Hernando Londoño Acosta, director técnico de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), presentó un panorama del programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos en Colombia, en el que se pueden ver los avances en Norte de Santander, donde son atendidas 2.986 familias que decidieron dejar de cultivar coca y retornar a la legalidad.
El funcionario destacó los logros que ha tenido hasta esa fecha el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), en el cual 99.097 familias en el país encontraron una alternativa de desarrollo y progreso social y económico dentro de la legalidad en las regiones más afectadas por el flagelo del narcotráfico, según lo expresado.
Tibú y Sardinata
El director dijo que en Norte de Santander 2.102 de las familias son cultivadoras, 232 no cultivadoras y 652 son recolectoras, las cuales habitan en veredas de Sardinata y Tibú.
El Gobierno lleva invertido en el departamento $27.245 millones representados así: asistencia técnica, $1.558 millones para 1.313 familias (avance del 56%); asistencia alimentaria inmediata-AAI, $18.348 millones para 1.836 familias (avance del 79%); proyectos productivos, $2.417 millones para 201 proyectos y 540 planes de inversión (avance del 9%); obras de interés comunitario, $1.746 millones para 106 familias recolectoras, y proyectos productivos de autosostenimiento y seguridad alimentaria con huertas caseras, $1.319 millones para 1.756 familias (avance del 57%). En total se han sustituido 1.016 hectáreas.
El PNIS solamente vinculó familias en Tibú y Sardinata que eran los dos municipios con más cultivos ilícitos, sin embargo el Gobierno es consciente que en los 15 municipios del Catatumbo hay presencia de cultivos de coca, situación que es preocupante toda vez que ese tipo de cultivos son la fuente principal de la violencia en el territorio, con más de 40.000 hectáreas cultivadas en la actualidad, según Londoño.
Sin embargo, para localidades como Hacarí, San Calixto, El Tarra, Teorama, La Playa, El Carmen, se está trabajando tanto con la Gobernación de Norte de Santander como con las administraciones municipales, en modelos de sustitución construidos dependiendo y de acuerdo a cada territorio donde se adelanten esos procesos.
“Se trabaja, a manera de ejemplo, con la Gobernación en un proyecto de cacao en Sardinata, un proyecto de frutales con las alcaldías de Hacarí y Ábrego. La construcción tiene que ser colaborativa y conjunta, porque los esfuerzos del Gobierno están centrados en cumplirles a las 2.986 familias que suscribieron acuerdos voluntarios en el marco del PNIS”, subrayó el funcionario.
La gente -dice- adoptó los cultivos ilícitos y se olvidó que hay que comer, que hay que tener huertas, criar gallinas, cultivos de ciclo corto, que hay que sembrar maíz, yuca, fríjol, lo que es la alimentación de la familia.
Por esa razón es importante dentro del programa el componente de huertas caseras, en el cual 2.320 familias tienen instalado su proyecto productivo para la seguridad alimentaria, y vendan los excedentes en la ciudad.
Se trabaja adicionalmente en proyectos de palma de aceite y cacao, en aquellos municipios donde hay áreas por encima de los 1.000 metros sobre el nivel del mar, caso de Sardinata y otros del Catatumbo, así como café y frutales, vinculando para ello a la Secretaría de Agricultura del departamento, las alcaldías, Umata y los Centros Provinciales de Gestión, para poder implementar proyectos acordes a los territorios, con variedades que muestren la viabilidad técnica y ambiental.
Erradicación forzosa
Londoño Acosta dijo que la entidad a su cargo no tiene competencia en temas de erradicación forzosa o la aspersión, sin embargo son instrumentos con que cuenta el Estado para la lucha contra los cultivos ilícitos. “Lo que manejamos es un componente de sustitución voluntaria, donde quienes quieran dejar los cultivos ilícitos se acercan y manifiestan su voluntad, contando con el apoyo del Gobierno para iniciar el proceso".
Sin embargo en regiones como el Catatumbo se pasó en los últimos años de tener 7.000 hectáreas de cultivos de coca a más de 40.000, haciendo que la economía en la región tenga un altísimo sustento en actividades ilegales, lo que deriva en todos los problemas de orden público, las violencias, los asesinatos y lo que allí se está presentando en la lucha por hacerse a los territorios y a los cultivos ilícitos.
En criterio del funcionario, la sustitución voluntaria ha demostrado tener excelentes resultados, lo que se ve en el monitoreo que hace la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con porcentajes mínimos de resiembra y de reincidencia, es decir que poca gente se devuelve a los cultivos ilícitos después de haber entrado a un programa de sustitución voluntaria, menos del 1% en resiembra y menos del 2% de la gente que se vinculó ha incumplido.
Cifras nacionales
El funcionario dijo que el gobierno del presidente Iván Duque mediante la política de Paz con Legalidad, adelanta en 56 municipios de 14 departamentos, el programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos.
Entre las 99.097 familias vinculadas al proyecto, 67.586 fueron antiguamente cultivadoras de coca, 14.656 no cultivadoras y 16.855 fueron recolectoras.
A corte del 30 de junio de 2021, la inversión total del programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos asciende a $1,2 billones.
De este total, $93.832 millones se han destinado para que 71.092 familias recibieran asistencia técnica (avance del 86%); $863.506 millones para 75.930 familias en pagos por Asistencia Alimentaria Inmediata, AAI (avance del 92%); $134.343 millones para que 65.830 familias recibieran proyectos productivos de huertas caseras para su autosostenimiento y seguridad alimentaria (avance del 80%).
Londoño destacó que por otra parte, el programa ha desarrollado 7.033 proyectos productivos (avance del 8%) donde se han invertido $93.630 millones; y 5.680 familias antiguamente recolectoras recibieron $86.263 millones contratados con obras de interés comunitario (avance del 34%).
Explicó igualmente que el 98% de las familias beneficiadas cumplieron con el levantamiento de los cultivos de coca, y que durante todo el programa se han sustituido 44.185 hectáreas, con un porcentaje de resiembra de tan sólo del 0.8%
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