En una nueva edición televisada del consejo de ministros -esta vez sin el morbo político que captó la atención del pasado cónclave el cuatro de febrero- el presidente Gustavo Petro dio a conocer los ejes sobre los que se pretende lograr la transformación en el Catatumbo, una región bajo fuego desde hace más de 40 días, por la confrontación armada entre las guerrillas de las disidencias de las Farc y el Eln.
Dentro del marco del Estado de Conmoción Interior, decretado el 24 de enero de 2025, la gran apuesta del Gobierno Nacional es erradicar 25.000 hectáreas, aproximadamente la mitad de lo que hay sembrado en toda la región del Catatumbo; además de emprender un programa de cultivos lícitos, consolidar vías para comercializar los productos e impulsar un proceso de paz en la región.
El programa Renhacemos Catatumbo, promovido por la Dirección de Sustitución de Cultivos, es la estrategia por medio de la cual se pretende llevar a cabo este objetivo, que consiste en extraer las plantas de coca desde la raíz y reemplazarlas por otros cultivos de carácter legal, como el cacao, el café, palma o yuca, entre otras variedades de cultivos.
Gloria Miranda, directora del programa, explicó que la erradicación será compensada con un pago de 1.280.000 pesos, equivalente al 90 por ciento de un salario mínimo mensual vigente, durante 12 meses, con el fin de garantizar la subsistencia durante la transición de cultivos.
Tibú, El Tarra, Sardinata y Convención son los municipios priorizados en la implementación de este programa, que inició con un pre registro el pasado 12 de febrero y se extenderá hasta el 23 de marzo, y sobre el cual ya se habrían avanzado en 3.000 hectáreas sobre las 25.000 previstas de erradicar.
Sobre la situación de cultivos ilícitos en Norte de Santander, según Naciones Unidas a corte de 2024 habían 43 mil hectáreas de hojas de coca, aunque informes de la Policía Nacional aseguran que en la actualidad la cifra sería cerca de 53 mil hectáreas, de los cuales un 52% se encuentra en el municipio de Tibú.
Garantía de los mínimos humanitarios
Para los líderes y organizaciones sociales del Catatumbo los anuncios hechos en el consejo de ministros no pasan de ser buenas intenciones, sobre todo porque considera que primero se deben recuperar garantías de seguridad, estabilizar el orden público en el territorio, que ha llevado al desplazamiento masivo de más de 50.000 personas y el confinamiento de otras más de 20.000.
“Una firma del Pacto Catatumbo debe pasar primero por un diálogo humanitario con los actores armados que están enfrentados, es decir, necesitamos generar garantías de derecho internacional humanitario a las comunidades y liderazgos sociales, sin eso va a ser imposible aterrizar estas inversiones, esa debe ser la antesala”, sostuvo Junior Maldonado, vocero de la Asociación de Campesinos del Catatumbo.
Maldonado señaló que no sería lógico hacer inversiones en medio de una confrontación armada, que hará imposible la ejecución de cualquier programa.
Destacó que esta es la iniciativa que han estado proponiendo al Gobierno con acciones como la caravana por la paz, que llegó a El Tarra a inicios de febrero pasado, y que estuvo acompañada de un grupo de congresistas y la defensora del pueblo, Iris Marín, propuesta de la que aún se sigue esperando respuesta.
Refuerzo militar en Catatumbo
Por su parte, Pedro Sánchez Suárez, el recién posesionado ministro de Defensa, confirmó que hay desplegados 10.500 soldados en la región para enfrentar a estructuras criminales.
Según el ministro, la estrategia militar y policial se enfoca en el control, estabilización y consolidación de las zonas donde operan los grupos armados. También mencionó la importancia de incentivar la desmovilización.
“Como ministro de Defensa, les abro los brazos. Les digo: los estamos esperando para que dejen de asesinar a nuestros campesinos”, declaró Sánchez Suárez, aunque advirtió que si los grupos armados no aceptan la desmovilización, enfrentarán “toda la fuerza legítima del Estado”.
Lea más: Este jueves regresa el presidente Gustavo Petro al Catatumbo
Impulso a la educación en el Catatumbo
El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunciaron un plan conjunto para fortalecer la educación en la región, alineando la formación técnica y tecnológica con las necesidades productivas del territorio.
Se destacaron varias iniciativas como la construcción de aulas modulares para la educación superior en zonas rurales, la articulación de universidades como el ISER, la Universidad de Pamplona y la UIS con la educación media, así como la inversión de 93.000 millones de pesos para garantizar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) más allá del periodo lectivo.
El presidente Petro subrayó que la educación debe estar alineada con la economía local para evitar la migración de los jóvenes hacia las ciudades. “La universidad pública no debería poner problemas a los egresados del Sena. La transición debe ser transparente”, enfatizó.
Lea más: Corponor inició obras de saneamiento en la laguna de oxidación de Ábrego
El Gobierno también propuso reutilizar instalaciones modulares de Ecopetrol en Tibú para habilitar aulas universitarias.
Adición presupuestal de 2,7 billones de pesos
Diego Guevara,ministro de Hacienda, anunció una adición presupuestal de 2,7 billones de pesos para fortalecer la seguridad, infraestructura y programas sociales en la región del Catatumbo. Estos recursos serán financiados mediante la creación de tres nuevos impuestos, según fue informado en el Consejo de Ministros televisado la noche del lunes.
Guevara detalló que los fondos provendrán de fuentes como el IVA del 19 % para juegos de suerte y azar en línea, que estaba exento desde el 2016. Precisó que por esa vía se espera un recaudo de 1 billón de pesos en 10 meses.
Asimismo, se establece el impuesto a la primera venta o extracción de petróleo y carbón, que es un tributo sobre la explotación de recursos naturales, según lo sugerido por el presidente Gustavo Petro; además de un impuesto de timbre a transacciones superiores a 20.000 pesos.
En cuanto a la forma cómo serán distribuidos los recursos, el programa de sustitución de cultivos ilícitos y el sector defensa se llevarán los montos más altos, de 330.000 y 881.000 millones de pesos, respectivamente.
286.000 millones de pesos serán destinados al mejoramiento de la infraestructura y la ofertas educativa universitaria; mientras que 200.000 millones serán destinados a la construcción de vías esenciales para conectar comunidades rurales, como la de El Tarra, La Mata y Convención.
Lea más: Unidad de Restitución de Tierras capacitó a personeros del Catatumbo
El billón restante se utilizará para la consecución de recursos que permitan fortalecer programas de promoción y prevención de salud pública; así como coordinar fondos con entidades financieras para impulsar la producción local.
Piden al Presidente que rectifique
Por otra parte, unas declaraciones del presidente Gustavo Petro generaron malestar en un grupo de líderes sociales, luego de que en el contexto de la reunión de gabinete, el mandatario nacional señaló que muchas organizaciones estarían “subordinadas a las armas”, aludiendo a una relación con las guerrillas.
En consecuencia, desde Ascamcat pidieron a Petro rectificar lo dicho “porque agudiza la estigmatización de nuestra organización campesina, suprime nuestras garantías para la participación política, profundiza las condiciones de riesgo e incrementa las dificultades para la concreción de los esfuerzos que hemos desplegado en esta ruta humanitaria”.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .
