“Margarita Cabello usó la Procuraduría para perseguirme políticamente e inhabilitarme, desconociendo los pronunciamientos del sistema interamericano de derechos humanos en el que ha dictado fallos como el que amparó los derechos políticos del presidente Gustavo Petro”, afirmó Carlos Caicedo Omar, exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena.

El fundador del Partido Fuerza Ciudadana, sostuvo que. “Margarita Cabello, como agente del grupo político Char y la derecha colombiana, montó un proceso disciplinario express antes de su salida con un solo objetivo: inhabilitarme para impedir que participe en las próximas elecciones”.

Manifestó que el montaje se basa en un simple trino publicado en la red social X, “en el que yo abogaba por las garantías democráticas para la izquierda, cuando ejercía como gobernador. Esto es atentando contra mi derecho a la libre expresión y violando el debido proceso”.

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Argumentó los hechos que demuestran la persecución en su contra en cuatro puntos:

El 1. “Censura y persecución política: Fabricó un proceso abreviado para buscar mi destitución por la publicación de un simple trino que es en lo único que basa su acusación”.

El 2.” Violación del procedimiento disciplinario: Ignoró la Ley al no remitir la recusación que le interpuse, a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, como era su obligación”.

El 3. “Uso indebido del poder: A través de sus delegados, manipuló el proceso para asegurarse de que su decisión se impusiera”.

Y el 4. “Usurpación de competencias: Actuó sin autoridad para resolver una recusación en su contra, afectando directamente el proceso en mi contra”.

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Anotar que Carlos Caicedo recusó a los implicados de la acusación irregular “y como era de esperarse, la ex procuradora rechazó ese recurso antes de dejar el cargo y, por supuesto, hacer el favor a los clanes que la pusieron ahí”.

Terminó diciendo que la situación continúa con una audiencia de juicio verbal y la controversia sobre la validez y legalidad del procedimiento disciplinario en curso. “La resolución de este caso podría sentar un precedente importante en la materia y generar cambios en la forma en que se ejerce las funciones de un ente disciplinario en Colombia”.

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