Transparencia por Colombia volvió a reiterar el llamado al Estado Colombiano para que se avance decididamente en la adopción de medidas efectivas de protección a reportantes y denunciantes de actos de corrupción, lo anterior se dio después de que la Comisión Primera del Senado eliminara un capítulo que buscaba este blindaje, consignado en el Proyecto de Ley 341.
“La denuncia es una pieza fundamental de las estrategias exitosas de lucha contra la corrupción. Sin embargo, depende de la existencia de condiciones favorables para realizarla, y en particular de medidas efectivas de protección contra las represalias que sufren quienes se atreven a reportar y denunciar irregularidades ante las autoridades”, manifestó Claire Launay, directora programática de Iniciativas con Sociedad Civil de Transparencia por Colombia.
Según la misma funcionaria, “con la supresión de este capítulo, se eliminan del proyecto de ley las garantías a los reportantes y denunciantes y por lo tanto, nuevamente se desincentiva la denuncia”.
Aunque desde Transparencia por Colombia resaltan la importancia del contenido del proyecto de Ley 341 de 2021, el primer capítulo, que fue eliminado “se valoraba particularmente porque proponía medidas de protección a la seguridad personal y laboral de reportantes y denunciantes de corrupción”.
La Corporación enfatizó que hace un año la Cámara de Representantes rechazó el proyecto de Ley 008 de 2019 llamado Pedro Pascasio Martínez, que fortalecía los mecanismos de denuncia y de protección.
“Ese proyecto fue retirado en 2020 con la excusa de dar paso al 341, que ahora es cercenado en uno de sus puntos más importantes. La historia se repite”, certificaron.
Para Transparencia por Colombia, “es indispensable considerar los reportantes y denunciantes de corrupción como un grupo en condición de vulnerabilidad, y por ende, es necesario adelantar una protección jurídica específica e integral, tal como lo hemos expresado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el actual contexto del país, es aún más necesario que el Estado se comprometa con este tema de manera prioritaria”.
Desde hace años, según la Corporación, Colombia se ha comprometido a fortalecer mecanismos de denuncia y medidas de protección a denunciantes al adoptar distintas convenciones internacionales de lucha contra la corrupción. Incluso la OCDE ha urgido al país adoptar una ley “que proteja de forma clara y amplia a los denunciantes contra las represalias en los sectores públicos y privados”, sobre lo cual Transparencia por Colombia ha realizado recomendaciones.
“Es importante recordar que luego de la Consulta Anticorrupción se radicaron múltiples proyectos de ley que hacían mención al tema, pero ninguno tuvo trámite legislativo. A la fecha, Colombia no cuenta con legislación específica en la materia”, sostienen.
Así mismo, desde Transparencia por Colombia hicieron un llamado al Congreso de la República a fortalecer su compromiso con la protección a los denunciantes de corrupción, y retomar con urgencia una propuesta de legislación en esta materia.
“Fallar a este compromiso posiblemente implicará que en la práctica se hayan perdido otros cuatro años de gobierno y de periodo legislativo sin avances en una de las piezas clave de la lucha contra la corrupción”, puntualizaron a través de un comunicado de prensa.
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