Junio ha sido un mes ‘negro’ en materia de seguridad para Cúcuta y el área metropolitana, especialmente en los homicidios. Hasta ayer, al cierre de esta edición, solo en la capital de Norte de Santander iban 35 homicidios en este mes, 20 crímenes más que en el mismo periodo de 2022.

El asesinato más reciente que estremeció a la ciudad fue el de Alejandra Camila Paredes Pérez, de 26 años, ocurrido en el sector Playa Hermosa, justo al frente de la iglesia Cristo Evangelizador.

La mujer se encontraba haciendo unas compras en un supermercado y al salir, fue interceptada por un sicario, que le propinó siete disparos en la cara y el pecho, sin importar que llevaba en un triciclo a su hijo de apenas un año. El menor quedó tendido boca abajo en el suelo tras el ataque. Las autoridades creen que el homicidio se dio en medio de un problema por un dinero.

Con el crimen de Alejandra Camila, en Cúcuta ya van 17 mujeres asesinadas en el primer semestre de este año, siete más que en el mismo periodo de 2022, cuando se registraron 10 crímenes contra mujeres.

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Estos hechos, especialmente, han prendido una vez más las alarmas entre las defensoras de los derechos de las mujeres, que piden mayor protección y más efectividad en las investigaciones por feminicidios.

Policía, Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y Fiscalía tienen claro que es lo que se vive en la ciudad y los móviles que han llevado a que los homicidios se estén incrementando en lo corrido de 2023, por eso han trazado algunas estrategias para frenar esa espiral de muertes, pero varios factores han influído en que el esfuerzo no genere resultados.

Hoy La Opinión presenta un análisis de cinco claves que permiten entender porqué la ciudad sigue teniendo deficiencias en la manera de enfrentar la delincuencia y frenar el aumento de delitos como el homicidio.

¿El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana no funcionó?

Desde que se inició el gobierno del alcalde Jairo Yáñez se trazaron unos objetivos y estrategias para la seguridad y convivencia ciudadana, concentradas en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), pero hoy, a punto de acabarse este cuatrienio, ese plan integral no se cumplió.

Una fuente extraoficial señaló que el PISCC no se planteó para la realidad criminal de Cúcuta y por eso muchos objetivos no se han podido cumplir. “No se pensó en el crecimiento desordenado de la ciudad con los anillos de miseria, la llegada de migrantes y el desplazamiento forzado desde el Catatumbo”.

A esto se suma que por la Secretaría de Seguridad Ciudadana han pasado cuatro funcionarios, algunos de ellos con muy poca iniciativa para articular estrategias de prevención y control y evidenciando una desconexión con las mismas autoridades.

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Hace unos meses, la Alcaldía, articulada con la Policía y el Ejército, lanzó un plan de seguridad que llamó ‘San José’, pero solo se ha dedicado a la prevención visitando las comunas de Cúcuta, sin mostrar resultados reales contra la criminalidad y la delincuencia.

Una fuente experta en seguridad indicó que el PISCC debe estar planteado a un plazo largo, donde los mandatarios de turno vayan complementando las acciones, además de mejorar y construir programas de inversión, pensando en las fuentes de recursos para la seguridad.

La administración municipal también debe plantear programas para la atención y rehabilitación de los habitantes de calle, que, según un censo hecho por las autoridades, alcanzaría las 3.600 personas recorriendo las calles de la ciudad.

“Estas personas en condición de calle son víctimas de las redes de microtráfico para aumentar sus ganancias, llevando al incremento del hurto”, comentó la fuente.

Y precisamente, en el PISCC se planteó que se debía disminuir la tasa de homicidios, quedando en 26,2 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Lesiones personales, 198 casos por cada 100 mil habitantes. Y 470 casos de hurto a personas por cada 100 mil habitantes, en Cúcuta en el cuatrienio 2020-2023.

Incapacidad técnica de la Policía y poca tecnología para enfrentar el delito

En la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) hay muchas falencias que han llevado a que la inseguridad se incremente y una de ellas es la falta de un verdadero pie de fuerza acorde a la población que tiene la ciudad.

Actualmente esta institución cuenta con 3.197 uniformados y muchos de ellos son destinados para protección de las personas afectadas por violencia de género o de políticos.

También hay 111 policías destinados para la custodia de los detenidos en los CAI y estaciones, así como dedicados a otras funciones que nada tienen que ver con brindar seguridad a la comunidad.

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A esto también se suma que la Mecuc tiene un déficit de 40 patrullas para la atención en las diferentes comunas. La semana entrante, la Gobernación le entregaría a la Policía un camión y una camioneta particular, que fueron solicitados el año pasado y lo peor de todo es que el vehículo de carga solo serviría para el transporte de los caballos de la unidad de carabineros.

Además, se logró establecer que la Alcaldía también estaría pensando en entregarle 20 bicicletas a la Policía para que haya mayor vigilancia en El Malecón.

Extraoficialmente se conoció que, desde febrero hasta la fecha, la Policía Metropolitana le ha presentado a la Alcaldía seis proyectos para mejorar la seguridad: en cuanto a movilidad, comunicación, vigilancia y mantenimiento de vehículos, y hasta el momento no han podido ejecutar ninguna por la falta de acción de la administración municipal.

No habrá más cámaras para la ciudad

El proyecto de adquisición e instalación de 150 nuevas cámaras de seguridad para la ciudad, que a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se presentó ante el Ministerio del Interior no será una realidad en esta administración.

A su salida del consejo de seguridad convocado ayer en el comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), el alcalde Jairo Yañez señaló que por las coyunturas de las elecciones y por los requisitos de la contratación tuvieron que detener el proceso.

“Hay que dejarlas para unos meses más adelante para, con los recursos disponibles, seguir aportando una mayor inversión. No estoy diciendo que no van, solo que se hizo un aplazamiento por la Ley de Garantías”, declaró el mandatario.

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El 28 de febrero pasado, Alejandro Martínez, exsecretario de Seguridad de Cúcuta, dijo en declaraciones a La Opinión que ese proyecto de instalación de cámaras que era cofinanciado con el Ministerio del Interior se había viabilizado y que los recursos ya estaban disponibles.

Sin embargo, en el Proyecto de Acuerdo 006 presentado por la Alcaldía ante el Concejo de Cúcuta para la incorporación de recursos al balance, solo se había destinado un monto de $2.700 millones para la seguridad del municipio y era, precisamente, para la adquisición de esos 150 equipos tecnológicos.

Ángel María Álvarez, actual secretario de Seguridad Ciudadana de Cúcuta, dijo en ese momento que el proyecto se había radicado ante el Gobierno nacional y solo esperaban “asegurar los recursos por parte de la Alcaldía”, una vez tuvieran el visto bueno de la Corporación.

Ayer, Alejandra Montañez, subsecretaria de Seguridad Ciudadana, indicó que en este momento los esfuerzos se han centrado en el fortalecimiento de algunos programas, en la recuperación del parque automotor de la Policía, la inversión en alarmas comunitarias y el mantenimiento de las 316 cámaras que ya tiene el municipio, porque “por un tema de tiempos es probable que la compra de más cámaras no sea posible”.

La Opinión logró establecer que de las 316 cámaras de seguridad que fueron instaladas en Cúcuta, 172, es decir, el 54% no están funcionando. Y de las 144 que estarían en servicio, hay 18 a las que se les debe hacer mantenimiento rápido, porque están a punto de dejar de funcionar.

Sin planes metropolitanos

En medio del alza en los indicadores de violencia que se viven en la ciudad, ha sido notorio que no hay un trabajo conjunto entre los entes territoriales para atender el problema de la delincuencia.

Durante su intervención, ayer, para ofrecer los resultados del consejo de seguridad, el alcalde Jairo Yáñez lamentó que los alcaldes metropolitanos no hayan respondido a las invitaciones que les han hecho para participar en estas mesas de trabajo. “Estaremos insistiendo, porque ellos son clave en el ejercicio de comunicación”, declaró.

Aunque hasta la fecha, tampoco la Gobernación de Norte de Santander ha intervenido en ninguna de las mesas de trabajo para tratar el tema de seguridad en Cúcuta y su área metropolitana, el alcalde manifestó que en los próximos consejos le extenderán la invitación para que haga parte del esfuerzo mancomunado con el que pretenden ponerle freno a la violencia desbordada que ha sembrado el miedo en la ciudad.

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Al ser consultada acerca de las acciones emprendidas por la Gobernación en esta materia, Taíz Ortega, secretaria de Gobierno departamental, manifestó que para esta semana tenían planificado hacer un consejo de seguridad metropolitano que tuvieron que aplazar, porque no tuvieron una respuesta oportuna por parte de la Alcaldía de Cúcuta.

Ortega dijo que este fin de semana participaron en el encuentro Política Pública de Defensa, Seguridad y Convivencia Ciudadana “Garantías para la vida y la paz 2022 - 2026”, en Bogotá, donde expusieron la situación alarmante de inseguridad que se vive en la región ante los comandantes de la Policía Nacional y del Ejército, a los que les solicitaron aumentar las capacidades de la Fuerza Pública en Norte de Santander.

“De este encuentro se sacaron unas conclusiones que queríamos compartirles al municipio. De manera personal invité al secretario de Seguridad Ciudadana de Cúcuta para compartir esa experiencia, pero ayer me comunicaron que no podría y si Cúcuta que es el municipio más afectado no está presente, no tiene sentido convocar al resto de los alcaldes. Esperamos poder hacerlo la otra semana”, señaló Ortega.

Cuatro zonas en guerra que aumentan los homicidios

En un análisis de la inseguridad que la Policía Metropolitana de Cúcuta le entregó ayer al alcalde Jairo Yáñez, durante el consejo extraordinario de seguridad, se aseguró que en la ciudad hay cuatro zonas que están en guerra por el microtráfico.

Una de ellas es la Comuna 4, donde alias Negro Fabián le declaró la guerra a otro delincuente que se conoce como ‘Cacua’. “Aunque esto no ha comenzado a dejar víctimas mortales, sabemos que pronto pasará, por eso se está interviniendo esta zona de la ciudad”, señaló una fuente judicial.

Otra es la Comuna 8, donde a pesar de que Evert Carreño Corredor, alias Porras, quien se encuentra en prisión pagando una condena, mantiene un control mayoritario de todas las ‘ollas’, por lo que viene dejando más de 30 homicidios al año, por ajuste de cuentas.

Las autoridades han logrado establecer que un delincuente conocido como ‘Tyson’ también le habría declarado la guerra a Carreño Corredor, por lo que los hechos de violencia se podrían incrementar.

En la Comuna 9 también se estaría dando una guerra entre una banda conocida como ‘Los Lobos’ contra otra organización criminal que es dirigida por Diego Cárdenas y alias Nueve Milímetros, que ya empezó a dejar asesinatos.

Y en la Comuna 10 se da otro enfrentamiento que ya ha dejado varios homicidios, entre la banda de Carlos Alexander Díaz Rojas, alias Carlos Pecueca contra la que dirige Franklin Yesid Sánchez, ‘Piojo’, quien ya está preso.

Al incremento de los asesinatos se suma otro factor clave que tiene que ver y es el esclarecimiento de los hechos y la judicialización de los responsables. Este año, la Sijín y la Fiscalía han logrado el esclarecimiento del 26% de los hechos violentos que se han presentado en Cúcuta, lo que indicaría que en solo 45 casos ya han capturado a los asesinos.

El coronel Carlos García, comandante (e) de la Mecuc, aseguró que los principales móviles de los homicidios en Cúcuta son microtráfico, ajustes de cuentas y, en una menor proporción, la intolerancia.

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