Buscar a una persona desaparecida en una zona donde el conflicto armado todavía tiene presencia no consiste solamente en ubicar un sitio, excavar y recuperar un cuerpo.
Para los profesionales forenses de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), cada misión implica evaluar las condiciones de seguridad, acceder a territorios apartados y, en ocasiones, trabajar bajo restricciones impuestas por los actores armados que permanecen en esas regiones.
La situación quedó expuesta en septiembre de 2025, cuando una antropóloga y una investigadora de la UBPD ingresaron al Catatumbo Bajo para caracterizar el cementerio de la vereda Luis Vero, en Sardinata, Norte de Santander. El propósito era avanzar en la búsqueda de *Carlos, un hombre que había muerto 23 años atrás durante un enfrentamiento armado.
Después de su muerte, integrantes de una organización armada no estatal inhumaron el cuerpo en el cementerio de la vereda y avisaron a sus familiares para que intentaran recuperarlo. Durante más de dos décadas, sin embargo, la persistencia de la confrontación armada impidió que la familia pudiera llegar hasta el lugar.
Cuando las profesionales de la UBPD se encontraban en la zona, las condiciones de seguridad se deterioraron. Los actores armados advirtieron que el ingreso al sitio de interés forense estaba restringido.
El equipo tenía entonces una ventana limitada para adelantar la recuperación. Las dos profesionales excavaron directamente en el terreno y lograron recuperar el cuerpo de *Carlos y los restos de otras cuatro personas que también habían sido inhumadas allí.
La recuperación permitió continuar el proceso de identificación en el Centro Integral de Abordaje Forense e Identificación (CIAFI), ubicado en Girón, Santander. Allí, los profesionales forenses establecieron la identidad de *Carlos. Después de más de 23 años de espera, sus restos serán entregados a sus familiares en octubre.
El caso muestra una de las dificultades que enfrentan los equipos de búsqueda en el nororiente del país: ingresar a lugares donde la violencia no pertenece solamente al pasado.
Una búsqueda que continúa en zonas de conflicto
El mandato de la UBPD es humanitario y extrajudicial. Sus equipos no buscan establecer responsabilidades penales, sino localizar, recuperar, identificar y entregar dignamente a las familias los cuerpos de personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado.
En regiones como el Catatumbo, el sur de Bolívar y el sur del Cesar, esa tarea se desarrolla en escenarios donde persisten estructuras armadas ilegales y dificultades de movilidad y acceso.
De acuerdo con la UBPD, durante sus seis años de labores humanitarias en la región nororiental ha recuperado 1.291 cuerpos en fosas, cementerios rurales y otros lugares de difícil acceso.
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En lo corrido de 2026, la entidad reporta 223 cuerpos recuperados y 15 entregas dignas.
La Unidad atribuye parte de la posibilidad de ingresar a estos territorios a la confianza construida con las comunidades y al reconocimiento de su carácter humanitario y extrajudicial. Esa condición le ha permitido establecer acuerdos de seguridad y corredores para desarrollar las misiones de búsqueda sin convertirse en parte de las dinámicas del conflicto.
Pero las dificultades permanecen. En territorios donde los grupos armados conservan capacidad de control, los equipos forenses deben determinar cuándo es posible ingresar, cuánto tiempo pueden permanecer y bajo qué condiciones pueden realizar una excavación.
Para las familias, el tiempo de espera puede medirse en décadas. Para los profesionales que realizan la búsqueda, cada ingreso al territorio implica enfrentar las condiciones que durante años impidieron que esos mismos familiares pudieran encontrar a sus seres queridos.
La UBPD estima que 14.622 personas permanecen dadas por desaparecidas en la región nororiental de Colombia, que comprende Santander, Norte de Santander y el Magdalena Medio.
La búsqueda, por tanto, no termina con la recuperación de un cuerpo. Después de localizarlo comienza otro proceso: establecer su identidad y conseguir que pueda regresar a una familia que, en algunos casos, lleva décadas esperando una respuesta.
*Nombre cambiado para proteger la identidad de la persona y preservar la reserva de la investigación humanitaria.
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