Por Rosalinda Hernández y Paula Andrea Jiménez
Este reportaje fue realizado por Laboratorio Migrante con el apoyo de Free Press Unlimited y la coordinación de Laboratorio de Paz, en alianza de difusión con el diario La Opinión de Cúcuta. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de sus autoras.
El doblar de las campanas en Pacelli, a una hora inusual, fue premonitorio de lo que estaba sucediendo. La comunidad se agolpaba en la iglesia a medida que el sacerdote los llamaba por altavoces para advertirles que la guerra que se avecinaba sería más cruenta que nunca, mientras crecía la amenaza del reclutamiento de sus niñas, niños y jóvenes.
El 16 de enero de 2025, el recrudecimiento de la confrontación armada entre las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc escaló a niveles sin precedentes.
Esos momentos no los olvida Felipa Díaz*, una venezolana de 51 años, oriunda de Cúa, estado Miranda (a 68 km de Caracas), quien había migrado junto a su familia hace más de una década a este corregimiento, en zona rural del municipio de Tibú, región del Catatumbo (Norte de Santander) por razones económicas.
Las noticias sobre masacres, así como el asesinato de amigos y conocidos en veredas vecinas, llegaban sin parar, al tiempo que los habitantes se organizaban para huir. “Aunque los elenos (hombres del Eln) ya vivían entre nosotros”, confiesa Felipa.
Aun así, en las noches, hombres y mujeres hacían guardia en las entradas del pueblo para evitar que los actores en disputa ingresaran.
“Yo vi venir la guerra, agarré a mis muchachos, uno de 10 años y el otro de 16, los saqué a empujones y los monté en un camión junto a su papá; les lancé las maletas. Les dije que escaparan porque los iban a reclutar. No me fui con ellos porque tenía a otros hijos en las veredas”, cuenta Felipa, quien ha padecido dos desplazamientos internos como víctima del conflicto armado.
No era la primera vez que esta madre venezolana desafiaba a actores armados por uno de sus hijos. Años atrás tuvo que encarar al jefe de una estructura criminal que mantenía cautivo a otro de sus muchachos por negarse a pagar una extorsión.
“¿Sabes cuándo sentí miedo?, cuando a mi hijo mayor se lo llevaron por dos meses. Subí la montaña, un trecho a pie y otro trayecto en camioneta. Le dije a ese jefe sin rodeos y firme: Yo no traje a mis hijos desde Venezuela para que les sirvieran a ustedes. Nosotros vinimos aquí a trabajar", recuerda.
Al poco tiempo de ese encuentro su hijo fue liberado a través de un intercambio humanitario.
Felipa es una mujer extrovertida, rápida para la conversación, alegre y amena. Muy “tuyera”, como se les conoce en Venezuela a los pobladores de los Valles del Tuy, la zona en la que nació. Su temperamento la ha llevado a participar activamente en la vida comunitaria y en Colombia siguió esa vocación.
En 2011, cuando llegó a Pacelli, se incorporó al trabajo social y apoyó a la Junta Comunal en la organización del primer censo de migrantes venezolanos de la localidad. “Éramos 1.400 en ese momento. Allí nació el primer carnet para la población migrante venezolana. Se renovaba cada 7 de enero”.
Obligada a salir de la zona de combate, llegó como desplazada a Cúcuta. Allí se unió al resto de su familia para rehacer su vida e iniciar un nuevo camino de trabajo social.
Como la mayoría de los desplazados por el conflicto, llegó a un albergue, donde coincidió con vecinos de su pueblo que conocían su labor.
“Organicé las comidas para las 182 familias que estábamos en el albergue, la entrega de insumos de aseo personal y pañales. Me fui empapando en todas las áreas y cuando nos trasladaron a un hotel, donde debía haber una lideresa que reclamara sus derechos, la gente me eligió a mí”, cuenta.
La crisis humanitaria tras la intensificación de la guerra la llevó a asumir la defensa de los migrantes venezolanos, de la población local y de los colombianos retornados en Norte de Santander.
“La Unidad de Víctimas no ha sido recíproca con todos los desplazados del Catatumbo. Los únicos venezolanos que se mantuvieron en los hoteles eran quienes tenían Permiso por Protección Temporal (PPT). A los demás les conseguían un pasajito (tiquete) para que se regresaran al país”, señala.
Felipa sirve de enlace y le informa a su comunidad sobre la ayuda humanitaria que entrega la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), así como las jornadas desplegadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para los niños desplazados por la guerra del Catatumbo.
Desde que era adolescente, la responsabilidad la ha marcado. A los 16 años, tras perder a su mamá, cumplió la promesa de criar a sus tres hermanos (de 5 meses, 10 y 13 años) mientras terminaba el bachillerato.
A los 17 años ya había logrado impulsar un proyecto para familias de su parroquia, en Venezuela, quienes caminaban larguísimas distancias para obtener agua. Así recuerda cómo se construyó el primer tanque de almacenamiento de 24.000 litros en la zona, garantizando el acceso a agua potable a esa comunidad.
Con años de experiencia en el trabajo social y la docencia a cuestas, esta lideresa venezolana no detuvo su formación en Colombia. Se tituló como técnica media en Gestión Social y actualmente cursa una licenciatura, todo ello sin abandonar el trabajo en las calles ni su vocación de servicio.
Es mediodía y Felipa se despide. Baja deprisa por una barriada del noroccidente de Cúcuta hacia casa de los Rosales*, padres migrantes venezolanos, quienes han pedido su compañía y orientación frente al acoso escolar que sufre su niño Javier*.
Levantarse y liderar, aunque a veces duela
La madrugada del 5 de agosto de 2016, tanquetas y militares con fusiles irrumpieron en la Central Mayorista de Valencia (Carabobo), a unos 172 km de Caracas.
Mariana*, con 19 años, trabajaba en ese centro de abastecimiento expendiendo verduras para costear sus estudios y sostener el hogar. Su primera niña tenía solo dos años de edad. Toda su mercancía fue incautada en esa operación militar.
Ese 2016 fue uno de los años de mayor conflictividad social en Venezuela, agravada por la aguda crisis de desabastecimiento y carestía de alimentos y medicinas. Fue también el año en el que la desesperación la llevó a aceptar “un trabajo en Colombia” ofrecido por una vecina del barrio.
Al cruzar la frontera todo fue muy vertiginoso.
“Me quitan el pasaporte, la cédula… y empezaron a cobrar el dinero de lo que se habían gastado en mi viaje desde Valencia para acá”, recuerda.
Había sido captada por una red de trata que la mantuvo sometida a explotación sexual entre Cúcuta y la costa Caribe colombiana, junto con otras migrantes.
“El dueño de ese bar tenía muchos negocios. Había mujeres extranjeras de otros países. Yo no sé mucho en inglés, pero sé que “help” significa “ayuda”. Estaban muy golpeadas”, dice.
De Cartagena escaparon, pero en la travesía intentando cruzar a Venezuela fue robada en una trocha. Sin ruta de atención, sin saber a dónde ir, quedó sometida a contextos de prostitución de nuevo en Cúcuta.
Con los años, el padre de su segunda niña se convirtió en un agresor extremo, a tal punto que la violencia la dejó internada en un hospital de esa ciudad por más de 15 días con graves afectaciones físicas y psicológicas.
Lejos de sentirse protegida por las instituciones en Colombia, el sistema judicial falló a favor del perpetrador, perdiendo la custodia de su niña y, pese a tener un estatus migratorio regular, la amenazaba constantemente con pedir su deportación.
Sin dinero ni apoyo de ningún tipo, a finales de 2018 decidió irse a pie a Bogotá en busca de empleo. Se unió a un grupo de caminantes migrantes que transitaba desde la capital de Norte de Santander hacia otras ciudades colombianas y a terceros países.
En el ascenso a la cordillera oriental de los Andes, el terror de los fusiles volvió a aparecer en su vida. En un trayecto del Páramo de Berlín, uno de los tramos más duros de la ruta migratoria, fueron interceptados por un grupo armado ilegal que opera en el área y llevados rumbo a una zona apartada.
“Nos bajaron del camión, nos hicieron caminar agarrados de la mano uno con otro, viendo hacia abajo, que no podíamos verles las caras a ellos. Uno de los muchachos sale corriendo porque nos iban a hacer arrodillar. El muchacho dice, ‘Yo no me voy a arrodillar a nadie que no sea Dios’”, relata.
Fue justo cuando Mariana presenció el asesinato de tres de sus compañeros migrantes con los que había caminado durante días y el reclutamiento forzado de otro, al tiempo que sufrió en carne propia la violencia sexual de los hombres armados contra ella y otras dos mujeres más, incluyendo a una joven embarazada que perdió a su bebé allí en el sitio.
Tras establecerse nuevamente en Norte de Santander, su búsqueda de justicia, reparación y sanación han sido procesos complejos. Con el paso de los años y después de formar una familia nuevamente sortea “un día a la vez”.
Asumió el liderazgo en medio de su experiencia migratoria, en favor de la comunidad donde se asentó y comenzó a ser motor de cambio.
“Mi fuerte en toda esta situación que he vivido, ha sido mantenerme por la comunidad y por las mujeres, también por las niñas. He visto a niñas como mi hija, en el centro, vendiendo su cuerpo”, admite.
Son las 4:00 de la tarde y en la vivienda de Mariana las altas temperaturas en el barrio fronterizo donde habita no impiden que migrantes y colombianas lleguen con sus niños a la reunión en la que planean una feria binacional de emprendimiento, incluyendo a desplazados internos.
“Aquí me he sentido acogido, como en familia, como un hogar”, cuenta Ender*, un colombiano desplazado tras el recrudecimiento de la guerra en el Catatumbo, en 2025.
“Es una labor impresionante la que hace… reunirnos, empujarnos. Ella empieza a llamarnos una por una. Esta asociación nos ayuda a abrir más puertas, más oportunidades”, cuenta Liliana*, una madre colombiana cabeza de familia, quien tras quedar viuda asumió sola las riendas de su casa y a la que el ímpetu de Mariana la ha acompañado en su proceso.
Mariana ha desarrollado una habilidad que ha ido entrenando con múltiples procesos de formación, pero, también, luego de entender el nombre de cada violencia vivida. Esto, pese a que aún sigue el viacrucis institucional para visibilizar su caso como víctima de trata y ser reconocida como víctima del conflicto armado.
Ella es lo más parecido a un faro. Constantemente sabe detectar y activar rutas de atención en situaciones de riesgo o vulneraciones en las mujeres, niñas, niños y adolescentes que atiende.
“Trabajo con un grupo de entre 70 y 80 mujeres colombianas víctimas de explotación sexual desde pequeñas; de explotación por grupos armados, víctimas de desplazamiento y de violencia basada en género, tanto migrantes como colombianas”, explica.
Las mujeres y la infancia son el centro de su lucha, una misión que le sigue dando sentido a su vida.
Y es que el panorama de protección en Colombia para las migrantes y refugiadas es desalentador. Pese al subregistro, en los últimos ocho años (2019-2026) se han reportado 40.966 casos de violencia física, sexual y psicológica contra niñas y mujeres venezolanas. En 2026, se contabilizaron 4.735 víctimas: un promedio de 15 niñas y mujeres venezolanas fueron violentadas por día, entre enero y octubre de este año.
Sin embargo, los años más críticos han sido entre 2023 y 2024, en los que diariamente 18 mujeres y niñas migrantes fueron víctimas de algún tipo de violencia. En relación a la violencia sexual, en los últimos ocho años se han registrado casi 12.000 casos (acceso carnal, acoso sexual, actos sexuales, explotación sexual y trata de personas), según se desprende del último corte de cifras del Observatorio Nacional de Violencias de Género, consultado por el equipo de Laboratorio Migrante.
El viaje más largo para levantar vuelo
La decisión en secreto que tomó Nayleth Useche iba más allá de la libertad. Era ya un asunto de supervivencia. Casi a tientas, dejando atrás a sus afectos, despojándose de sus cosas más valiosas y llevando consigo a su hija menor, emprendió en 2021 una huida de más de 500 kilómetros por tierra, desde su hogar, en el estado Lara (centro occidente de Venezuela) hacia la frontera con Colombia.
Con un llanto intermitente, la ruta se le hizo eterna, pero nunca como el historial de atropellos y violencia al que estuvo sometida durante décadas y del cual no tuvo más opción que escapar.
“Sabía que tenía que salir, entonces dije: ¡No más! Para mí fue definitivamente una nueva vida. No sabía lo capaz que yo era hasta que salí”, confiesa.
El temor de ser arrastradas por el caudal del río Táchira y la asechanza de actores armados en la trocha, amos y señores de los pasos clandestinos para entrar a Colombia, fueron la última prueba de fuego. Y como si no hubiese sido suficiente, las despojaron a ambas de la única maleta con ropa y los títulos académicos que llevaban consigo.
Estrechar los brazos de su hija mayor, que la esperaba del otro lado de la frontera, fue la recompensa a su coraje. No era la tierra prometida, pero el asentamiento Valles de Jerusalem, en Cúcuta, terminó convirtiéndose en el lugar que las acogió y a donde Nayleth llegó a desarrollar su talante de lideresa, para convertirse en refugio y guía para otras mujeres y niñas colombianas y migrantes forzadas como ella y sus hijas.
Aunque logró huir de la violencia machista y luego enfrentó en tierra ajena las peores caras de la xenofobia y el trabajo servil, supo imponerse y encontrar un propósito de vida.
“Mi dolor y mi experiencia sirven para que hoy otras mujeres no pasen por lo que yo pasé. Se llama empatía. Aprendimos mucho, nacimos de la nada y de la necesidad al mismo tiempo”. Así relata cómo fundó la Corporación de Mujeres Venezolanas en Cúcuta (Corpmuve), referente en esta ciudad fronteriza.
Es sábado a mediodía en Valles de Jerusalem y Nayleth no para. Junto a sus hijas y otras colaboradoras despiden a un grupo de madres que recibe formación sobre prevención de violencia de género, para saber cómo detectarla y cómo denunciarla. Se llama “Ámate”, un espacio protector en un país donde la violencia no da tregua.
Solo en lo corrido de 2026, más de 96.000 casos de violencia contra mujeres y niñas han sido reportados al Sistema de Vigilancia de Salud Pública, entre los cuales, 47.595 corresponden a violencia física, 27.022 a violencia sexual y casi 12.000 a violencia psicológica, de acuerdo con cifras actualizadas del Observatorio Nacional de Violencias de Género.
María del Pilar Cárdenas, docente e investigadora de la Universidad Minuto de Dios también ha asistido al lugar con un grupo de estudiantes para conocer la experiencia liderada por Nayleth.
“Es un proceso que llama a la integración territorial. Son liderazgos que nacen desde la necesidad y la experiencia propia. El servicio es de acompañamiento, basado en el cuidado y el autocuidado”, explica.
El impacto del liderazgo de Nayleth está siendo tomado como caso de estudio en una investigación. La institución de la que hace parte Cárdenas busca identificar de qué manera las familias de la comunidad perciben sus necesidades, acceden a sus derechos y cómo el consultorio social de esta universidad puede apoyarlas.
Las horas avanzan y el sol se vuelve inclemente en este asentamiento de la Comuna 8. Debajo de grandes toldos, en un parque de juegos junto a la casa de Nayleth, se van agolpando cantidad de niñas, niños y adolescentes de la comunidad. Trabajarán en una huerta.
Son casi 50, entre colombianos, migrantes forzados y otros colombo-venezolanos, incluyendo a desplazados por la guerra. La algarabía llena el lugar cada sábado. Por varias horas quedan bajo el cuidado del proyecto ALAS (Aprende, Lidera, Ama y Sueña).
“A las mamás les gusta mucho que sus niños estén aquí. Les enseñamos valores, las ayudamos un poquito, trabajamos con ellos las tareas cuando ellas no pueden”, relata Nayleth, a quien la formación recibida le permite detectar riesgos o vulneraciones que puedan estar afrontando los menores de edad que acuden a ese espacio de protección, pero también en su barrio.
Su comunidad no escapa al acecho de las redes de trata de personas con fines de explotación sexual, tanto presencial como digital. Recientemente, tras la articulación con vecinos y autoridades lograron la detección y el desmantelamiento de un estudio webcam clandestino, en el que adolescentes de otras zonas eran explotadas.
“Incluso, logramos detectar cuando una de las niñas que tenían en ese lugar trataba de captar a otra. Por miedo, la madre de esa niña a la que trataban de convencer se mudó”, contó.
Su trabajo como lideresa no la ha librado de ser blanco de hostigamiento y amenazas por parte de los perpetradores de mujeres víctimas a quienes ha logrado proteger, sin embargo, confiesa que sigue más firme que nunca en su misión.
El costo de liderar en el exilio
Camila Rojas, psicóloga e investigadora en memorias colectivas y derechos humanos, explica la importancia de cómo las lideresas migrantes venezolanas en esta zona fronteriza han forjado su liderazgo capacitándose en derechos y rutas de atención.
“Sin embargo, este trabajo comunitario es invisibilizado y no remunerado, y quedan expuestas a nuevas formas de violencia y discriminación”, lamenta.
Rojas concluye que esta sobrecarga en entornos hostiles las lleva a agotar su resistencia emocional, desencadenando muchas veces estados de ansiedad, depresión, estrés postraumático o trastornos del sueño que requieren atención profesional.
Mujeres venezolanas que han huido a Colombia para salvarse de la violencia machista ante el desamparo institucional, nunca consiguieron en su país un sistema que las protegiera. Apenas el 2 de noviembre de 2026 se firmó en Venezuela el reglamento de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Activistas señalan que llega con 19 años de retraso desde su promulgación en 2007, evidenciando una deuda histórica también con quienes migraron buscando protección.
En Norte de Santander y otros departamentos, se desarrolla la Escuela de Derechos y Fortalecimiento de Liderazgos Comunitarios, impulsada por la Fundación Refugiados Unidos, iniciativa que forma a migrantes y lideresas en derechos, rutas de protección, género, salud y autocuidado, con el fin de fortalecer sus redes de apoyo y su capacidad para conectar a sus comunidades con las instituciones y servicios disponibles.
Según esta oenegé, entre abril y octubre de 2026, el proyecto acompañó en el departamento a 863 mujeres de las cuales 725 eran migrantes (218 residentes en Cúcuta). Adicionalmente les han podido brindar atención psicológica, asesoría jurídica para la regularización y asistencia humanitaria.
*Los nombres de algunas lideresas, integrantes de sus comunidades, barrios y asentamiento receptores fueron cambiados para salvaguardar su integridad.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion
