El incendio registrado en la madrugada del martes en la cárcel de Tuluá, que ocasionó la muerte de 53 reclusos, volvió a plantear los graves problemas que se viven en las cárceles del país, no solo por el hacinamiento sino por las graves deficiencias que presentan en infraestructura.
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Luego de permanecer por más de dos días en el centro penitenciario, una comisión de la Procuraduría concluyó que la edificación no cumplía con las condiciones mínimas para la vida en reclusión. La estructura, que incluye 3 pabellones y dos corredores, data de 1972, carece de correcta iluminación y ventilación. La conclusión fue que se debía evaluar el cierre de la parte antigua de la cárcel.
Y las condiciones de este centro penitenciario, no son muy distintas de las que se encuentran en muchas cárceles del país.
De acuerdo con el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo, el estado de las cárceles en Colombia es bastante precario. Además del hacinamiento, las instalaciones suelen carecer de ventilación y tienen muy pobres condiciones de salubridad, lo que provoca enfermedades y también propicia riñas y amotinamientos por parte de los reclusos.
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La situación de hacinamiento se ha extendido también a los centros de detención transitoria URI, que, de acuerdo con la Defensoría, alcanzan niveles de 835.6%, en Bucaramanga; 590%, en Santa Marta; 553.4%, en Bogotá; 491.4% en Cúcuta; 333.7% en Riohacha; 293.3% en Medellín, y 274.3% en Cali.
Esta situación ha llevado a la Corte Constitucional a declarar un estado de cosas inconstitucional en materia de cárceles, que sigue sin resolverse.
De acuerdo con la Corte, no se trata solo de un problema de infraestructura sino que, en general, “la política criminal colombiana es reactiva, sin fundamentación empírica, con tendencia al endurecimiento punitivo, poco reflexiva, inestable, inconsciente, volátil y subordinada a las políticas de seguridad”.
Infraestructura y resocialización
Según el INPEC actualmente hay 128 sitios de reclusión a nivel Nacional, que deberían cumplir con unas condiciones mínimos estipulados, para brindarle a los reclusos unas condiciones de calidad de vida, para que a su vez, los internos logren resocilizarse y posteriormente reintegrarse a la sociedad.
Javier Sarmiento, procurador delegado para la defensa de los derechos humanos que lideró la comisión de la Procuraduría que visitó la cárcel de Tuluá, asegura que “el sistema penitenciario y carcelario en Colombia ha ido evolucionando, de cárceles de primera, y segunda generación, construidas en los setenta, a cárceles de tercera generación.
Estamos buscando la acreditación a través de la asociación americana de correccionales ACA, por sus siglas en inglés. Sin embargo, persisten algunas fallas, es por eso que la Corte Constitucional ha declarado el estado de cosas inconstitucional de las cárceles”.
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Sin embargo, sin unas condiciones mínimas de seguridad y de vida digna, no solo es muy difícil pensar que pueda haber una verdadera resocialización, como lo exige la ley, sino que el riesgo de que vuelva a ocurrir una tragedia como la que se presentó en Tuluá siempre estará latente.
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