La región nortesantandereana siempre se ha destacado porque sus habitantes suelen elegir, en su gran mayoría, a líderes pertenecientes a partidos de derecha. Pero no siempre fue así.
Se recuerda que a mediados de la década de los años ochenta del siglo pasado, el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur suscribió con la guerrilla de las Farc el acuerdo de La Uribe, que consistía en una tregua, cese al fuego bilateral y la creación del movimiento político Unión Patriótica como alternativa de cambios sociales, económicos y políticos.
La Opinión entrevistó a una de las militantes que sobrevivió al exterminio de la UP, quien entregó su testimonio sobre cómo fue vivir en una época donde el paramilitarismo, en complicidad del Estado (determinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos), arrebataba la vida de sus compañeros de partido.
“En 1985 surge la Unión Patriótica en Norte de Santander donde fue muy fuerte, especialmente en el Catatumbo. En 1987 se empezaron a elegir alcaldes populares y concejales en la región, nosotros pusimos alcalde en Tibú y El Tarra. En esa época también se hacían muchas reuniones para hacer coaliciones con el Partido Conservador”, relata la militante sobreviviente.
Menciona que en ese entonces se desataron amenazas, detenciones y asesinatos. Fue tanto el hostigamiento hacia el partido -recuerda- que la gente tuvo que salir del departamento.
Asesinato de los líderes
El jueves 28 de enero de 1988 se conoció una fatal noticia en Norte de Santander. Una masacre terminó con la vida de Ramón Aníbal Díaz Carvajal, presidente de la UP, su esposa Cecilia Castro, quien era la personera de Convención, y la de Alirio Vega Jácome, jefe conservador en aquél entonces. Los dirigentes políticos fueron asesinados en Convención.
Este medio relató la noticia del lamentable asesinato, conociendo los testimonios de los habitantes del municipio que fueron testigos, quienes contaron que Cecilia Castro se aferró a la vida hasta sus últimos minutos, suplicando para que los sicarios no los mataran.
Los tres habían participado en la gestión de un acuerdo político entre la UP, el Movimiento de Acción Conservadora (MAC) y Renovación Liberal para lanzar la candidatura popular de Lácides Carmelo Trujillo a la Alcaldía de ese municipio.
En esa reunión política, Díaz había propuesto a los participantes firmar un acuerdo en el cual se planteaba la necesidad de una gran cruzada democrática en Colombia, que estuviese en contra de la ola de violencia, para sacar “adelante nuestro país”.
Asimismo, condenaba enérgicamente el secuestro y posterior asesinato del procurador general de la Nación de ese entonces, Carlos Mauro Hoyos, a manos del Cartel de Medellín.
Días antes de la masacre, Aníbal Díaz también había declinado su candidatura a la Alcaldía de Cúcuta para hacer un llamado a la libertad política y a la paz nacional. El dirigente, en ese entonces adhirió a la candidatura de Margarita Silva de Uribe, quien finalmente fue la primera alcaldesa electa de la capital de Norte de Santander.
Este sería el crimen que marcó a la Unión Patriótica en Norte de Santander, sin embargo, no fue el único.
Estas fueron las víctimas de la UP en Norte de Santander:
- Robertino Galeano Zea. Dirigente cívico.
- Carmelo Helves Orjuela Campesino. Militante.
- Neftalí Calle (o Cala). Dirigente UP.
- Alias “Heli” Frente 20 FARC-EP, activista en tregua.
- César N. Dirigente UP.
- Pedro Contreras. Dirigente USO y militante.
- Faeriel Santana. Dirigente Sindical.
- Sanguino Hernando. Dirigente Asociación Educadores de Norte de Santander.
- Ramón Aníbal Díaz Carvajal. Presidente UP.
- Elia Cecilia Castro Parada. Personera de Convención.
- Reyes Bautista. Activista.
- Francisco Bautista. Activista del corregimiento de Versalles.
- Roberto Contreras. Exconcejal de la UP y candidato a listas Alcaldía.
- Jesús Alfredo Amaya Ancisa. Concejal UP de San Calixto.
- Jorge Carrascal. Militante.
- Jesús Rodríguez. Militante.
- Evelio Carrascal. Militante.
- José Manuel León. Dirigente.
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La intimidación era constante
Aníbal Díaz Carvajal había advertido la existencia de una ‘lista negra’ denominada los 77, con igual número de líderes de Norte de Santander que en aquél entonces fueron puestos en la mira por los grupos paramilitares conocidos en ese momento se autodenominaban como MAS y SAO.
“Varios compañeros nuestros hoy están en Bogotá porque tocó sacarlos de aquí para poderlos salvar cuando ocurrió la arremetida paramilitar”, es el recuerdo que tiene esta víctima de la persecución que logró salvarse de morir.
La detención: un momento crítico
Para la militante, su detención marcó un momento crítico en su vida, tanto, que llegó a pensar que no sobreviviría para contar su historia. Ella es una reconocida lideresa sindical, que prefirió mantener su nombre en anonimato.
Y es que en esos años donde las amenazas, asesinatos e intimidaciones eran el pan de cada día hacia quien pensara diferente, hubo un hecho que casi acaba con su vida. Cuenta que fue retenida en un CTI de Cúcuta por cuatro días encerrada en un calabozo. Después, a medianoche la sacaron y la cargaron en un carro.
“Eso era lo que estaba pasando, sacaban a la gente y aparecía muerta. Por dentro, yo dije: aquí ya fue, me mataron”, confiesa. Recuerda que en esos días cuando estaba retenida los sindicatos se habían movido, su caso salió en la prensa nacional y los dirigentes sindicales de la región solicitaron hablar con el gobernador del momento, Eduardo Assaf Elcure.
“El gobernador llamó al comandante y cuando hablaron le dijo: ‘yo sé que ustedes tienen a fulana de tal. Por favor a esa mujer no me le vayan a hacer nada’. Después de eso me regresaron y me llevaron para el Ejército y allá me dejaron otros tres días”.
Afirma que logró salir del Ejército por un abogado y que luego la trasladaron para la cárcel de mujeres.
“Esa fue una época bastante complicada que yo viví, además porque salí de esa vaina con muchísima rabia. Yo no podía ver un policía porque me transformaba, eso era muy duro y yo tenía mis hijos pequeñitos, trabajaba y no podía andar sola”, admite.
El hostigamiento les costó el trabajo político
La militante sobreviviente al exterminio contó que en esos años el movimiento político tenía un gran trabajo de base en la región. Menciona que en Cúcuta iniciaron por los barrios.
“Nosotros teníamos trabajo en Kennedy, Villa del Rosario y Atalaya cuando recién se iniciaba a organizar como barrio. En esa época hicimos luchas por el alcantarillado y cuando nos reuníamos nos llegaba la Policía y a muchos nos agarraron”, indica.
Ella cuenta que el trabajo en Villa Rosario tuvo mucha fuerza en la UP y que, además, la gente aún se acuerda de eso. Pero especialmente, recuerda como fue en Atalaya, porque el barrio carecía de luz y tenía muchas necesidades.
Hoy, la Unión Patriótica está adscrita a la coalición del Pacto Histórico. Aunque en el país tiene incidencia en cargos de elección popular, en Norte de Santander han sido pocos los avances que el movimiento ha tenido desde el exterminio.
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Una mirada a la historia
En 1984 la Unión Patriótica surgió como movimiento político resultado de lo que era un primer acuerdo entre el extinto grupo armado las Farc Ep y el Gobierno Nacional de ese entonces, donde los negociadores buscaban garantías para participar en la política colombiana. La posibilidad de obtener un triunfo electoral y ocupar curules en el Congreso de la República, fue la primera aspiración de la UP y a su vez, lo que incentivó a sus enemigos desatar la violenta persecución.
Este fue un motivo para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declarara al Estado Colombiano como responsable de la violencia sistemática y generalizada que llevó al exterminio de ese partido político.
Según un informe de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 5.733 militantes de la Unión Patriótica fueron asesinados o desaparecidas entre 1984 y 2016. Entre quienes perdieron la vida se encuentran dos candidatos presidenciales: los abogados Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa.
También los entonces miembros del Congreso de la República, Leonardo Posada, Pedro Jiménez, Octavio Vargas, Pedro Luis Valencia y Manuel Cepeda, fueron asesinados. Además, la CIDH registró entre las víctimas del genocidio a 200 alcaldes, 418 concejales, 43 diputados, 26 congresistas y 2 gobernadores.
Las víctimas fueron sometidas a exterminio físico y sistemático por parte de grupos paramilitares, miembros de la Fuerza Pública (Ejército Nacional, la Policía Nacional, los desaparecidos F2 y Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) entre otros organismos del Estado) y narcotraficantes.
Numerosos sobrevivientes se vieron obligados a salir del país para salvar la vida. Los hechos violentos se presentaron mediante actos como: desaparición forzada, asesinatos, masacres, ejecuciones extrajudiciales, amenazas, torturas y desplazamientos forzados.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos mencionó en su informe que “la persecución no se limitó a los líderes del partido, sino que se extendió contra la base social del mismo, con el fin de crear una sensación generalizada de miedo y terror que pudo reducir progresivamente el respaldo electoral a la UP”.
Aquellos sucesos hicieron que la sola idea de tener ideología de izquierda se relacionara automáticamente con los aterradores eventos que sufrieron sus militantes tanto en Colombia como en Norte de Santander.
En ese contexto es que el 11 de octubre, en el Día nacional de las víctimas de la Unión Patriótica, se tenía previsto el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado colombiano en cumplimiento de la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero fue aplazado por la ausencia del presidente Gustavo Petro.
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