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Colombia
Abogados de Jorge Alfredo Vargas no han pedido reserva de imputación
Este lunes será imputado por presuntos hechos de acoso sexual que habrían ocurrido entre 2024 y 2026.
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Colprensa
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Lunes, 3 de Agosto de 2026

Los abogados Juan David Bazzani y María Paulina Riveros serán quienes defiendan al periodista y expresentador de televisión Jorge Alfredo Vargas, investigado por presunto acoso sexual por hechos ocurridos entre 2024 y 2026.

A través de un comunicado, ambos aclararon que no han pedido la reserva de la audiencia que se llevará a cabo este lunes ante el Juzgado 42 Penal de Control de Garantías de Bogotá.

Por los hechos por los que será imputado, Caracol Televisión rescindió su contrato. Hizo lo mismo con Ricardo Orrego.

“Después de 20 años de trabajo para Caracol Televisión, decidimos, de común acuerdo, dar por terminada mi relación laboral con la empresa, dada la coyuntura y la posición institucional, la cual resulta entendible”, expresó en su momento el presentador.


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En su pronunciamiento, divulgado a través de su cuenta de la red social X, Vargas explicó que su comportamiento siempre se rigió por los parámetros del respeto y aclaró que, si alguna persona interpretó sus actitudes de manera diferente, jamás albergó el propósito de causar daño.

El escándalo en el canal privado mostró un panorama profundo de intimidación corporativa que, según alertó la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), no es exclusivo de esta cadena, sino que constituye un patrón sistemático documentado desde hace varios años en medios como RCN y el sistema público RTVC, promoviendo la autocensura de las víctimas.

La organización no gubernamental explicó que la impunidad frente al acoso adquiere mayor gravedad cuando los presuntos responsables ostentan posiciones de poder, referenciando de manera directa el caso de Hollman Morris, actual gerente de RTVC, quien fue denunciado por hechos ocurridos en su etapa como concejal por Lina Marcela Castillo, mujer que paradójicamente enfrenta hoy un proceso por injuria y calumnia en un escenario judicial marcado por la presencia intimidatoria de contratistas del Estado.


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