Comprar la hoja de coca para destruirla versus asperjarla es más barato para el Gobierno, según afirma Hernando Zuleta, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, para quien el debate sobre la erradicación de este cultivo de uso ilícito trasciende el simple hecho de arrancar las plantas.

Para Zuleta, el retorno a la aspersión es una mala idea y erradicarla forzosamente, en forma manual, no solo implica un costo económico aún no estimado sino que tiene otras implicaciones por el efecto social que acarrea.

“La erradicación manual también es costosa y si bien indican que es más efectiva que la aspersión aérea hay costos difícilmente calculables, como el de la legitimidad del Estado”, afirma.

Dicho costo se relaciona con el hecho de que las zonas cocaleras tienen colonos, o “desplazados económicos”, sin opciones en sus propias tierras que vieron una oportunidad en establecerse en zonas sin presencia del Estado.

Sin embargo, cuando el Estado llega, lo hace para cortar el flujo de ingresos, lo cual desata enfrentamientos.

“La erradicación forzosa tiene resultados inmediatos y en el corto plazo se puede mostrar, pero tiene el riesgo del efecto globo: erradicar en un punto pero con la probabilidad de que esa hectárea erradicada sea sustituida por otra hectárea sembrada”, afirma.

Aunque recién comienza la implementación del punto 4 del acuerdo de La Habana, sobre la solución al problema de las drogas, y Zuleta reconoce que es difícil hablar de resultados preliminares, insiste en que una paz duradera pasa por acercar las comunidades al Estado.

“Llegar a erradicar, en plena implementación de los acuerdos produce tensiones que van en contra de lo que se desea”, comenta Zuleta. “En la medida en que las comunidades se sientan atacadas, agredidas, va a ser más difícil llevar bienes públicos, desarrollo y además, el choque entre las comunidades y el Estado facilita el accionar de grupos al margen de la ley”.

Agrega que tal vez se dé la necesidad de cumplir con la erradicación manual, pero sus efectos indeseables deben ser analizados con detenimiento por parte del Gobierno, además del costo-beneficio reciente e histórico.

Incautaciones, parte de la clave

Según Zuleta, son más eficientes los esfuerzos en incautaciones y destrucción de infraestructura que los esfuerzos en erradicación porque:

La participación de la hoja de coca en el valor total del negocio es solo del 9% mientras que el tráfico de cocaína tiene un valor concentrado del 71%.

Las incautaciones de alcaloides derivados de la coca aumentaron en un 40% entre los años 2006 y 2008.

Para el año 2015, las incautaciones de cocaína llegaron a 252 toneladas y a más de 300 toneladas en el 2016.

Uno de los inconvenientes de este proceso que evita que una proporción de cocaína llegue a los consumidores, es que se debe satisfacer la demanda, y para ello se incrementan los cultivos.

El Ministerio de Justicia indica que del área erradicada manualmente, un promedio del 37% presenta resiembra en los últimos cuatro años, pero se espera que con la voluntad de sustituir, la tendencia se acabe.

Para la época del Plan Colombia, un sólo kilogramo de cocaína valía cerca de 2.000 dólares, e incautar un kilogramo de cocaína, y en términos de costos para los productores era como erradicar 5 hectáreas de coca.

Algunas cifras

6.5 millones de euros se ejecutan en un proyecto orientado a reducir la demanda de drogas ilícitas en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú por parte de la Unión Europea, según el informe 2016 de la Junta internacional de fiscalización de estupefacientes de la ONU.

En 2016 se registró una disminución en los costos de sostenimiento del cultivo en el Catatumbo, donde los costos por agroquímicos pasaron de $2.577.500 en 2007 a $944.800 en 2016. La reducción obedece a la menor utilización de agroquímicos, posiblemente asociado al aumento de los precios de los mismos entre los años 2008 y 2015.

En los últimos diez años, 197 personas han muerto erradicando, 52 de ellos civiles; 687 fueron heridos (244 civiles), y en total han quedado 33 personas amputadas por minas y explosivos.

El Gobierno Nacional dará cerca de 36 millones de pesos por familia que erradique, cifra menor que la que se invertiría en fumigación de los cultivos.

Cada fumigación cuesta unos 20 millones de pesos, pero debe hacerse hasta cinco veces por hectárea.

Costos sociales de la erradicación

Según el Ministerio de Defensa, entre los mayores costos del programa de erradicación está el desplazamiento de hombres a zonas de difícil acceso, pero también la oposición de los pobladores.

Para el caso local, la producción de hoja de coca en el Catatumbo tiene uno de los incrementos más fuertes del país, desde 2006 cuando estuvo en su punto más bajo; desde entonces el incremento es continuo.

“Creo que hay un problema de economía política muy fuerte detrás de la acción del Gobierno porque está comprometido con la implementación de los acuerdos, pero tiene la presión nacional e internacional para mostrar resultados y la meta de reducir 100 mil hectáreas refleja esa presión”, señala Zuleta.

Por ello, recomienda que el Estado cumpla las metas de los acuerdos con una prioridad: garantizar mercado para los productos.

“El asunto no es solo llevar dinero sino vías terciarias, proyectos, coordinar con las comunidades cómo se desarrollan los proyectos productivos y eso podemos evaluarlo hasta dentro de 5 o 10 años”, afirma. “Si lo miro solamente en términos de pesos, lo más costoso es un buen programa de sustitución, pero con la eficiencia de cada peso invertido, este programa es lo mejor por la cercanía que se genera con el Estado para contribuir al desarrollo”.