Con información de Vanguardia 

La seguridad de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) volvió a quedar en el centro de la discusión tras los recientes ataques contra trabajadores de la institución y el traslado de internos considerados de alto perfil a diferentes cárceles del país.

Jimmy Alexander Suárez, presidente del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (Seup), que agrupa a cerca de 3.000 trabajadores, hizo un llamado al Gobierno nacional para atender lo que considera una situación crítica dentro del sistema penitenciario.

Uno de los principales problemas señalados por el dirigente sindical es el déficit de personal para atender a la población privada de la libertad.

Según Suárez, actualmente hay alrededor de 18.000 funcionarios, entre personal administrativo y guardianes, para atender a más de 102.000 personas privadas de la libertad condenadas y unas 22.000 sindicadas.

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El dirigente explicó que la situación se vuelve especialmente compleja en algunos establecimientos, donde un solo funcionario debe encargarse de grandes cantidades de internos.

“En cárceles como La Picota, Girón y la Modelo de Bogotá hay pabellones que albergan entre 700 y 800 privados de la libertad, manejados por un solo guardián”, señaló Suárez, según la entrevista publicada por Vanguardia.

En la noche la carga aumenta

La situación, de acuerdo con el sindicato, se agudiza durante los turnos nocturnos.

Suárez aseguró que un guardián puede tener bajo su responsabilidad dos pabellones, lo que representa hasta 1.600 personas privadas de la libertad bajo la vigilancia de un solo funcionario.

A esto se suma que, aunque los entes territoriales tienen responsabilidad sobre las personas sindicadas, en la práctica el Inpec también termina asumiendo parte de esa población.

Para el sindicato, el déficit de personal no solo representa una dificultad para los trabajadores, sino que también puede afectar la seguridad de los establecimientos y el cumplimiento de los procesos de resocialización.

Preocupación por los ataques contra guardianes

La denuncia se produce en medio de una serie de hechos violentos que han aumentado la preocupación entre los funcionarios penitenciarios.

Según Suárez, en los últimos años 35 trabajadores del Inpec han sido asesinados. Además, aseguró que durante la última semana se registraron cuatro atentados en diferentes ciudades, con tres personas heridas y dos fallecidas.

Entre los hechos recientes está el asesinato del inspector Efraín Quesada Urrego, ocurrido cerca de la Penitenciaría de Mediana Seguridad de Palogordo, en Girón, Santander.

Días después, otro funcionario del Inpec, Wilber Ferney Martínez Sana, quien hacía parte del equipo de guardianes de la cárcel La Paz, en Itagüí, también fue asesinado.

Estos hechos incrementaron la preocupación de los trabajadores, especialmente después de que el Gobierno ordenara el traslado de internos considerados de alto perfil desde Itagüí hacia diferentes establecimientos penitenciarios del país.

Traslado de internos genera preocupación

El sindicato también cuestionó las condiciones en las que se realizan algunos traslados de personas privadas de la libertad.

Suárez señaló que estas decisiones pueden generar nuevos escenarios de riesgo para los trabajadores cuando no están acompañadas de suficientes garantías de seguridad ni de una directriz clara para los funcionarios encargados de ejecutarlas.

Uno de los casos que genera preocupación es el de la cárcel de Palogordo, en Girón, establecimiento al que llegaron recientemente 17 internos trasladados desde Itagüí.

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De acuerdo con el dirigente sindical, el centro penitenciario enfrenta dificultades de infraestructura, acceso y mantenimiento, además de un déficit de personal.

Nuevas cárceles, pero sin suficiente personal

Otro de los cuestionamientos del sindicato está relacionado con la ampliación de la infraestructura carcelaria del país.

Suárez aseguró que están proyectados o próximos a entrar en funcionamiento diez nuevos establecimientos penitenciarios, entre ellos uno en Riohacha con capacidad aproximada para 5.000 internos.

Sin embargo, advirtió que el problema es que no existe suficiente personal para operar estas nuevas instalaciones.

“Son más responsabilidad para los trabajadores del Inpec, pero menos apoyo”, sostuvo el dirigente.

Para el sindicato, la discusión no puede limitarse a construir más cárceles o trasladar internos, sino que debe incluir el fortalecimiento del personal encargado de la custodia, administración y resocialización.

Palogordo también enfrenta dificultades

En el caso de la cárcel de Palogordo, el sindicato señaló que el establecimiento es considerado de alta seguridad, pero requiere inversiones en mantenimiento.

Entre las dificultades mencionadas está el estado de la vía de acceso, que, según Suárez, se encuentra en malas condiciones y dificulta el desplazamiento de funcionarios y vehículos.

También cuestionó la puesta en funcionamiento de un nuevo pabellón, identificado como pabellón 10, debido a que, según afirmó, todavía no existe claridad sobre el régimen que tendrá, los internos que serían trasladados allí ni el personal adicional que se necesitaría para su operación.

A esto se suma, de acuerdo con el sindicato, un déficit en el suministro de agua.

El llamado al Gobierno

Ante este panorama, el Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios pidió al Gobierno nacional escuchar las preocupaciones de los trabajadores y adoptar medidas para fortalecer el sistema.

Suárez aseguró que la organización ya radicó ante el nuevo Gobierno un documento con propuestas relacionadas con el funcionamiento del Inpec y la política penitenciaria.

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El dirigente insistió en que los trabajadores no son quienes diseñan la política criminal o penitenciaria del país, sino quienes deben ejecutarla.

Por ello, el sindicato reclama que las decisiones relacionadas con traslados, apertura de nuevos establecimientos y manejo de la población privada de la libertad estén acompañadas de mayores garantías de seguridad y suficiente personal.

El llamado ocurre mientras el sistema penitenciario enfrenta, además, un problema de hacinamiento que, según las cifras entregadas por el sindicato, ronda el 50 % a nivel nacional.

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