No a todas las alertas tempranas que emitió la Defensoría del Pueblo durante 2023, para que se atendieran y neutralizaran posibles violaciones a los derechos humanos, se les dio respuesta efectiva por parte de las autoridades competentes.
Así lo dio a conocer el defensor regional del pueblo, Pepe Ruiz Paredes, quien lamentó que la persistencia sobre situaciones de posibles vulneraciones de derechos humanos, a pesar de las advertencias, no han sido abordadas a tiempo.
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Según Ruiz, la atención a estas alertas ha sido insuficiente debido a una percepción errónea por parte de las autoridades, quienes subestiman la gravedad de las situaciones planteadas. Este desatino se ha visto reflejado en la frontera con Venezuela, donde se estarían llevando a cabo exhumaciones irregulares, así como en el aumento de amenazas al gremio minero y líderes sociales en el Área Metropolitana.
La preocupación se intensifica ante el incremento de casos de desplazamientos forzados en la región, evidenciando un clima de inseguridad que afecta directamente a las comunidades de zonas rurales.
Además, se conoció que una familia proveniente de Barrancabermeja denunció en esta Defensoría que tuvo que desplazarse hasta Norte de Santander tras haber sido desalojada de su vivienda por un grupo paramilitar que estaría ganando terreno en la zona.
Por esta razón los jefes de este hogar se vieron obligados a trasladarse a la ciudad de Cúcuta para brindar seguridad a cada uno de los que integran su núcleo familiar.
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‘Preocupan migrantes’
Por otro lado, la Fundación Juntos se Puede, lanzó una alerta sobre el alarmante retroceso en los derechos humanos de los migrantes venezolanos en Colombia. Ana Karina García, directora de la fundación destacó la complejidad de la crisis humanitaria en Venezuela, que ha forzado a miles de personas a abandonar su país en busca de refugio.
García señaló que la obtención de documentos de identidad por parte de los venezolanos implica costos prohibitivos en dólares y una incertidumbre constante, lo que agrava su situación, teniendo en cuenta que Colombia acoge al 40% de la migración venezolana.
Además, destacó que desde enero de 2021 no se ha permitido la regularización de migrantes sin pasaporte a través del Permiso Por Protección Temporal (PPT), y desde mayo de 2022 el proceso de regularización para quienes sí poseen pasaporte se encuentra cerrado.
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A pesar de los informes de la ONU que ratifican la compleja crisis humanitaria en Venezuela, las autoridades colombianas han mostrado una respuesta inadecuada. “Las medidas restrictivas en la frontera colombo-venezolana se consideran ineficaces y beneficiosas para las mafias que controlan los pasos irregulares”, precisó García. Hizo además un llamado a los dos países a que revisen la política migratoria para que se frenen los abusos.
De esta manera, tanto la Defensoría del Pueblo como la Fundación Juntos Se Puede coinciden en la necesidad de abordar de manera integral y respetuosa los derechos humanos de la población vulnerable en Norte de Santander y de los migrantes venezolanos.
Redacción por Valentina Rodríguez
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