Llegar a Tibú no es tan fácil. Antes de recorrer esos 116 kilómetros que conectan a Cúcuta con esa población, por una vía que se ha mantenido por obra y gracia del Espíritu Santo, hay que pedirle protección a Dios, pues en el viaje, que dura hasta tres horas y media, cualquier cosa puede pasar.

Hace cinco años, cuando se dio la firma de la paz con las Farc, que, para ese entonces, era uno de los actores ilegales más fuertes del Catatumbo y que implantó una era de terror, se creyó que con su salida del escenario del conflicto armado, de maneara pacifica, todo iba a cambiar en esta población y la situación mejoraría. Pero no fue así.

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Hoy, en este municipio donde viven alrededor de 37.000 personas, pareciera que el tiempo retrocedió 30 años y que la época violenta que se vivió en aquel entonces se recrudeció de tal forma, que a cualquier hora del día o de la noche se puede registrar un asesinato, un secuestro o un atentado armado o con explosivos.

Quien haga ese desplazamiento hacia esta población, debe prever que alrededor de 80 kilómetros están totalmente deteriorados, donde el manto asfaltico que queda fue invadido por unos enormes cráteres, y lo que predomina es tierra, piedras y lodo, además de tener que pasar por cerca de 17 pequeños puentes deteriorados a los que llaman ‘pontones’, que fueron hechos hace más de medio siglo con tubos de hierro, cuando se dio la bonanza petrolera.

A ese periplo también hay que sumarle que al entrar a esta región, que hoy es la de mayor producción de cocaína en Colombia y la segunda en cultivos de uso ilícito, los que imponen las leyes son el Eln o la disidencia del Frente 33 de las Farc, que surgió en el Catatumbo dos años después de la firma de paz con las Farc. Estas dos organizaciones armadas ilegales delinquen bajo la figura de ser unas guerrillas, pero que, según las autoridades, hace muchos años perdieron esos ideales.

La disidencia, según fuentes judiciales, es un banda conformada por exguerrilleros de las extintas Farc que decidieron retomar las armas, asegurando que siguen con la lucha que han mantenido por más de 60 años porque el Gobierno no les cumplió con lo acordado, “pero la realidad es que se lucran del narcotráfico con carteles mexicanos, contrabando, paso de migrantes, extorsiones y secuestros, entre otros cuantos delitos más”, sostuvo una fuente judicial.

Alias Julián y ‘Gonzalo Satélite’ son dos jefes del Eln que tienen bajo su mando alrededor de 350 hombres, en Tibú y parte de la frontera con Venezuela.

Mientras que Jhon Velazco, más conocido como ‘Jhon Mechas’ o ‘Jhon Barbas’, un exintegrante de las extintas Farc, es quién manda en la disidencia del Frente 33. Su control territorial está en Tibú, Sardinata, El Tarra, Ocaña, La Playa de Belén y Hacarí, entre otras poblaciones del Catatumbo.

Sobre ‘Julián’ y ‘Gonzalo Satélite’ es muy poco lo que se sabe, pues las mismas autoridades aseguran no tener mucha información. Sin embargo, en Tibú hay personas que sí los conocen, pero no se atreven a entregar algún detalle de estas dos personas, por miedo, “pues ellos tienen oídos por todas partes”, señaló un habitante de Tibú.

‘Jhon Mechas’, por su parte, tendría más de 250 hombres bajo su mando. De este hombre se sabe que luego de seis años de ser un guerrillero raso de las extintas Farc, donde se ganó la confianza de Jimmy Guerrero, exjefe del Frente 33, fue nombrado, para ese entonces, como el líder de las milicias, hasta el 2016, cuando firmaron el acuerdo de paz.

“‘Jhon Mechas’ nunca confió en la firma del acuerdo de paz, por eso se apartó de él y decidió irse a Venezuela, con muchos de sus hombres, a esperar qué pasaba. En 2018, fue contactado por Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, y Géner García Molina, alias ‘Jhon 40’, para que se reorganizara y volviera a recuperar el territorio que las Farc dejaron en el Catatumbo y así acaparara el narcotráfico”, señaló una fuente judicial. 

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El imperio del terror

Pero estos dos jefes de las organizaciones ilegales tienen algunos hombres de confianza en Tibú, entre los que están alias ‘Suárez’, ‘Elkin’ y ‘Jeison’, del Eln; mientras que por la disidencia son ‘Diablo’, ‘Richard’ y ‘Arley’, ellos son los encargados de implantar ese imperio del terror en esa parte de Norte de Santander.

Y entre las órdenes que han recibido, está la de demostrar, a toda costa, que en esa población tanto el Eln como la disidencia son los que mandan, que todo se hace bajo sus leyes y quien las incumpla se tiene que ir de Tibú o se muere, como ya ha sucedido en repetidas oportunidades.

Precisamente, en esa imposición de sus normas y leyes, estos grupos armados ilegales hicieron un pacto de no agresión y de mutua ayuda, según han conocido las mismas autoridades, donde conviven tranquilamente en los municipios del Catatumbo y cada vez que van a cometer una acción armada se apoyan, como ya lo han demostrado con más de 40 ataques a la Fuerza Pública y los 72 homicidios que han cometido en esta población, en lo corrido de este año.

Un equipo periodístico de La Opinión, que precisamente se dirigía a Tibú, comprobó ese poder que hoy tiene la disidencia del Frente 33 de las Farc. Varios hombres armados de esta organización ilegal interceptaron un vehículo de esta casa editorial y luego de amenazar a quienes hacían el desplazamiento, los obligaron a ir hacia una zona desolada, pasando al frente de una base militar, pero sin que algún soldado se percatara de lo que sucedía.

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Luego de andar por cerca de 20 kilómetros y de entender el trabajo que se estaba haciendo, el equipo periodístico y el conductor fueron dejados en libertad y pudieron seguir adelante con esta investigación.

Este hecho es una demostración clara de que a pesar de que en corregimientos como Campo Dos, donde se registró la retención ilegal del esquipo periodístico, hay una base militar y una estación de Policía, quienes ejercen el control total del territorio son los grupos ilegales y que muchas empresas y la misma población civil están bajo el yugo de esas organizaciones.

Para Daniel Rico Valencia, politólogo, economista y analista en temas de seguridad y narcotráfico, lo que hoy están haciendo el Eln y la disidencia en varias zonas de Norte de Santander, no solo es dedicarse a extorsionar, secuestrar y controlar negocios como el contrabando y el tráfico de drogas, sino que también están matando y a muchas de las víctimas les han dejado letreros, justificando sus crímenes por ‘vicioso’, ‘ladrón’ o ‘violador’, lo que hace recordar la época en la que las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) cometieron todo tipo de atrocidades.

“Yo veo que estos grupos están manejando dos modelos de guerra: uno es el paramilitar y el otro el guerrillero, que se basa en el control territorial de la población y resolverles sus problemas, para ganarse su confianza, pero no enfrentan el poder del Estado. Por eso es que ponen bombas o atacan alguna estación de Policía y se van”, sostuvo el experto.

Agregó: “Mi lectura de la disidencia es que pasaron del modelo guerrillero al paramilitar. Que es hacer una mal llamada ‘limpieza social’, matando prostitutas, ladrones y drogadictos. Además, de controlar al borracho o ponerle una sanción al hombre que le pega a su esposa, con cuotas económicas. Las Farc en algún momento hicieron eso, pero no se basaban tanto en lo económico, sino en lo social”.

Para Rico, eso que hace la disidencia lleva implícito un mensaje claro, “es una lógica de reivindicación, donde dicen: ‘aquí estamos organizando’, siendo una lógica que intimida, pero a la vez genera empatía, porque la gente comienza a decir ‘es que aquel muerto era ladrón, vicioso o violador’, entonces crean un ambiente de que ellos si están poniendo un orden y ejercen un tipo de autoridad, que al final la comunidad termina normalizando todo, por la misma falta de Estado en esta zona”.

Para el experto, la disidencia está muy nueva en esas estructuras de mando y orden, por eso terminan cometiendo muchos errores, como el asesinato del niño Wayuu y el otro joven que supuestamente sorprendieron robando, donde la misma comunidad y el país entero repudió el crimen.

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“Casos como esos lo que genera es que la misma disidencia se da cuenta de que no pueden volver a cometerlos, porque lo que generan es un rechazo entre la población”, explicó Daniel Rico.

Precisamente, un habitante de Tibú, que pidió reserva de su identidad por seguridad, contó que luego de darse ese dramático hecho de los jóvenes, ‘Jhon Mechas’ le habría ordenado a sus hombres que no volvieran a cometer algo así y que los homicidios tenían que calmarse, pues el rechazo de la gente fue muy grande.

“Lo que se ha podido conocer, es que le dieron la orden a ‘Richard’ de que pararan los asesinatos, porque la gente de acá (Tibú) estaba muy molesta por lo ocurrido con el menor de edad y el otro muchacho. Aunque todos sabemos que no se puede hacer nada por fuera de lo que la disidencia ha ordenado, pues corremos peligro”, indicó el tibuyano.

También se conoció que las organizaciones ilegales habrían obligado a varias personas de ese municipio a asistir a una reunión al otro lado de la frontera, donde les indicaron que debían organizarse para frenar la oleada de atracos que se viene registrando y de tener un mayor control sobre los drogadictos y expendedores, para volver a poner un orden sin necesidad de seguir matando.

Y tal vez fue por eso que durante un mes no se presentaba un asesinato en este municipio, a manos de la disidencia o el Eln. Aunque los secuestros y las extorsiones si aumentaron considerablemente y sin conocerse una sola acción contundente por parte de las autoridades.

Policías y militares, en la mira

En medio de ese control que hoy tienen los grupos armados ilegales, se sabe que ni la Policía ni el Ejército pueden salir a patrullar tranquilamente por el casco urbano de Tibú, pues si lo hacen, deben moverse en una tanqueta blindada, la cual ha sido atacada con explosivos en tres ocasiones.

La estación de Policía y las instalaciones de la Fuerza de Tarea Vulcano también han sido atacadas con explosivos y disparos, además, varios uniformados han sido asesinados y heridos en diferentes hechos que se han presentado en esta población.

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También hay una amenaza latente contra cualquier persona que le venda, hable o tenga cualquier tipo de contacto con algún uniformado y es por eso que este año han matado a 13 mujeres y otro tanto de pobladores ha tenido que abandonar todo.

Y esto ha llevado a que los uniformados se sientan encerrados en una prisión, pues no pueden si quiera asomarse por la estación de Policía porque pueden recibir un disparo y si se arriesgan a salir deben hacerlo con un chaleco y casco blindados, además, deben portar fusil, pistola y granadas, para tener con que defenderse en caso de un ataque.

“Acá no nos venden ni una bolsa de agua. La comida y las bebidas nos las deben traer desde Cúcuta y las tenemos que almacenar, a veces nos quedamos sin nada y toca esperar a que llegue todo lo que nos mandan, estar acá es un castigo”, señaló un uniformado que hoy está en Tibú.

Para bajar esa tensión y tratar de tener algo de control en este municipio, la Policía aumentó el pie de fuerza y trajo comandos especializados como el Grupo de Operaciones Especiales (Goes) y del Escuadrón Móvil de Carabineros (Emcar), pero estos hombres es muy poco lo que pueden hacer, pues el control que tiene el Eln y la disidencia es tal, que los atacan a cualquier hora del día y sin importar el sitio. El Ejército se mantiene en sus acciones por fuera del casco urbano.

Una clara muestra de eso, se puedo ver el pasado lunes, cuando un grupo de presuntos miembros de la disidencia intentó asaltar el banco Agrario de Tibú, obligando a una de las empleadas a abrir la sede para llegar a la bóveda y llevarse el dinero que había, pero la Policía no lo permitió, presentándose un enfrentamiento y a pesar de que uno de los criminales murió, el cadáver fue robado por otro integrantes del grupo armado.  

Una situación muy critica

El defensor del Pueblo regional, Jaime Marthey, manifestó que la situación que hoy se vive en Tibú es muy compleja y que el poder que tiene tanto el Eln como la disidencia de las Farc es tan grande que lo han podido demostrar con los atentados a la Brigada 30 del Ejército, ocurrido el 15 de junio, o el ataque contra el helicóptero donde se desplazaba el presidente Iván Duque, el 25 del mismo mes.

“Si ellos se atrevieron a eso, cualquier cosa puede pasar. La misma población lo ha manifestado, estamos volviendo a las peores épocas de la zona del Catatumbo, donde los grupos ilegales se disputan el territorio y con el ánimo de hacerse más visibles, demostrando que son más fuertes y que tienen el poder de ejercer justicia, cometen ese tipo de acciones”, manifestó el funcionario.

Añadió: “todo esto se ve reflejado en cada una de sus acciones, como todo el mundo lo pudo ver con el hecho de los dos jóvenes, el pasado 8 de octubre, cuando fueron asesinados porque supuestamente se estaban robando una muda de ropa”.

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Marthey enfatizó que la Policía y el Ejército están en Tibú, pero el poder de estas organizaciones es tal, que la inseguridad se agudizó y las autoridades no han podido hacer algo para recobrar la tranquilidad. “Ante esto, de la misma manera se debería aumentar la capacidad operativa de la Fuerza Pública y del Estado, porque también se debe llegar con acciones sociales a esos territorios, porque si el Estado no llega, fácilmente la comunidad es presa de todas esas situaciones”.

Además, el Defensor del Pueblo recordó todas las Alertas Tempranas que fueron emitidas desde 2019 y que advertían sobre lo que hoy está pasando en diferentes puntos de esa región de Norte de Santander, pero que ninguna autoridad le prestó atención y ahora todo lo quieren arreglar con consejos de seguridad.

“Esos consejos de seguridad ya están mandados a recoger, porque las acciones por parte del Estado son las que se tienen que demostrar en los territorios, ya no se debe usar comunicados ni mensajes, acá hay que hacer algo para beneficiar a la comunidad. Lo que hoy pasa en Tibú y el resto de poblaciones, es una ‘crónica de una muerte anunciada’”, indicó Jaime Marthey.

La Defensoría del Pueblo también está muy preocupada por las constantes retenciones y secuestros que se están dando por parte del Eln y la disidencia del Frente 33 de las Farc, donde graban a sus víctimas y luego ponen a circular esos videos por redes sociales, como una demostración de que estos grupos son la verdadera autoridad de esa región.

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