Ante un juez fueron judicializadas 11 personas señaladas presuntamente de robar más de $3.000 millones que habían sido destinados a las familias más vulnerables de Colombia.

La investigación reveló que esa organización criminal se especializaba en la suplantación de identidades y de puestos de cobro para apropiarse ilegalmente de los recursos del Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Para ello, suplantaban las huellas dactilares de las víctimas.

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Cada persona cumplía un rol determinante dentro de la organización. Yeimar Rafael Gutiérrez Ricaurte, señalado cabecilla, presuntamente suministraba las cédulas de ciudadanía de los ciudadanos, definía los valores a cobrar y coordinaba para reclamar los dineros.

Por su parte, María Teresa Bolaño Martínez, María Jeannette Marín Cañas y María Patricia Parra Goe presuntamente ingresaron a las bases de datos y, mediante el uso de registros biométricos ajenos o irregulares, gestionaron el desembolso de más de $116 millones.

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Asimismo, se conoció que parte de los recursos apropiados habrían sido transferidos a Israel Segundo Gutiérrez Severiche. Los otros seis posibles involucrados en el entramado ilegal serían los encargados de cumplir roles relacionados con la suplantación, cobro de subsidios, coordinaciones de puntos físicos y los procesos de verificación de identidad.

La investigación duró más de un año, luego de que la red multiservicios de giros denunciara inicialmente ante la Fiscalía las ilegalidades presentadas en varios de sus puntos de pago.

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Durante las capturas fueron encontrados e incautados nueve computadores, ocho terminales telefónicas y tres discos duros que serán sometidos a pruebas forenses para extraer información; también fueron halladas máquinas laminadoras, lectores biométricos, lectores de códigos de barras e insumos para la presunta creación ilícita de cédulas de ciudadanía.

Cinco de los procesados fueron enviados a la cárcel, mientras que otros seis estarán privados de su libertad en su casa mientras avanza la investigación.

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