La Fiscalía General de la Nación llevará a cabo el próximo lunes 24 de agosto una audiencia de imputación de cargos por el delito de homicidio culposo contra cuatro personas vinculadas a la investigación por la muerte de Kevin Acosta, un menor que padecía hemofilia y cuyo caso desató cuestionamientos por una posible negligencia en la atención recibida en la Nueva EPS.

Entre los citados se encuentran Luis Óscar Galves Mateus, quien para entonces se desempeñaba como interventor de la Nueva EPS; Nelson Ramírez Plaza, en ese momento auditor de concurrencia y gerente regional; y las funcionarias Jessika Paola Triana Sagastuy y Diana Marcela Caballero Arias.

La investigación también está relacionada con la presunta filtración de la historia clínica del menor.

La investigación también derivó en la remisión de copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, con el propósito de que se determine si existen responsabilidades del expresidente Gustavo Petro por los presuntos delitos de violación agravada de datos personales y homicidio culposo.

La Fiscalía señala que Petro habría tenido la condición de garante dentro del proceso relacionado con la filtración de la historia clínica del menor.

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Cabe recordar que el caso de Kevin Acosta generó una profunda indignación a nivel nacional luego de que, en medio de un Consejo de Ministros, el encargado de la cartera de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el presidente Gustavo Petro aseguraran que su muerte se debió, entre otras cosas, a que la madre del niño lo dejó subir a una bicicleta y que este tuvo un accidente.

“Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos, es un tema de prevención. Pero hay que saber si el médico o el sistema de salud no enseña, pues las mamás no salen aprendidas, menos en niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”, dijo el entonces presidente Petro.

Y es que posteriormente se dio a conocer que, en el informe que la Nueva EPS publicó luego de su muerte, el menor habría fallecido a causa de un “trauma craneoencefálico severo accidental, que generó hemorragia intracraneal y edema cerebral difuso”, con progresión a muerte encefálica.

Sin embargo, según lo que determinó la Procuraduría, el fallecimiento del menor se determinó porque “la falta de suministro del medicamento conocido como EMICIZUMAB puso al niño en una situación clínica crítica”.

“Es de conocimiento nacional que el señor presidente de la República, al encontrarse en el departamento de La Guajira, en Uribia el día 17 de febrero de 2026 (...) refirió que la madre del menor era la responsable de estos lamentables hechos, primero, por haberse trasladado al departamento de Santander, por lo cual no recibió la dosis del mes de febrero, situación que no es de recibo, por cuanto la EPS estaba en la obligación de suministrarla”.

En ese sentido, el ente investigador también fue enfático en señalar que, en medio de las declaraciones del expresidente también se cometió otra falta: revelar detalles de la historia clínica del menor. Sobre aquel punto, la Fiscalía aseguró que el presidente “no se encuentra facultado legalmente para divulgar dicha información”.

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El ente investigador sostuvo además que las declaraciones habrían tenido como objetivo desvincular al Gobierno Nacional de cualquier responsabilidad por las demoras en la entrega de los medicamentos requeridos por el menor y, al mismo tiempo, atribuir esa responsabilidad a su madre en medio de la crisis que atraviesa el sistema de salud.

Algo que, en concepto de la Fiscalía, no es correcto.

Ante el llamado a imputación, la familia de Kevin Acosta pidió que el Congreso le revoque a Gustavo Petro el permiso para viajar fuera del país en su primer año de mandato. La petición la dirigieron al presidente del Senado, Honorio Henríquez, del Centro Democrático.

El abogado de la familia sustentó la petición señalando que “en un intento por implementar modificaciones improvisadas al sistema de salud intervino la Nueva EPS desde el pasado 3 de abril del 2024, esta acción regulatoria terminó destruyendo la atención de los beneficiados y asfixiando económicamente el sistema”.

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