El panfleto que desconocidos introdujeron a su casa por debajo de la puerta que da a la calle, dejó estupefacto a Carlos*.

El anónimo le sentenciaba escuetamente que tenía 24 horas para irse del barrio, de lo contrario sería objetivo militar. Carlos es presidente hace ocho años de una junta de acción comunal en la ciudadela de Juan Atalaya.

Al día siguiente a este líder comunitario le tocó buscar posada en un barrio de la ciudadela La Libertad, en el extremo opuesto de su antiguo domicilio, a donde llegó acompañado de su esposa y tres hijos, todos menores de edad.

Este fenómeno del desplazamiento intraurbano está en pleno auge en Cúcuta y casi todos los afectados son líderes comunales, líderes sociales y, en un porcentaje menor, comerciantes.

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La vocera de la Confederación Comunal de Norte de Santander, Martha Maldonado, reveló a La Opinión que el movimiento comunal está muy preocupado porque en las últimas semanas han estado llegando amenazas en sobres anónimos a las casas de los dirigentes, en los que les están dando horas para salir de sus casas con sus núcleos familiares.

El problema, dijo la dirigente comunal, es que muchos no cuentan con recursos y les ha tocado ir a vivir en improvisados ranchos en otras comunas, y otro tanto ha tenido que pagar arriendo.

Maldonado dijo que la situación se está complicando cada vez más y ello afecta la organización comunal y el papel que desempeña en la ciudad.

Expresó que la denuncia ya se formuló en el Ministerio del Interior y en la misma Confederación Nacional Comunal en Bogotá.

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“Lo que preocupa es cómo está quedando el núcleo familiar, porque el daño psicológico a los líderes es grande” dijo la vocera de la organización comunal.

Añadió que esta situación se sale de las manos y por ello solicitaron  a las autoridades hacer las respectivas investigaciones para que se detenga este delito. En la última semana fueron tres los líderes comunales amenazados lo que asciende a 45 en el presente año.

Naciones Unidas en su informe más reciente expresó su preocupación por lo que sucede en la capital nortesantandereana, toda vez que además de lo que pasa en Cúcuta también se está presentando en municipios del departamento como Villa del Rosario, El Zulia, San Cayetano, Toledo, Los Patios, Puerto Santander y el Catatumbo.

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Esta situación convierte a Cúcuta en municipio receptor de líderes amenazados, lo que agudiza la situación dado que no se cuenta con recursos para brindarles atención en la ciudad, dijo Maldonado.

El problema -dijo- es que la organización comunal ni los líderes saben de dónde provienen las amenazas.

El director de la Fundación Progresar, Wilfredo Cañizares, le dijo a La Opinión que la situación en Cúcuta y el área metropolitana tienen que ver con la presencia de bandas criminales y guerrillas que operan en el territorio y que se han ido fortaleciendo, algunas de ellas dedicadas con la distribución al detal de sustancias ilícitas o también llamado microtráfico.

Estas tienen que ver con Eln, disidencias de las Farc, Autodefensas Gaitanistas, ‘Banda de Porras’ y  Epl, entre otras.
 

“Hay muchos líderes comunales que no comparten estas economías criminales que se producen en parques, espacios públicos y por ello estos actores ilegales los amenazan y sacan de sus viviendas y barrios” dijo Cañizares.

Hay otra modalidad y es la amenaza directa a líderes sociales. Dijo que solo en Cúcuta su fundación brinda acompañamiento y apoyo a 73 de estos líderes. De estos, 43 han tenido que salir de sus barrios, abandonar sus casas e ir a otros barrios y otros ha tenido que salir de la ciudad a otras regiones del país, dijo.

La extorsión es la otra modalidad  delictiva que está afectando a comerciantes de barrios y esto no tiene que ver solo al tema de la cárcel. Llegan hombres armados a extorsionar en motocicletas a los negocios. 

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Solo en la Ciudadela de Juan Atalaya  “Alias Porras, que está detenido, que tiene una de las bandas más grandes en Cúcuta tiene una base de datos de todos los comerciantes de Atalaya y uno a uno les están llegando a sus negocios a extorsionarlos, algunos propietarios se han tenido que ir a otros barrios, otros pagan  y han vendido para irse de la ciudad”, dijo Cañizares.

Añadió que las amenazas a líderes comunales y líderes sociales tiene una afectación muy potente al movimiento social, porque el trabajo que llevan en una comunidad se ve truncado y nadie más se le mide a reemplazarlo y, lo peor, “la respuesta que da las autoridades es muy precaria, nada contundente”. 

Alejandro* otro líder comunal amenazado, le contó a La Opinión que se vio obligado a salir temporalmente de Atalaya por amenazas contra su vida y está a la espera de los resultados de la investigación de la Fiscalía, “porque hay muchos casos denunciados, pero también mucha impunidad”.

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El comandante encargado de la Policía Metropolitana, coronel Carlos García, indicó que con el movimiento comunal están adelantado tareas enfocadas en garantizar su seguridad, pero al  mismo tiempo en erradicar la delincuencia de sus sectores.

Dijo que los líderes comunales son los más afectados por que ellos directamente son los que vienen denunciando la presencia del delito en sus comunidades. Esto pasa en las Comunas 8 y 6.

El coronel García dijo que además se cuenta con 15 hombres que conforman el grupo ‘cuadrantes por la vida’ y cuya misión es brindar protección y acompañamiento a líderes que lo requieran.

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“Hasta ahora no hemos tenido denuncias de fatalidades entre los más de 500 líderes comunales que hacen presencia en el área metropolitana”, dijo el oficial.

Además del apoyo que nosotros les brindamos, también la Unidad Nacional de Protección cumple por su lado su misión.

El coronel García manifestó que en la ciudad y el área metropolitana se cuenta con los frentes de seguridad y en los mismos se van a renovar las alarmas en al menos 100 de ellos.

La Opinión conoció que la Fiscalía dará a conocer resultados sobre las investigaciones que adelanta por las amenazas que han recibido líderes comunales y sociales en Cúcuta y el área metropolitana. Al menos 25 denuncias se han formulado en este órgano de justicia en el presente año.

(*) nombres cambiados a petición de los entrevistados.

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