En una decisión trascendental para el fisco local el ministerio de Hacienda y Crédito público avaló el proceso de restructuración de pasivos para saldar deudas en el municipio de Ocaña.
Mediante resolución número 2965 del 3 de octubre de 2024 la dirección nacional de apoyo fiscal aprobó la solicitud y asignó como promotor a Henry Ortiz para iniciar el proceso.
En primera instancia se tendrá en cuenta las acreencias laborales, luego los créditos, sentencias y posteriormente deudas con el Estado como las estampillas cobradas, pero que no se cancelaron.
El consolidado del pasivo a corte del 31 de agosto, mostró que las acreencias alcanzaron los 43 mil 243 millones de pesos, señaló la secretaria de Hacienda de Ocaña Yakaira Galvis.
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La funcionaria indicó que una vez acopiada la información el ministerio aplica la Ley 550 de 1999 para sofocar la profunda crisis presupuestal de los últimos años.
Momento histórico
El alcalde de Ocaña, ingeniero Emiro Cañizares, echó mano de la tabla de salvación para afrontar los embargos de las cuentas y superar el pasivo contingente.
Resaltó la prioridad en los asuntos laborales por despidos injustificados sin el pago oportuno de los emolumentos de quienes llevan años esperando el desembolso de esos recursos.
“En los próximos cuatro meses se constituyen los acuerdos de pago de aquellos que presenten los soportes jurídicos para las reclamaciones”, precisó el mandatario.
Las cifras están consolidadas en el informe presentado ante el ministerio y ayudará a saldar las deudas contraídas desde hace mucho tiempo. “Era la única salida al déficit acumulado y los concejales así lo entendieron al aprobar el acuerdo”, recalcó Cañizares.
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Los asesores financieros analizan las fórmulas de arreglo con los delegados del ministerio para brindar una solución a la insolvencia económica.
Organizar la casa
La secretaria de Hacienda, Yakaira Galvis, lideró el inventario de las acreencias y deudas soportadas para superar la debacle financiera.
Paso a paso se ha surtido el proceso y en estos cuatro meses se verificará la información para determinar con exactitud los pasivos a negociar.
Las obligaciones laborales van primero, luego con entidades, después demandas de terceros y posteriormente otras acreencias, pues no existe un fondo para contingencias que puede superar los 25 mil millones de pesos.
En la actualidad se trabaja sobre la planeación, programación y compromiso administrativo. Además, ahorrar para el pago de la deuda venidera.
Ante reparos de algunos analistas de la región, el mandatario manifiesta que el tiempo le dará la razón en la imperiosa reestructuración para superar falencias de los últimos 30 años.
“Será un diálogo permanente para hacer las negociaciones y sanear al municipio. Debemos ser responsables y vamos a efectuar la pedagogía desde lo técnico”, dijo.
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Por su parte, la secretaria jurídica, Marcela Ascanio Angarita, acopia la documentación para validar las obligaciones pendientes y suscribir los acuerdos de pago. Adicionalmente, se habilitará un correo electrónico para las personas que se crean con derechos suministrar los datos y soportes pertinentes en las reclamaciones.
Posiciones encontradas
Distintas reacciones se han generado ante la aceptación de la intervención económica de Ocaña por el ministerio de Hacienda.
El experto Wilmar Santiago manifestó que si bien el cociente indica que los pasivos superan los activos o más bien que las deudas son mayores que el aforo, pudiese mirar las estrategias de lógica presupuestal.
“El sentido presupuestal de las finanzas públicas es observar la gerencia pública, el desglose de la regla fiscal, ser eficaz más que eficiente; se debe restructurar la planta de personal, maximizar el recaudo de los ingresos corriente de libre destinación, disminuir al máximo los gastos de funcionamiento, incluso gastos de inversión burocráticos que tanto opera en nuestras entidades territoriales”, recomendó.
Por su parte, Henry Pacheco, se opone rotundamente a la intervención económica y considera que existen otras fórmulas para superar la crisis.
Interpuso una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Norte de Santander para declarar la nulidad del acuerdo aprobado por el Concejo municipal ya que no fueron escuchados durante la plenaria.
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“Además, la resolución del ministerio no está motivada, ni se establecen los mecanismos y recursos para pagar las deudas. Ese proceso no es gratuito, aquí hay gato encerrado y posiblemente la venta de activos. Me les voy a atravesar”, exclamó el profesional del derecho.
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