En menos de un mes, los departamentos y municipios del país podrían recibir un regalo que esperan desde hace décadas: contar con más recursos del Sistema General de Participaciones y, en esa medida, gozar de una mayor autonomía fiscal. La propuesta hace parte de la reforma que se tramita en el Congreso de la República y que esta semana alcanzó ya el séptimo debate, de los ocho que tiene que cumplir.

La última discusión tendrá que darse en la plenaria de la Cámara antes del 10 de diciembre y a esa instancia el proyecto llega con grandes probabilidades de que sea una realidad, pues previamente fue aprobada por unanimidad en la Comisión Primera.

La iniciativa, que es hoy por hoy una de las banderas del Gobierno Nacional, es de autoría del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien la radicó a comienzos de este año, por intermedio de los congresistas de su partido En Marcha, y ha recogido el apoyo de todas las bancadas del Congreso, incluyendo hasta los partidos de oposición.

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De acuerdo con el funcionario, el proyecto que busca reformar el sistema de transferencias a las regiones no es una simple transacción de recursos como algunos han cuestionado, sino la manera de saldar una deuda que tiene el Estado colombiano desde hace por lo menos 20 años con los territorios, toda vez que, en su criterio, únicamente se les descargan responsabilidades, pero no recursos para asumirlas.

“Ahora lo que queremos es un Estado que sea bueno para las dos cosas, para transferir competencias y para transferir recursos”, dijo.

Según Cristo, el proyecto busca llevar en 12 años a 39,5% los recursos que llegan del Sistema General de Participaciones a municipios y departamentos.

Lo positivo y lo negativo

No obstante lo ambicioso de la propuesta y que para muchos es la forma de comenzar a transitar hacia el proceso de descentralización que se reclama en el país, hay quienes aseguran que la reforma es un riesgo.

Uno de los que alertó en los últimos días el lado negativo de la propuesta fue el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, quien aseguró que un cambio al Sistema General de Participaciones no puede comprometer la sostenibilidad fiscal del país.

“El principal cuestionamiento al aumento de las participaciones transferidas a las regiones surge porque comprometería la estabilidad macroeconómica del país. Existe el válido temor de que aumentar las transferencias implicaría un mayor déficit que seguramente se cubriría, como siempre pasa, con más deuda o con más impuestos. Sin embargo, los defensores de la medida argumentan que el Gobierno Nacional debe abandonar competencias de los gobiernos locales”, planteó.

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Para el contralor, el reto es lograr el fortalecimiento de las finanzas territoriales garantizando el equilibrio fiscal de la nación, pues si eso no ocurre, la Corte Constitucional podría declarar inexequible el proyecto.

Pero el titular del ente de control fiscal fue más allá y manifestó que si bien es legítimo el reclamo de las regiones respecto a la desproporción entre sus responsabilidades y los recursos transferidos, también es cierto que el ajuste en el sistema de transferencias debe venir acompañado de una ley que asegure previamente los recursos para el nivel central y reasigne las competencias para el uso de los recursos transferidos.

El propio presidente Gustavo Petro se refirió también en las últimas horas al proyecto que está por salir adelante, para su posterior revisión en la Corte, y admitió que aunque este va a generar una revolución en los recursos de las regiones, es cierto que podría llevar implícito algunos aspectos negativos.

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“Esta vez el manejo es exclusivo del territorio, de sus autoridades locales, elegidas por la población del territorio, con un capítulo especial que son las zonas PDET”, dijo, pero planteó que le preocupa que los grupos armados vayan por ese dinero, por lo que es importante seguir buscando la paz.

Sobre los aspectos positivos, el representante Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde, explicó que, tras la aprobación de la reforma, los recursos del SGP también irán para financiar tres años de educación preescolar y podrá contribuir al acceso y permanencia de educación superior.

Por su parte, el autor de la norma consideró que los colombianos necesitan un Estado mucho más presente y fuerte en los territorios “que es donde los ciudadanos lo necesitan y no tanto en los grandes centros urbanos del país. En donde hay sector privado más poderoso, hay alcaldías más poderosas, hay gobernaciones poderosas que pueden atender los problemas de la ciudadanía”.

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