La situación de derechos humanos en Venezuela no mejoró en 2024. A pesar de estar en el contexto electoral, las autoridades nacionales no frenaron la maquinaria represiva. Por el contrario, aumentó con cientos de detenciones a activistas, dirigentes políticos y ciudadanía en general, incluyendo a adolescentes y personas con alguna discapacidad. 

Las ONG no estuvieron exentas de los ataques, las amenazas y los hostigamientos. Las líneas imaginarias trazadas en algún momento se borraron con la aprobación de la ley anti ONG por parte de la Asamblea Nacional chavista que auguran más represión, mayor cierre del espacio cívico y más miedo entre la ciudadanía en 2025.

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Sin embargo, el regreso de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos podría ser una buena noticia para la sociedad civil, aunque ya se vio que estos funcionarios pueden ser expulsados en cualquier momento que así lo disponga Nicolás Maduro. 

Otro punto resaltante es la atención que tiene sobre Venezuela el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, quien dijo que se mantiene alerta de lo que ocurre en el país e hizo un llamado al gobierno de Nicolás Maduro para que trabaje efectivamente en resolver las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos y presuntos crímenes de lesa humanidad. 

El año cierra con la aprobación de la Ley Simón Bolívar, también por la Asamblea Nacional chavista. Dicha regulación pretende castigar a las personas que apoyen las sanciones internacionales contra el gobierno de Nicolás Maduro. 

2024, un año negativo en materia de derechos humanos

La calma fue breve. Desde finales del mes de enero, las autoridades venezolanas empezaron a perseguir a dirigentes opositores vinculados a María Corina Machado. Las detenciones estaban particularmente dirigidas a la organización local del partido Vente Venezuela y otros como Primero Justicia, Voluntad Popular y Acción Democrática. 

No obstante, con el pasar de los meses, también se atacó el círculo más cercano a Machado. Varios están tras las rejas y un grupo se mantiene asilado en la residencia de la embajada de Argentina donde se registraron tres asedios desde finales del mes de julio. 

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Mientras ocurrían las detenciones, las autoridades venezolanas reafirmaban la prohibición a María Corina Machado para participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Pero no solo a ella. Tampoco se permitió la inscripción de Corina Yoris, seleccionada por la propia Machado para reemplazarla. 

El espacio cívico se hacía cada vez más pequeño. Sin embargo, las personas seguían saliendo a las calles para expresar su apoyo hacia la oposición venezolana hasta que se celebraron las elecciones presidenciales, donde millones de personas expresaron su voluntad con la esperanza de un cambio democrático. Este no ocurrió, la gente tomó la vía de la protesta y la respuesta represiva fue sin precedentes con más de 1.900 personas detenidas y 28 fallecidos. 

La persecución evidente a las ONG

No sólo los políticos eran objetos de persecución por parte de las autoridades venezolanas. También los activistas por los derechos humanos y líderes locales. Previo a las elecciones ocurrió la detención de Rocío San Miguel, el 9 de febrero. A pesar de la prominencia de la figura de San Miguel en el ámbito de derechos humanos dentro y fuera de Venezuela, su detención fue consumada por las autoridades sin importar los llamados que se hicieran para ponerla en libertad. 

Luego de ese arresto, las ONG terminaron de encender las pocas alarmas que tenían apagadas. Foro Penal y Provea suelen ser las más atacadas por voceros chavistas, pero los ataques también se dirigen a medios de comunicación y activistas. 

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Durante la masiva oleada de detenciones en el contexto de las protestas postelectorales, Foro Penal y otras ONG prestaron sus servicios a los familiares de los detenidos. Esto fue mal visto por las autoridades criollas que constantemente  rechazan el trabajo de la ONG venezolana. 

En la segunda semana de agosto, mientras las denuncias por arrestos arbitrarios aumentaban, la Asamblea Nacional chavista decidió aprobar la ley contra las ONG, la cual es considerada como “meramente punitiva” por expertos legales. 

Mientras tanto, Óscar Murillo, coordinador general de Provea, fue citado a declarar en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) en un acto que fue ampliamente rechazado dentro y fuera de Venezuela. 

“No es normal que una ONG tenga que rendir declaraciones por hacer su trabajo que es recibir una denuncia, orientar a las familias, acompañarlas en su visibilización del caso y exigimos a las autoridades que hagan lo que les corresponde”, dijo Murillo desde la entrada del Cicpc ese 20 de noviembre. 

Un 2025 nada alentador

El nombramiento de Diosdado Cabello como ministro de Interior también trajo consigo un aumento de la percepción de la represión en Venezuela. Los y las activistas avizoran un 2025 bastante complicado si el gobierno de Nicolás Maduro decide mantener la tendencia mostrada hasta la fecha. 

“Es una incógnita hasta dónde pudiera llegar la fase represiva bajo el ministerio de Cabello, pero es cierto que él ha liderizado la persecución contra la sociedad civil. Me parece que es un error de diagnóstico pensar que todo sigue igual a cómo estaba antes del 28-J. El 10 de enero será un hito negativo para la historia del país”, explicó Rafael Uzcátegui, director de Laboratorio de Paz en Venezuela. 

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Desde principios de año, y sin importar que gran parte del mundo estaba pendiente de lo que ocurriera en Venezuela de cara a las elecciones presidenciales, las autoridades criollas se enfrascaron en un constante hostigamiento hacia activistas por los derechos humanos, líderes locales y dirigentes políticos. Esto se tradujo en detenciones, autocensura y hasta en exilio. 

“El efecto es evitar que se hagan denuncias públicas, abiertas y claras donde se le exija al Estado cumplir su rol que es la garantía y la protección de los derechos humanos en el país”, indicó Marysabel Rodríguez, coordinadora del programa de Observatorio Social de Espacio Público. 

Rafael Uzcátegui alertó sobre la pérdida de autoridad de Nicolás Maduro en el país y, especialmente, en las bases chavistas. “Estamos en presencia del aumento del uso del sistema judicial para la persecución de la disidencia y la violación de derechos, que nos avisora que a partir del 10 de enero de 2025, el país entra en una etapa mucho más regresiva y antidemocrática”, sentenció el directorio de Laboratorio de Paz. 

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Redacción | Efecto Cocuyo