A tres meses del rompimiento de diálogos de paz con los actores armados del Ejército de Liberación Nacional, Eln, en Norte de Santander, la situación de orden público en el departamento se ha tornado cada vez más crítica. 

El recrudecimiento de las acciones violentas en el territorio ha dejado hasta el momento 15 miembros de la fuerza pública muertos y otros más heridos, además de serias afectaciones, como los secuestros a los empleados de Ecopetrol y los ataques al oleoducto Caño Limón Coveñas.

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Frente a esta situación y al inocuo accionar de las autoridades nacionales, desde el gobierno departamental se organizó una reunión con representantes de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, la OEA, la Defensoría del Pueblo, Acnur y diversas organizaciones internacionales, así como de la Iglesia Católica. 

¿El objetivo? Ponerlos al tanto de lo que sucede  en el territorio, pero también de generar un pronunciamiento que agilice la búsqueda de soluciones a esta creciente problemática. 

 “Lo que está pasando en Norte de Santander ya es muy complejo. Hay una violación del derecho internacional humanitario muy grave”, dijo George Quintero, secretario de Seguridad Ciudadana del departamento. 

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Luis Fernando Niño, Alto Consejero para la Paz  del departamento, señaló que ya no hay un solo día en que no suceda un evento criminal en el territorio, y se refirió puntualmente a la amenaza contra los trabajadores de la rama judicial y el asesinato de un médico frente a su familia en la vía a Ocaña, como los hechos más recientes. 

En este sentido, con un dejo de frustración, Quintero señaló que desde el departamento ya se han agotado todas las instancias legales correspondientes, como consejos de seguridad departamental, municipal, consejos ministeriales, “ahora lo que necesitamos es que la comunidad internacional se pronuncie frente a estos hechos”.

 
Violación sistemática

Y es que ante la falta de medidas que contengan o prevengan la propagación de las hostilidades y la violencia, las acciones violatorias del derecho internacional humanitario  son cada vez más continuas y sistemáticas.

Luis Fernando Niño se refirió a tres casos preocupantes: El aumento en un 200 por ciento del reclutamiento forzado, ya no sólo en el Catatumbo, sino también en los barrios de Cúcuta. “Se está llevando los niños menores de 14 años para la guerra,  no hay registros formales, pero los casos están pasando”, dijo Niño. 

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Como segundo hecho violatorio, se refirió a las denuncias por el aumento de la instalación de  minas antipersonas muy cerca a los recintos escolares, sobre todo en los municipios de  Hacarí, San Calixto y Convención. 

Un tercer caso que viene en aumento, es  el ataque a miembros de la fuerza pública desde casas de civiles, aprovechándose de que no van a tener respuesta, porque los militares no  pueden disparar en zona pobladas. Esto explica el aumento de soldados y policías atacados por francotiradores. 

“El objetivo final es ganar visibilidad y obligar al desescalamiento del conflicto o por lo menos al cumplimiento de los mínimos humanitarios”, dijo Niño.

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