Aunque la tragedia causada por el terremoto del pasado lunes truncó el acompañamiento del entrante gobierno del presidente Abelardo de la Espriella al congreso anual de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), en Cartagena, la agremiación y sus afiliados no desaprovecharon el escenario para plantear una serie de ideas sobre el rumbo que en diversos frentes clave deberá adoptar el país.

Seguridad energética, ajustes a los sistemas de salud y pensional, agricultura, transporte y turismo hacen parte del inventario de tareas que el nuevo gabinete debe ejecutar, a la vez que atiende las urgencias derivadas del movimiento telúrico de inicios de la semana, que afectó principalmente al Eje Cafetero, Chocó y el Valle.

En el discurso de clausura, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, insistió en la necesidad de recuperar la confianza, impulsar el crecimiento y construir acuerdos de largo plazo que trasciendan los gobiernos.

Colombia atraviesa un momento que puede marcar un punto de inflexión en su historia y que exige decisiones capaces de trascender la coyuntura. Esa fue una de las principales conclusiones del dirigente gremial durante la clausura del congreso.

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En su intervención, Mac Master planteó que el país tiene la oportunidad de definir qué nación quiere construir y llamó a empresarios, Gobierno y sociedad a trabajar alrededor de un propósito común. “Nosotros tenemos en este momento en nuestras manos la posibilidad de decidir hacia dónde vamos y qué hacemos”, afirmó.

El dirigente gremial sostuvo que el reto no consiste únicamente en resolver los problemas económicos inmediatos, sino en recuperar la confianza, fortalecer las instituciones y establecer una estrategia de desarrollo que pueda mantenerse durante décadas.

Gobierno y empresas, en la misma dirección

Uno de los mensajes centrales de su discurso fue la necesidad de superar la confrontación entre política y economía. Mac Master sostuvo que ambas deben tener como propósito común el interés general. “La buena política y la buena economía tienen exactamente el mismo propósito: servir al interés general de la nación”, aseguró.

En ese esquema, dijo, el Estado tiene una responsabilidad fundamental como habilitador del desarrollo. Esto implica garantizar seguridad, infraestructura, justicia, disciplina fiscal, estabilidad económica y reglas claras, además de simplificar las regulaciones cuando sea posible y fortalecer el Estado de derecho.

El sector privado, por su parte, no debe ser visto únicamente como un conjunto de unidades económicas. Según Mac Master, las empresas también cumplen una función social mediante la generación de empleo, inversión, innovación y oportunidades.

“Cada empresario que decide invertir está diciendo con hechos fehacientes y concretos que cree en Colombia”, enfatizó.

La complejidad del problema eléctrico

Ricardo Arango, gerente de Afinia, filial de EPM que presta el servicio de energía en buena parte del Caribe, planteó cuatro medidas para resolver los problemas estructurales del sector, principalmente en esa parte del país, y advirtió que la situación no puede atribuirse únicamente al operador de red.

La crisis del servicio de energía eléctrica en el Caribe colombiano requiere una respuesta de política pública y no puede reducirse a los problemas de recaudo o a las pérdidas de los operadores.

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Arango planteó al Gobierno un paquete de medidas que incluye soluciones de liquidez, un eventual régimen regulatorio diferencial para la región y mayores inversiones en infraestructura.

Aseguró que Afinia volvió a presentar sus propuestas a la ministra de Energía, María Nohemí Arboleda, en una reunión celebrada el jueves y confió en que el nuevo Gobierno pueda acelerar la adopción de mecanismos que permitan atender las particularidades económicas y sociales del Caribe.

“Tenemos la solución, estamos en el camino de la solución”, sostuvo el directivo, al resumir su planteamiento en cuatro grandes frentes: adaptar el servicio a las condiciones socioeconómicas de la región, eliminar las zonas eléctricamente subnormales, impulsar las inversiones en infraestructura y vincular de manera más activa a los gobiernos territoriales.

Para Arango, el primer paso es reconocer que el Caribe enfrenta condiciones socioeconómicas diferentes a las de otras regiones del país, con mayores niveles de informalidad y desempleo y menores ingresos.

Según sus cifras, el ingreso per cápita observado en 2024 era cercano a $760.000 en la región Andina, frente a unos $450.000 en el Caribe. Esa diferencia, explicó, tiene efectos directos sobre la capacidad de pago de los usuarios.

“Hay que reconocer que en el Caribe hay un nivel estructural socioeconómico inferior que en otras regiones del país”, afirmó.

El gerente de Afinia ha señalado que cerca del 92% de la subnormalidad eléctrica del país se concentra en la región Caribe y que una proporción similar de su base de usuarios corresponde a estratos 1, 2, 3 o zonas subnormales.

Ante esta realidad, una de sus propuestas es masificar el esquema de energía prepago, que permitiría a los usuarios adquirir el servicio de acuerdo con su capacidad de pago.

Afinia cuenta actualmente con cerca de 70.000 clientes bajo esta modalidad y espera elevar esa cifra a entre 400.000 y 450.000 usuarios en 2030, según Arango.

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Buscando las curas para el sector salud

Los exministros de Salud Fernando Ruiz y Alejandro Gaviria coincidieron en que Colombia enfrenta una doble tarea: atender la emergencia actual y resolver los problemas estructurales que arrastra el sistema sanitario.

Ruiz, quien estuvo al frente de la cartera durante la pandemia de covid-19, señaló que la afectación inmediata de la actual emergencia, en términos de mortalidad y personas heridas, pudo haber sido mucho mayor. Sin embargo, advirtió que ahora vienen desafíos de más largo plazo, como la reconstrucción de la infraestructura hospitalaria, que podría tomar varios años, y la atención de la salud mental.

El exministro explicó que Colombia enfrenta además una “sindemia”, producto de la acumulación de enfermedades crónicas y las dificultades de acceso a los servicios. A su juicio, esta situación puede generar una emergencia estructural que no debe quedar relegada mientras se atiende la coyuntura del terremoto.

Gaviria, por su parte, destacó la necesidad de recuperar una cultura de cooperación entre los actores del sistema. Recordó que la pandemia permitió entender la importancia de preservar la protección financiera en salud y advirtió que, sin una amenaza externa, el sector podría volver a los enfrentamientos entre sus distintos participantes.

Para el exministro, el Gobierno debe enviar un mensaje de confianza y garantizar un regulador confiable, con decisiones basadas en evidencia. También planteó tres retos: avanzar en una priorización explícita de tecnologías y servicios, adaptar el sistema a las diferencias entre las regiones y acelerar su transformación digital.

Gaviria advirtió además que la transición de Gobierno dificulta la atención de la emergencia, por lo que pidió fortalecer la comunicación con las entidades territoriales y proteger a los funcionarios que mantienen las capacidades del Estado. Ambos exministros coincidieron en que la crisis debe servir para reconstruir capacidades y fortalecer el sistema de salud de cara al futuro.

Los desafíos en pensiones, en la cancha legal

La decisión de la Corte Constitucional será determinante para definir el futuro de la reforma pensional, mientras los fondos privados y expertos en el tema llaman a los afiliados a mantener sus c|otizaciones y esperar el pronunciamiento del alto tribunal.

Juan David Correa, presidente de Protección, aseguró que existe una expectativa positiva frente a la reforma, al considerar que Colombia necesita un sistema que fortalezca sus tres pilares: cobertura, sostenibilidad y equidad. “Esperaremos qué resulta de la decisión de la Corte y, dependiendo de esa decisión, qué sigue para la reforma pensional”, afirmó.

Correa señaló que, mientras la Ley 100 continúe vigente, los afiliados no deben tomar decisiones distintas a seguir ahorrando. Recordó que más de 160.000 colombianos utilizaron la ventana de oportunidad para revisar su situación mediante doble asesoría y que quienes se trasladaron hasta el 16 de julio deben tener tranquilidad, pues se trató de una posibilidad establecida por la ley.

Sobre los recursos que debían trasladarse de los fondos privados a Colpensiones, Correa explicó que el decreto que establecía esa obligación está suspendido por una medida cautelar del Consejo de Estado. Por ello, esos traslados no se han realizado. En cuanto a la inversión extranjera, indicó que el decreto continúa vigente y contempla una implementación gradual hasta 2030.

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Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones, también pidió esperar la decisión de la Corte. Consideró que, ante las dificultades fiscales y las prioridades en salud y seguridad, “no es el momento” de impulsar una nueva reforma pensional.

Olivera respaldó el paso hacia un sistema basado en pilares, aunque habría preferido un umbral de cotización más bajo. A su juicio, salvo algunos artículos, como los relacionados con regímenes especiales, la Corte debería declarar la exequibilidad de la reforma.

Sobre los traslados realizados antes del 16 de julio, Olivera sostuvo que son efectivos y no deberían reversarse. Afirmó que mantener esta posibilidad permitió a los colombianos cambiar de régimen sin acudir a procesos judiciales y tuvo un impacto social significativo.

El campo espera por mejoría en sus condiciones

El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Bedoya, señaló que la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto y una agenda de ajustes regulatorios deben estar entre las prioridades del nuevo Gobierno.

Bedoya explicó que, aunque existen afectaciones importantes en zonas rurales, la seguridad alimentaria del país no está en riesgo. A su juicio, la recuperación debe convertirse en un esfuerzo nacional que articule al Gobierno y al sector privado.

“Lo primero es que lo que se viene es enfocarnos en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Obviamente también hay zonas rurales que se han visto muy afectadas”, afirmó.

El dirigente gremial también puso sobre la mesa una agenda regulatoria que, según dijo, incluye derogatorias y modificaciones a medidas adoptadas durante el Gobierno anterior que considera inconvenientes para el sector agropecuario.

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Bedoya sostuvo que se debe “recuperar el terreno y el tiempo que se perdió” y aseguró que la SAC está dispuesta a trabajar con el presidente de la República, la vicepresidenta y los nuevos ministros.

El gremio, agregó, ya entregó propuestas al Gobierno desde noviembre del año pasado y espera que la nueva administración evalúe esas iniciativas para definir cuáles incorpora dentro de su agenda para el campo.

Frente a las prioridades del sector, Bedoya diferenció entre asuntos estructurales y coyunturales. Entre los primeros mencionó las propuestas contenidas en el documento “43 caminos para cumplirle al campo”, elaborado por la SAC.

Según el dirigente, entre los principales retos estructurales están la seguridad física, la seguridad jurídica y la provisión de bienes públicos rurales, como infraestructura y servicios necesarios para mejorar las condiciones de producción.

En el frente coyuntural, Bedoya destacó para los exportadores el comportamiento de la tasa de cambio y el incremento de los costos de producción.

También cuestionó el impacto que tuvo el aumento del salario mínimo definido durante el Gobierno de Gustavo Petro sobre los costos empresariales del sector agropecuario.

A esto sumó la situación institucional y defendió la necesidad de preservar la parafiscalidad del sector, además de realizar ajustes regulatorios.

“Lo bueno es que todo eso está escrito”, afirmó Bedoya, quien señaló que ahora corresponderá al nuevo ministro de Agricultura y su equipo evaluar las propuestas presentadas por el gremio.

El presidente de la SAC aseguró que el sector privado mantendrá su disposición para aportar propuestas y acompañar al Gobierno en las decisiones que considere necesarias para fortalecer el agro colombiano.

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