El delito de Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) preocupa cada vez más en Colombia, pero sobre todo en Norte de Santander y Cúcuta. Este flagelo, que conjuga una de las formas de violencias más graves que pueda existir, en el país está abordado por el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000), la Constitución Política, la ratificación de Convención sobre Derechos del Niño y muchas otras políticas públicas vinculadas a su prevención.
Sin embargo, este enorme marco jurídico que robustece la lucha contra este delito no minimiza en lo absoluto las cifras de casos en el país y especialmente en Norte de Santander.
En un análisis territorial hecho por Zambrano Asesores y Consultores titulado ‘Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes en Colombia 2015-2025, una lectura desde Norte de Santandier y Cúcuta’ reveló que el departamento en relación con este delito emerge como una región atípica dentro de las zonas fronterizas, en donde la capital nortesantandereana concentra el 67,3% de las víctimas registradas en Norte y situando a la ciudad en el puesto 8 entre los municipios del país con 398 casos.
El caso cucuteño es significativamente mayor a la observada en otros departamentos comparables: en Santander, Bucaramanga concentra el 41,9% del total departamental; en Tolima, Ibagué el 57,3%; en Atlántico, Barranquilla el 57,5%. La concentración cucuteña del 67,3% es por tanto atípicamente alta.
“Norte de Santander registra 591 víctimas de ESCNNA entre 2015 y 2025, ocupando el puesto #10 en el ranking departamental. Su participación nacional es del 2,60%”, precisa el informe, que consultó sus datos en la “Caracterización Estadística sobre Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (CEESCNNA), publicada por el DANE como parte del Registro Estadístico sobre Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (RESCNNA)”, y cuya información se obtiene de los registros administrativos de datos abiertos del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía General de la Nación.
Cúcuta y el resto de los municipios
Cúcuta es en Colombia el municipio fronterizo con más víctimas contabilizadas de ESCNNA, resalta el informe hecho por Zambrano Asesores y Consultores.
En la investigación se indica las cuatro razones por las cuales ocurre esto: es la ciudad fronteriza con mayor población de niños, niñas y adolescentes del país (aproximadamente 220.000 menores de edad); constituye el principal corredor de la diáspora venezolana desde el inicio de la crisis migratoria del vecino país; presenta una concentración intra-departamental atípicamente alta (67,3%); y muestra un perfil delictivo y temporal distinto al de las demás capitales del país.
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Cúcuta es el único municipio fronterizo entre los primeros 25 puestos del país, lo que destaca su singularidad espacial, pues es un corredor binacional, capital departamental y nodo migratorio de gran intensidad.
El análisis hecho por los expertos precisa que el corredor fronterizo Cúcuta–Villa del Rosario–Puerto Santander “concentra la inmensa mayoría de los registros, con un eje secundario en Ocaña y un nodo aislado en Pamplona”.
Mientras que el área metropolitana, entre 2015 y 2025, suma 484 víctimas (Cúcuta 398, Villa del Rosario 49, Los Patios 23, Puerto Santander 5 y El Zulia 9), esto representa el 81,9% del total registrado en el departamento. Estos datos ubican al área metropolitana cucuteña como “el quinto territorio urbano del país en víctimas registradas, después de Bogotá, Medellín, Cali y la sumatoria de Antioquia metropolitana”.
Mientras que el resto del departamento, dice el documento, exhibe unos registros bajos o nulos, particularmente en municipios rurales del Catatumbo como Tibú, Convención, Teorama, El Tarra, donde la situación social es muy compleja.
En el documento detalla la lista de municipios, según los números de casos: Villa del Rosario (49), Ocaña (46), Los Patios (23), Pamplona (16) y El Zulia (9) completan el top 6 con 541 víctimas (91,5% del total). Los 24 municipios restantes suman 50 víctimas (8,5%).
Entre los resultados más destacados del informe está el hecho de que los municipios rurales tienen muy pocas denuncias, que no implica que tengan menos casos, sino que existe menos capacidad institucional para detectarlos y registrarlos.
“Por ejemplo, zonas complejas del Catatumbo presentan cifras mínimas, lo que refuerza la hipótesis de subregistro estructural: ‘menos denuncias no significa menos explotación”.
En el informe se estable una serie de comparaciones con ciudades capitales. Por ejemplo, precisa que los casos registrados en Cúcuta presentan el 4,03% de los casos de Bogotá, 13,2% de los casos de Medellín y 31,8% de los de Cali.
“Cúcuta presenta más casos absolutos que las tres capitales cafeteras juntas (398 vs 771 conjunto, donde la suma es mayor) y tasa cercana a la de Pereira (190,0)”, refiere el informe.
Además, en el documento hacen una comparación entre las capitales fronterizas en Colombia (Cúcuta, Pasto, Riohacha, Arauca, Mocoa, Leticia, Mitú, Inírida, Puerto Carreño y San José del Guaviare) en lo que se evidencia una marcada heterogeneidad en los registros.
“San José del Guaviare presenta una tasa acumulada de 368,0 (la segunda más alta del país), Puerto Carreño de 330,8 y Mocoa de 273,3. En contraste, Riohacha apenas registra 58,2. Cúcuta, con 180,9, se ubica en el rango medio del segmento fronterizo. Esta heterogeneidad es analíticamente relevante: la frontera no es un determinante único, sino una condición que interactúa con la capacidad institucional, el tipo de economía territorial y la presencia de redes”, precisa el informe investigativo.
Además, en la relación hecha en cuanto a las personas indiciadas por los casos, Cúcuta concentra 349 indiciados (66,2%), Ocaña 52 (9,9%) y Villa del Rosario 45 (8,5%).
“El predominio de Ocaña entre los indiciados es ligeramente superior al de Villa del Rosario, lo cual sugiere que la actividad investigativa en el corredor Catatumbo-Ocaña, aunque limitada en víctimas registradas, está produciendo imputaciones consistentes”, dice el documento.
Norte de Santander y la situación migratoria
Norte de Santander destaca dentro del segmento fronterizo del estudio. Según indica el documento, hay tres factores territoriales que explican esto: la magnitud demográfica de su capital, la ubicación de Cúcuta como puente terrestre entre Colombia y Venezuela, y la capacidad institucional para registrar “denuncias en una capital departamental con presencia consolidada de la Fiscalía, comisarías de familia y entidades de protección, lo que aumenta la probabilidad de que casos efectivamente ocurridos generen registro formal”.
Uno de los hallazgos territoriales más llamativos del informe está en la evolución de Norte de Santander a lo largo de la última década.
Aunque la tasa departamental se mantuvo por debajo del promedio nacional durante casi todo el periodo analizado, entre 2019 y 2021 la tendencia cambió, pues en esos años el indicador igualó e incluso superó la media del país.
El comportamiento coincide con el momento más crítico de la migración venezolana hacia Colombia y con el papel de Norte de Santander como principal corredor fronterizo de la diáspora venezolana. Para los investigadores, esta relación temporal refuerza la hipótesis de que la presión migratoria pudo haber incidido en el aumento de las denuncias registradas en ese trienio.
Sin embargo, el informe aclara que no es posible establecer una relación causal directa entre migración e incremento de los casos. Lo que sí resulta plausible, advierte el documento, es que el intenso flujo migratorio y la dinámica fronteriza contribuyeron a una mayor visibilización institucional del fenómeno en el departamento.
Norte de Santander registra 591 víctimas de ESCNNA entre 2015 y 2025, y detalla la investigación que la distribución delictiva en el caso del departamento se diferencia del promedio del país.
Por ejemplo, los casos registrados como pornografía con menores, pesa menos que en Bogotá (44,5% vs 53,2% nacional, vs 73,5% en Bogotá); la inducción a la prostitución es mayor (12,9% vs 8,5%) y el proxenetismo con menores de edad pesa el doble (12,5% vs 6,3%).
“La trata de personas con fines de explotación sexual representa el 5,4%, comparado con el 0,5% nacional y solo 26 casos en Bogotá; y la utilización de medios de comunicación pesa menos (5,6% vs. 11,4%). Esta combinación apunta a un patrón territorial menos digital y más físico/intermediado, con mayor presencia relativa de modalidades asociadas a la movilidad humana”, enfatiza el informe.
¿Cómo llegaron los niños, niñas y adolescentes a la explotación sexual?
La Corporación Mujer Denuncia y Muévete alerta sobre una situación gravísima que sigue ocurriendo en Colombia y especialmente en territorios como Cúcuta y Norte de Santander: muchas niñas, niños, adolescentes y mujeres en contextos de explotación sexual no están siendo nombradas ni reconocidas correctamente como posibles víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual.
Este no es un asunto menor ni una discusión de palabras; nombrar mal el delito puede significar dejar a una víctima sin ruta, sin asistencia, sin protección, sin restablecimiento de derechos y sin justicia.
La trata de personas no empieza cuando la víctima ya está siendo explotada; empieza antes, cuando alguien la capta, la traslada, la acoge, la recibe, la engaña, la manipula o se aprovecha de su vulnerabilidad para llevarla a una situación de explotación. Por eso, cuando las instituciones solo miran el hecho final —la explotación sexual, la prostitución, la presencia de una niña o una mujer en un contexto de violencia— pero no reconstruyen cómo llegó allí, el delito se fragmenta y la respuesta del Estado se debilita.
El artículo 188A del Código Penal colombiano reconoce la trata de personas como un delito autónomo que puede configurarse cuando existen esos verbos rectores con una finalidad de explotación, incluida la explotación sexual. Esto significa que la explotación sexual es el fin, pero la trata se construye desde el camino previo que llevó a esa víctima hasta allí. Reducir estos casos únicamente a explotación sexual comercial, ESNNA, ESCNNA, prostitución o violencia sexual, sin analizar la posible trata, puede convertirse en una forma de omisión institucional.
Durante más de ocho años, la Corporación ha identificado y acompañado a más de 650 mujeres, niñas y adolescentes como potenciales víctimas de trata con fines de explotación sexual, muchas de ellas migrantes, desplazadas, madres cabeza de hogar, mujeres empobrecidas o en condiciones de exclusión.
Desde ese trabajo territorial se ha consolidado el modelo PROTEGE-RUTA, una metodología previa de preparación, escucha, lectura del riesgo e identificación de los verbos rectores antes de activar la ruta institucional.
"La experiencia demuestra que ninguna niña, adolescente o mujer llega sola a la explotación sexual; detrás suele existir una cadena de captación, promesas falsas, traslado, acogida, control, lucro y demanda masculina que sostiene el sistema de explotación. Por eso preocupa que, frente a cifras como los 591 niños, niñas y adolescentes reportados en Norte de Santander en contextos asociados a explotación sexual comercial, no exista una respuesta pública, clara y desagregada sobre cuántos fueron valorados como posibles víctimas de trata, a cuántos se les activó ruta, qué asistencia recibieron, qué medidas de protección se adoptaron y qué seguimiento se hizo para garantizar sus derechos", indica la Corporación Mujer Denuncia y Muévete .
La Ley 985 de 2005 y el Decreto 1066 de 2015 ya establecen obligaciones de prevención, asistencia inmediata, asistencia mediata, protección y articulación institucional para víctimas de trata; por tanto, el problema no es la ausencia total de normas, sino la forma en que muchas veces estas se interpretan, se aplican o se omiten.
La reciente Sentencia SP287 de 2026 también marca un avance importante porque empieza a nombrar con mayor claridad a quienes pagan por acceder sexualmente a niñas, adolescentes o mujeres en contextos de explotación: no son simples “clientes”, son demandantes, prostituyentes y actores que sostienen una cadena de violencia.
En la misma línea, los informes internacionales sobre prostitución y violencia contra mujeres y niñas han advertido que la explotación sexual no puede ser leída como una actividad neutral cuando está atravesada por desigualdad, vulnerabilidad, pobreza, migración, violencia y control de terceros.
Por eso, el llamado al Estado, a los comités de trata, a la Procuraduría, al Ministerio del Interior, al ICBF, a la Fiscalía, a las alcaldías y gobernaciones es urgente: no basta con registrar la explotación sexual; hay que investigar si hubo trata. No basta con decir que una víctima estaba en prostitución; hay que preguntar quién la captó, quién la trasladó, quién la acogió, quién la recibió, quién la controló, quién pagó y quién se lucró.
Si Colombia sigue nombrando mal el delito, seguirá dejando por fuera a víctimas que necesitan protección integral. Nombrarlo correctamente como trata de personas con fines de explotación sexual no es un capricho jurídico: es la puerta de entrada para activar la ruta, garantizar asistencia, reconocer derechos, investigar a toda la cadena criminal y evitar que la víctima sea responsabilizada por una violencia que el Estado tiene el deber de prevenir, atender y sancionar.
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