Luego de una larga disputa en el Senado y Cámara para buscar leyes que apoyen y respalden a los empleados, el pasado 6 de enero, fue aprobada la Ley 2191 que permite, de forma legal, desconectarse del trabajo una vez haya concluido su jornada laboral.
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Esta propuesta, que busca evitar el sobrecargo en los empleados, debido al incremento de problemas en la salud que los trabajadores han contraído por la falta de descanso, se fundamentó en principios constitucionales del derecho al trabajo, así como por convenios ratificados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Puntualmente, la Ley de Desconexión Laboral tiene por objetivo fijar límites y respetar el horario laboral así como su descanso para que los empleados puedan gozar de su tiempo libre y tener una calidad de vida a nivel familiar o personal.
Es importante recalcar que aplica para todo tipo de contrato: a término indefinido, fijo, prestación de servicios, entre otros.
“Entiéndase como el derecho que tienen trabajadores o servidores públicos, a no tener contacto, por cualquier medio o herramienta, bien sea tecnológica o no, para cuestiones relacionadas con su actividad laboral”, expresa.
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El texto aprobado señala que se debe velar por la salud física y mental de los trabajadores, para que puedan disfrutar de forma plena sus espacios de descanso y familiares.
Además, protege el derecho al trabajo, ya que al darles el derecho a los trabajadores de responder solicitudes solo hasta que se inicie la siguiente jornada, el empleador no podrá tomar algún tipo de acción en su contra, como el despido, el envío de memorandos, sobrecargar de tareas al empleado en la jornada ordinaria, entre otra.
“El Congreso de la República dio un paso histórico en la defensa de los derechos de los trabajadores colombianos y en la actualización de nuestra legislación conforme a las nuevas realidades laborales”, celebró Rodrigo Rojas, representante a la Cámara y autor del proyecto.
Ya hay mecanismos para ser escuchados
Si en el trabajo, el empleador, pese a conocer la ley, sigue vulnerando ese derecho a sus trabajadores o servidores públicos, la persona afectada puede dar conocimiento de dicha situación a un inspector de trabajo o a la Procuraduría General de la Nación, quienes velan por la garantía de esta nueva disposición laboral.
Sin embargo, la denuncia debe detallar los hechos con pruebas que irán anexadas allí. De lo contrario, no podrá demostrar la validez de su caso.
El no tener en cuenta esta ley, según el escrito que la avala, será visto como una conducta de acoso laboral, pero este solo será fortuito cuando sea persistente y demostrable.