La calidad de agua de Norte de Santander, según la Contraloría departamental es alarmante para la salud pública y constituye un hallazgo dramático según un informe ambiental de la entidad.
Los datos, revelados en un reporte que da cuenta de las condiciones ambientales entre enero-octubre de 2016, demuestra que tanto el sector urbano como el rural tienen dificultades.
Los resultados indican que el 44 por ciento de las áreas urbanas consumió agua no apta para el consumo humano, contra un 56 por ciento que sí logró tener agua potable.
En el caso del sector rural, solo el 20 por ciento accedió a agua de calidad, y el 80 por ciento restante ingirió no.
Los únicos pueblos a salvo son: Bucarasica, Durania, Los Patios, Lourdes, Pamplona, San Cayetano, La Playa de Belén y Ocaña, con cero riesgo.
La preocupación se cierne sobre los pueblos de Cáchira y La Esperanza con nivel de riesgo alto tanto en lo rural, como lo urbano.
Esto, según la entidad, “requiere de vigilancia especial”, y un plan de manejo ambiental antes y después de que el agua sea distribuida a los habitantes.
Aguas residuales
Adicionalmente, las aguas residuales y vertimientos empeoran las condiciones del recurso hídrico.
Los 39 municipios evaluados tienen 113 puntos de vertimientos domésticos que contaminan ríos y quebradas, es decir, el 70 por ciento de la región.
Únicamente Ábrego, La Playa, Los Patios, San Cayetano, Santiago, Tibú, Los Patios y Gramalote tienen sistemas de tratamiento de aguas residuales, mientras que en Lourdes, Silos y Toledo están en construcción, por parte del Plan departamental de aguas de la Gobernación.
Caso de Cúcuta
La capital nortesantandereana, aunque no está incluida en el informe, se destaca por tener una óptima calidad de agua, con mediciones frecuentes que garantizan agua con un índice de riesgo inferior al 0,4 por ciento.
Otros datos
Adicionalmente en el informe aparece la ejecución de recursos para prevención de desastres.
En este sentido, se indica que el 60 por ciento de los municipios tuvo eventos de deslizamientos y remociones en masas.
Las inundaciones y vendavales solo tuvieron el 30 y 10 por ciento de incidencia, respectivamente.
Así mismo, se estableció que para 2016 se presupuestaron $4.178 millones para la atención y prevención de desastres.
De este monto, se ejecutó solo el 20 por ciento en cada una de las localidades, es decir, $806 millones.
Cabe decir que el documento de la Contraloría se basó en una encuesta a cada municipio, más información de Corponor, el Invima, el IDS, los hospitales y Empresas Sociales del Estado, y empresas de servicios públicos.
