En la mañana de este miércoles se registró un ataque con drones contra el radar 3D de la Aeronáutica Civil instalado en el corregimiento de El Carmelo, zona rural de Candelaria, Valle del Cauca.
Habitantes del sector reportaron haber escuchado al menos tres explosiones.
Al verificar lo ocurrido, encontraron que los artefactos explosivos habrían sido dirigidos contra la estructura donde opera el sistema de vigilancia aérea.
La Alcaldía de Candelaria confirmó que en el sector se escucharon cuatro explosiones.
La administración municipal indicó que, hasta el momento, no hay personas afectadas. La zona fue acordonada y será inspeccionada por expertos antiexplosivos de la Policía y el Ejército, quienes determinarán las circunstancias del hecho y posibles daños en la infraestructura.
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La alcaldesa Gessica Vallejo Valencia convocó un a consejo extraordinario de seguridad para evaluar la situación y coordinar acciones con las autoridades departamentales.
Por ahora, no se ha establecido oficialmente quién estaría detrás del ataque ni el alcance de las afectaciones al radar.
Ataques con drones ha aumentado 146 %
Entre el zumbido de una abeja y el de un dron puede estar la diferencia entre la vida y la muerte.
En las zonas rurales de Colombia, ese sonido se ha convertido en una señal de alerta para comunidades que desde hace varios años enfrentan ataques con estos artefactos cargados de explosivos. Y nadie parece frenarlo. Solo entre enero y mayo de 2026, los ataques con drones aumentaron un 146 %.
Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo, en un informe en el que además revela una transformación de las dinámicas del conflicto armado y plantea nuevos desafíos para la protección de las comunidades.
La entidad también advirtió que esta práctica no se limita a escenarios rurales, sino que puede presentarse en entornos urbanos, aumentando la exposición de la población civil.
Según los datos, entre enero y mayo de 2026 se reportaron ataques contra 14 viviendas, tres instituciones educativas y dos estaciones de servicio.
De acuerdo con la Defensoría, los habitantes de las zonas afectadas muchas veces no pueden determinar si un dron que sobrevuela sus comunidades está siendo utilizado para labores de vigilancia o si transporta explosivos.
De ahí que vivir en estas zonas obligue a sus habitantes a estar en constante miedo, estrés, alteraciones del sueño y una sensación permanente de desprotección.
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Entre los principales actores armados que utilizan estos artefactos están las disidencias de las Farc. En los últimos años, estos grupos han fortalecido su capacidad de guerra y adoptado tácticas que también han sido utilizadas en conflictos como los de Rusia y Ucrania. Esta práctica ha aumentado el poder destructivo de los ataques, provocado mayores afectaciones y dejado a la Fuerza Pública en una situación de creciente vulnerabilidad.
Justamente, el incremento de estas amenazas abrió un nuevo frente para las empresas de tecnología especializada en seguridad. Axon, multinacional estadounidense con presencia en el país, ya tiene desplegados sistemas antidrones en bases del Ejército y la Fuerza Aérea y espera que se reactive el proyecto del escudo nacional antidrones.
“Los ataques van a seguir constantemente y cada vez más. Entonces, los soldados y la fuerza pública y militar necesitan protegerse y estar a la vanguardia de lo que los grupos al margen de la ley tienen hoy en día como ventaja”, afirmó Fernando Vegas Cueto, Country Manager de Axon para Colombia y Centroamérica.
Lo cierto es que estos ataques cada vez ocupan un lugar más frecuente en la agenda nacional. Una muestra de ello ocurrió días atrás, cuando un explosivo lanzado desde un dron dejó siete personas heridas, entre ellas cuatro menores de 9, 10, 15 y 16 años, en el corregimiento de Asnazú, en Suárez, Cauca. Los otros tres afectados fueron adultos de 18, 33 y 59 años.
La gravedad de la situación también quedó reflejada esta semana, cuando las autoridades contabilizaron 47 ataques con drones en ocho municipios del Cauca, además de otros hechos violentos que han encendido las alarmas de las administraciones locales y de la Gobernación.
Tomado de El Colombiano.
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