Esta semana comenzó la conformación de un plan de salvaguarda para la comunidad u’wa, asentada en Norte de Santander, cuyo propósito es garantizar los derechos básicos de esta etnia.

La decisión se tomó tras una reunión efectuada entre la secretaría de Gobierno departamental, la Dirección de Asuntos Indígenas del ministerio del Interior, y autoridades regionales, que tendrán la responsabilidad de establecer una oferta institucional que beneficie a 1.080 integrantes de la comunidad.

Según Robinson Rinconada Aguablanca, vocero u’wa, este proyecto se desarrollará para cumplir el Auto 004 del 2009 de la Corte Constitucional, que implica evitar el exterminio físico y cultural de los indios.

“En nuestro territorio falta la autonomía administrativa y el saneamiento de los resguardos”, dijo. “También hay problemas de desplazamiento por parte de grupos ilegales y la fuerza pública”.

Según comentó, estas situaciones se suman a la explotación de recursos naturales dentro del territorio ancestral, que dificultan la tranquilidad de los u’wa.

Por su parte, el secretario de gobierno, Julio César Silva, manifestó que este proceso se realiza en consideración a la grave situación que viven los pueblos indígenas.

“Como autoridades debemos prevenir y atender de forma oportuna  la defensa de sus derechos”, aseguró. “Por eso, se  están presentando los programas disponibles para que ellos, ajustándolos a su ley de origen puedan aceptarlos”.

La visión del Ministerio

Julia Guerrero, coordinadora del programa de protección para mujer indígena del ministerio del Interior, declaró que inicialmente se acordó elaborar una matriz de seguimiento para definir la propuesta a corto plazo.

“Desde el ministerio planteamos a las autoridades regionales que se tenga en cuenta que se está a escasos cinco meses de cierre de administración”, refirió.

Por ello, instó a las entidades a contemplar actividades entre  julio y octubre, con un cierre durante los dos últimos meses del año.

De otro lado, señaló que el plan de salvaguarda incluirá las peticiones en materia de salud, educación y vivienda, “en los que siempre hay falencias en los ámbitos nacional y regional”.

También dijo que se ha evidenciado la necesidad de hacer campañas de formación constantes, debido al desconocimiento de asuntos básicos como ante quién poner una queja cuando no hay  atención oportuna.

Agregó  que se están desarrollando otras actividades de capacitación en derechos con el cabildo Inga y la comunidad barí.