Abogado,  con especializaciones y maestría, Gustavo Adolfo Rodríguez Barrera es un profesional en ejercicio. Actualmente se desempeña como presidente del Colegio de Abogados de Norte de Santander y le dedica buena parte de su tiempo a atender los asuntos propios de esa organización. También está pendiente de la marcha de la justicia. La pandemia de la COVID-19, que tiene en vilo al mundo, ha redoblado sus responsabilidades directivas. Y de los efectos de esa situación habla en esta entrevista con La Opinión.

¿Se han visto afectados los abogados en Norte de Santander por esta calamidad sanitaria?

Es muy compleja la situación del gremio de abogados litigantes del mundo entero, pues nuestros recursos devienen del resultado de la gestión profesional, para suplir necesidades básicas como salud, alimentación, educación, servicios públicos, manutención de los hijos y ahora la adquisición de tecnología. Realmente,  nos enfrentamos a un caso atípico. Afortunadamente este fenómeno ha puesto en evidencia a la justicia y nos permitió detallar las condiciones en las cuales nos encontrábamos laborando.

¿En el conjunto de esa situación, ¿qué es lo más preocupante para su gremio?

Si se hace referencia al gremio de abogados debo incluir en ellos, además de los litigantes, a los funcionarios de la Rama Judicial que son: jueces, magistrados, servidores de la Defensoría Pública, de la Fiscalía General de la Nación y otros múltiples actores que ejercen esta distinguida profesión.

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Lo más preocupante, además de lo que ya he expresado, es la declaratoria de emergencia sanitaria, puesto que nosotros veníamos de una vacancia judicial del 20 de diciembre al 11 de enero y ya en marzo, cuando se suspendieron los términos, superamos un semestre de inactividad. Por ende, no hemos recibido ningún beneficio derivado de la profesión, exacerbando así nuestro comportamiento humano.  Esto nos ha llevado a una posición de beligerancia, en donde me han criticado por el hecho de no asumir las múltiples propuestas ofrecidas, como la creación de un fondo de solidaridad que hiciera posible atender nuestros objetivos, planteados a la luz de las necesidades del gremio, como la puesta de unas pancartas frente al Palacio de Justicia para exigir la apertura inmediata del edificio,  a sabiendas de que este escenario nunca volverá a ser el mismo.

¿Han recibido alguna solución o ayuda por parte del Gobierno?

El Gobierno Nacional ha ofrecido unas líneas de crédito y beneficios donde nos incluyen en el sector productivo, pero se conocen casos de compañeros que me han expresado que han hecho solicitudes a los bancos y no les dan respuestas. Reina el escepticismo y la desinformación. Si el Gobierno habla un día de la terminación de la suspensión de los términos y hoy anuncian 8 días más, muchos de nosotros no sabemos interpretar qué es lo que está pasando y otros lo hacemos pensando que  está bien y esto podría no ajustarse al interés particular de cada uno. Realmente, lo más importante es que reabramos el Palacio de Justicia y la administración judicial para que todos soslayemos los efectos de la COVID-19.

¿Cómo ha visto el funcionamiento de la administración de justicia en Norte de Santander?

Lo he observado también desde una óptica plural, en donde me reúno con protagonistas del sistema y líderes de Asonal Judicial, la Fiscalía, la Defensoría y la Procuraduría, en donde presentamos nuestras inquietudes para esperar información de doble vía. Entonces, eso es lo que estamos buscando, no la confrontación. Nos importa más bien entender la razón del ser, el por qué existe la lentitud de la justicia, por qué no es pronta ni eficaz la administración. Me comenta un amigo que trabaja allá, que más o menos en el Palacio de Justicia y sus instalaciones aledañas o satélites trabajan entre 400 y 600 personas, más los usuarios que accedemos a realizar actividades, que son alrededor de 1.500 a 2.000 personas diarias. Entonces, nos imaginamos una cola de 2.500  personas a dos metros de distancia, con lo cual estaríamos hablando de 3 kilómetros solo para el ingreso, ya que hay que cumplir los protocolos. Es un problema que nos afecta y está relacionado con el trabajo que genera ingresos a quienes se mueven en este sector de la justicia. Para nosotros es muy importante ponernos a disposición de la Rama Judicial para que todos hagamos el cambio que se requiere.

¿Considera que la justicia tiene que asumir un proceso de reforma efectiva?

Como se sabe, las reformas en Colombia son políticas. Lo único que puedo decir es que el Código General del Proceso estaba preparado para ser el nuevo código del Siglo XXI, diseñado por sabios especialistas que ya habían anticipado todo esto que estamos presenciando: las audiencias virtuales, las notificaciones digitales, las firmas electrónicas, la presentación de las pruebas a través de bases de datos. Por consiguiente, con esto, los juzgados ya no van a tener cerros de papeles y  procesos de miles y miles de folios. Tendremos un proceso digital adecuado. Habrá cambios a pesar de que queden abogados aterrados ante los nuevos hechos que experimentamos. Tuve la fortuna de tener una hija que estaba terminando su carrera en derecho y es aficionada a los temas de innovación y tecnología legales y eso me hizo cambiar el chip.

Caso Andrés Felipe Arias

¿La decisión de la Corte Constitucional sobre el caso judicial del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Áreas, ha desatado una amplia controversia en el país. ¿Cómo ve este debate?

Vería la doble instancia como un derecho fundamental que garantiza que la sentencia de primera instancia sea estudiada y confirmada o revocada por un superior, como nos lo enseñaron en la universidad. La doble instancia es un principio constitucional a nivel mundial, que está prescrita en organismos internacionales de derechos humanos, derechos civiles y políticos. La decisión de la Corte Constitucional genera cierta controversia, porque al momento de hacer referencia a la figura jurídica de única instancia, entendemos que es un principio de aplicación general, en donde todo lo legal tiene una excepción particular. En este caso, es el ejercicio de la doble instancia para los aforados promulgada en el Acto Legislativo 01 de 2018, que permite que los congresistas condenados por la Corte Suprema de Justicia impugnen el fallo y tengan una segunda instancia. Pero esto no es un beneficio o un privilegio para las personas. Está planteado en razón de la jerarquía, la importancia y la dignidad de quien se juzga.

Pero, ¿es acertada o desacertada la decisión?

Sabiendo que los aforados no son juzgados por los tribunales ordinarios que corresponden, sino por otro, y que habían renunciado a la posición de la doble instancia, la Corte estaría Interpretando ahora de manera descontextualizada la aplicación de la justicia en el tiempo. Pese a esto, se le agrega como un precedente, que tendríamos muchas más tutelas buscando un beneficio, un derecho constitucional al que ya se había renunciado. En mi caso, no me molesta que le den al exministro Arias la coyuntura de emplear la complexión de la doble instancia, pues si yo experimentara las mismas circunstancias, también exigiría mi derecho. Aun así, es necesario que la gente observe que efectivamente aquí fabrican algunas cosas precisamente para el beneficio particular de los mismos (algunos individuos), pero cuando se encuentran afectados por su misma creación mencionan que les están vulnerando o violando los derechos.