El Estado colombiano ganó la demanda en el caso Meritage, un pleito iniciado por el inversionista Ángel Samuel Seda y un grupo de accionistas, quienes le exigían al país la suma de 389 millones de dólares (más 1.2 billones de pesos colombianos) por la presunta violación del Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos.
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El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) emitió este jueves una sentencia a favor de Colombia, alegando que no podía pronunciarse sobre la legalidad de la extinción de dominio iniciada contra el predio del proyecto Meritage, pues estas fueron medidas adoptadas y mantenidas en el tiempo para proteger intereses de seguridad esencial del Estado colombiano.
El proyecto Meritage fue impulsado por Seda y un grupo de socios que adquirieron terrenos en el municipio de Envigado, Antioquia. Con el respaldo de conceptos técnicos de reconocidas firmas que aseguraban la idoneidad de los terrenos, Seda avanzó con el proyecto.
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Sin embargo, en 2016, la Fiscalía inició un proceso de extinción de dominio sobre 55 hectáreas, argumentando que pertenecían a Iván López, presunto miembro de la Oficina de Envigado, quien fue extraditado y afirmó haber sido despojado de los terrenos por el grupo ilegal.
En consecuencia, la entidad judicial confiscó el predio, en el cual se había invertido para desarrollar 35 locales, 114 apartasuites y 116 casas. La Fiscalía determinó en su momento que el terreno había pasado por manos de testaferros de la Oficina de Envigado y del narcoparamilitar Héctor Restrepo Santamaría, alias ‘Perra Loca”.
De acuerdo con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado "se trata de un triunfo sin precedentes en la historia del arbitraje por ser la primera vez en la historia en que un tribunal internacional acoge la excepción de seguridad esencial del Estado para rechazar los reclamos de un inversionista".
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“Hoy queda claro que el arbitraje de inversión no puede ser instrumentalizado para promover fines delictivos tan repudiables como el tráfico ilícito de estupefacientes”, señaló la Agencia en un comunicado.
Asimismo, señaló “la acción de extinción de dominio iniciada por Colombia contra el proyecto Meritage tuvo fines legítimos pues siempre buscó impedir el perfeccionamiento de un lavado de activos en beneficio de una de las principales organizaciones criminales del país”.
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