El pasado 29 de noviembre se conoció un aberrante caso, que por una infección en las partes íntimas de una niña de 13 años, detectada en un centro médico, se alertó a las autoridades de los abusos sexuales que presuntamente cometía Julio César Torres Rosales, de 39, con la menor de edad.
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Este atroz hecho, desencadenó una investigación que tardó seis meses, luego el presunto agresor sexual fue capturado y enviado a la cárcel.
Esta es una pequeña muestra del panorama que viven los niños en Cúcuta y el área metropolitana, donde, según el más reciente informe de Border Lab, sobre seguridad, en el que se analiza el periodo entre enero y octubre de este año, el 71 por ciento de las víctimas de los abusos sexuales, en esta región del país, fueron menores de edad.
Según la estadística que reveló este informe, en Cúcuta, entre enero y octubre de este año, el 20,6% de este delito se concentró en menores entre 1 y 9 años, mientras que el 50% se ubicó entre los menores de 10 y 17.
En las diez comunas y en la zona rural de la capital de Norte de Santander se registraron 294 denuncias, en comparación con 316 del mismo periodo de 2020.
Border Lab también cuestionó que, según las cifras oficiales se demuestra un incremento en las denuncias por delitos sexuales en todas las comunas de Cúcuta, excepto la 7, donde se refleja una reducción del 84 por ciento.
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“Mientras todas las comunas de Cúcuta presentan incrementos hasta del 518%, como es el caso de la Comuna 6, en la 7 se registró una disminución de 84%, pasando de 241 a 39 casos denunciados. Esta diferencia relevante en las variaciones de las denuncias de los delitos sexuales en la capital del departamento se puede deber a una posible anomalía en el registro o el levantamiento de los datos”, aseguró Border Lab.
Lina Arbeláez, directora general de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), dijo ayer en su visita a Cúcuta, que en lo corrido de este año se han iniciado 25.000 procesos administrativos para el restablecimiento de los derechos de los niños, de los cuales, el 80 por ciento está relacionado con violencia sexual, algo que calificó la funcionaria como “inaceptable”.
“Siempre hemos dicho que desafortunadamente en Colombia está naturalizada la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar les abre un proceso administrativo y acompaña a los niñas y niños que han sido víctimas de este cruel delito, para reparar ese daño que otros seres les han causado”, dijo Arbeláez.
La funcionaria también resaltó que el 70 por ciento de los hechos denunciados ocurren en el entorno familiar de las víctimas, precisamente, donde ellas más deberían estar protegidas, lo que deja entrever que los agresores de los menores de edad siguen siendo, en su mayoría, miembros de su núcleo familiar.
Entre tanto, Jessika Danitza Flórez Torres, directora regional del ICBF en Norte de Santander, aseguró que cuando se detecta que el victimario está en el hogar, el instituto retira a la víctima de este entorno, para iniciar el proceso de restablecimiento de derechos.
La funcionaria insistió en que, a pesar de que se siguen presentando estos hechos en las familias, los agresores de menores también son externos a ellas, por lo que las acciones de las autoridades y las jornadas de prevención se mantienen enfocadas en visualizar estos hechos y evitarlos.
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“Con los programas de prevención de ICBF seguimos empoderando a las familias, a los niños para que identifiquen sus derechos y deberes y así atendemos desde la prevención y el fortalecimiento de padres, el entorno de protección de los niños”, señaló la funcionaria regional.
Flórez aseguró que los menores de edad gozan de libertad de expresión, ellos pueden manifestar los hechos y de inmediato se les brinda la atención necesaria para complementar las acciones entre el Estado y el núcleo familiar.
Una de las funciones primordiales del ICBF es velar por las condiciones de salud, educación, el derecho a la vida y la integridad de los menores de edad, es decir, garantizarle los derechos fundamentales a esta población.
“Tenemos una ruta creada con varias líneas y los canales de comunicación para recibir las denuncias, una es a través de la línea 141 desde cualquier celular, el chat por la página, WhatsApp, la línea 018000918080, durante las 24 horas del día y los diferentes puntos de atención”, dijo Jessika Flórez.
El ICBF mantiene un seguimiento constante y paralelo con la Fiscalía y la Policía, para activar los lineamientos necesarios tanto en la parte administrativa, con en las investigaciones que amerite cada denuncia.
Entre tanto, el grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, de la Policía Metropolitana de Cúcuta, ha adelantado actividades de prevención, en conjunto con el ICBF y la Alcaldía, en colegios, establecimientos comerciales y en diferentes puntos donde hay frecuencia de la comunidad, para contrarrestar los delitos sexuales contra los menores.
Según la Policía, en lo corrido de este año se han implementado 1.943 actividades de prevención, logrando alcanzar a más de 15.000 personas, que han recibido diferentes charlas explicativas sobre cómo detectar este tipo de violencia y a qué entidades se deben denunciar.
“La Policía de Infancia y Adolescencia hace el acompañamiento inicial en caso de conocer en primera instancia el hecho, apoyando a las víctimas y asesorando en los trámites para la atención médica, atendiendo que lo más importante es velar por la integridad física y psicológica de quienes son objeto de violencia sexual”, explicó una fuente judicial.
Los líos judiciales
La Opinión consultó al abogado penalista José Ernesto Jaimes Chía, quien afirmó que una persona que sea detenida por estar inmersa en delitos sexuales con menores de edad, no tiene ningún beneficio en el proceso judicial y puede afrontar penas privativas de la libertad que oscilan entre 9 y 20 años de prisión.
El profesional de derecho aseguró que un detenido que sea judicializado por el delito de acceso carnal con menor de 14 años, enfrenta una pena entre 12 a 20 años de cárcel.
Mientras que el procesado por abuso sexual con menor de 14 años, incurre en una pena desde los 9 a los 13 años de prisión.
“Los delitos con menores de edad no tienen ninguna clase de beneficio tal y como lo regula la norma procesal penal en cuanto a los argumentos de la Ley 599 del 2000, la 906 del 2004 y el Código Penal y Procedimiento Penal Colombiano, así como la Ley 1098 del 2006 que regula el Código de Infancia y Adolescencia”, dijo Jaimes.
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