De acuerdo con el reciente informe publicado por el proyecto ‘Lupa por La Vida’ que llevan a cabo las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en Venezuela, Fundación Centro Gumilla y Provea, a 824 personas se les arrebató el derecho a la vida tras acciones de militares y policías, durante el 2022.
Tan solo en el estado fronterizo de Táchira, las organizaciones documentaron 11 casos de muertes ocasionadas por funcionarios militares y policiales, siendo el municipio Bolívar con mayores casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad de Provea, indicó que el 66% de las víctimas son jóvenes entre los 18 y 30 años, siendo la Policía Nacional Bolivariana el organismo que más provocó muertes.
Lea: Realizan encuesta a colombianos en Venezuela
“Llama la atención que este cuerpo policial sea el más letal en el país, en un contexto en el cual se anunció desde junio del 2021 un proceso de restructuración de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que supuestamente iba a garantizar una actuación con prácticas respetuosas de los derechos humanos”, expuso el activista de los derechos humanos.
Refirió que el estado venezolano disolvió las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB. Sin embargo, la eliminación de las FAES no significó la reducción de la letalidad policial, en vista que hubo un reciclaje de los funcionarios de la FAES hacia otros componentes de esta policía a la Dirección Contra la Delincuencia Organizada y la Dirección de Investigación Penal.
Adicionalmente, la investigación y documentación que desarrolla el proyecto Lupa por la Vida determinó que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) es responsable de 142 asesinatos.
Aquí también: Apertura vehicular empeoró la situación económica en San Antonio y Ureña
“Esto nos indica que la actuación policial con altos niveles de letalidad no depende de asuntos ideológicos, ya que en el estado Carabobo está un gobernador que está identificado con el actual gobierno que dirige Nicolás Maduro y en el estado Zulia el gobernador es de oposición y los resultados son los mismos, un alto nivel de letalidad y las policías de estos dos estados”, indicó el vocero de Provea. Los municipios Sucre (42 personas asesinadas) y Lander (32 personas asesinadas) del estado Miranda; Valencia, estado Carabobo, y Maracaibo, estado Zulia, son las cuatro jurisdicciones donde se produjeron mayor cantidad de asesinatos.
“Llamamos la atención que a pesar de los informes de la Misión de Determinación de Hecho, que han exhortado a que haya profunda reorganización de los organismos policiales y militares, a que se investigue a los responsables, autores materiales y cadenas de mando de las ejecuciones que se producen en el país, en vista que prácticamente no se investigan los asesinatos cometidos por funcionarios en operativos de seguridad ciudadana”, resaltó.
Así pues, Marino Alvarado exhortó a los organismos de seguridad a que garanticen una actuación de los funcionarios con pleno respeto de los derechos humanos y que se cumplan las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y de la Misión de Determinación de Hecho de las Naciones Unidas sobre el uso diferenciado de la fuerza, así como las investigaciones sobre los funcionarios responsables y cadenas de mando en las ejecuciones extrajudiciales, en las que se presume se han cometido crímenes de lesa humanidad.
Anggy Polanco / Corresponsal La Opinión
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion
