por delitos políticos.
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Roberto Vidal, el presidente de la JEP, expresó en ese momento que la Justicia Especial tenía información de más de doce mil excombatientes que adelantaban un proceso de reincorporación que se veía truncado a partir de distintas dificultades derivadas del desconocimiento de cuál era su situación jurídica real.
Desde entonces, cuando se comunicaron oficialmente más de once mil amnistías —entre las entregadas por decretos presidenciales y las confirmadas por la Sala de Amnistía de la JEP— la JEP ha intentado ejecutar campañas de pedagogía y consolidar un cruce adecuado de información con entidades encargadas de concretar las consecuencias jurídicas.
Por ello, la Sala le ordenó al Alto Comisionado para la Paz y al Ministerio de Justicia informar sobre el estado de los beneficios jurídicos entregados a quienes se encuentran en retorno a la vida civil. Además, le ordenó a la Policía, la Interpol y la Registraduría "impartir las instrucciones que corresponda" para actualizar los antecedentes.
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"Le damos una orden a la Policía Nacional para que materialice los efectos de las amnistías de iure presidenciales que habían sido otorgadas en 2017 por el expresidente Juan Manuel Santos. No todas esas amnistías han sido materializadas, y por eso ellos (los firmantes) han tenido tropiezos con los antecedentes judiciales", señaló la magistrada Diana Vega.
La togada, de la Sala de Amnistía o Indulto, le dio a conocer este jueves la decisión a quienes habitan el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de La Variante, en Tumaco (Nariño). De acuerdo con Vega, la idea de materializar las amnistías es que quienes firmaron la paz "puedan tener un proceso de reincorporación exitoso".
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