La discusión de una reforma tributaria, por su naturaleza, no es solo un asunto económico, sino también político. Y aunque estaba cantada por el fuerte impacto de la pandemia de coronavirus, como demostró la caída que reveló el Dane del 6,8 % del PIB durante 2020, se hizo inevitable que el Gobierno de Iván Duque presentara una nueva propuesta para ajustar las finanzas del país.

Sin embargo, no la tiene fácil. Además del desgaste propio del Ejecutivo, también cuenta en contra con que congresistas de distintas orillas políticas ya están allanando el camino para las elecciones legislativas y presidenciales de 2022.

Además, desde distintos sectores sociales, la propuesta de la reforma levantó críticas con, incluso, algunas voces volviendo a poner sobre la mesa la posibilidad de llamar a nuevas movilizaciones.

Inevitable

Cuando llegaron las primeras dosis de la vacuna de Pfizer al país, el presidente Duque planteó su meta para 2021: “que este sea el año de la vacunación masiva y de la reactivación segura”. Esa última se ha convertido casi que en una advertencia y sirvió de argumento para cuando el Gobierno, el 9 de febrero, dio a conocer la reforma tributaria que radicará en marzo en el Congreso.

Entre las metas planteadas, de acuerdo con el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, está aumentar los ingresos del PIB al menos 1,5 % anualmente y recaudar más de 15 billones de pesos. Para eso, se gravarán más productos, y se buscará que los estratos 5 y 6 paguen más impuestos, lo mismo que quienes reciban las pensiones más altas.

Según Londoño, la reforma –que estaría lista a finales de febrero– “nos va a ayudar a tener un mayor crecimiento, porque las personas no van a pagar este año, pero el gasto público sí se pagará en el segundo semestre”.

Para analistas, este es un paso lógico. Por ejemplo, Yan Basset, docente de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, considera que es una reforma “indispensable. Tendrá que hacerse”. Sin embargo, añade también que, por el momento político del país, “tendrán que negociar de forma bastante dura el Gobierno y los partidos que lo apoyan”.

El problema está en lo impopulares que son este tipo de propuestas.

El primer mandatario aseguró que la reforma no se puede posponer, puesto que “si lo dejo para el próximo Gobierno, los efectos se darían hasta 2023, pero el recaudo grande se vería en 2024 (y) eso ya es muy tarde”.

Criticada

Desde distintos lados, hubo manifestaciones en contra de la reforma. El senador Jorge Robledo, quien está ya buscando alianzas de cara a las elecciones presidenciales, fue uno de los que criticó la propuesta por la posibilidad de que traiga un aumento de impuestos.

Robledo, del movimiento Dignidad, consideró que es “muy mala la idea del gobierno de subir los impuestos a los pobres y a la clase media, porque eso incrementa el sufrimiento ciudadano y, porque al empobrecer a la gente, las empresas y la actividad económica menos pueden producir y menos empleo puede generar”.

Los sindicatos, por supuesto, también mostraron su desacuerdo. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el segundo sindicato más grande de Colombia, criticó la posibilidad del aumento del IVA. Su fiscal nacional, Fabio Arenas, aseguró que a esto “debemos responder con un paro nacional”. Sin embargo, la posibilidad de repetir movilizaciones como las de noviembre de 2019, no parece tan claro en estos momentos en el contexto nacional.

Pero no es solo desde la oposición. Algunos copartidarios del presidente Duque han tomado distancia de la reforma, al menos en lo que se conoce el detalle de la misma.

“Somos conscientes de las dificultades económicas y fiscales por las que está atravesando Colombia y el aumento de la deuda por causa del covid. Considero que la única reforma tributaria posible es una que disminuya impuestos, genere empleo y controle la evasión. Hay algo elemental: los colombianos reclaman señales de disminución de burocracia en nuestro Estado”, dijo el representante antioqueño del Centro Democrático Juan Espinal.

El camino que debe recorrer la tributaria es largo. Por ser una reforma, tendrá que ser discutida en ocho debates (cuatro en Senado y cuatro más en la Cámara de Representantes) y lo que presente el Gobierno, sin duda, tendrá cambios. Pero el reloj está corriendo. Y si el Gobierno no consigue el consenso necesario, los vientos electorales podrían desviar sus metas.