Los colombianos todavía no conocerían la magnitud de los daños que dejó el terremoto que sacudió su territorio el lunes pasado debido a que existen muchas comunidades indígenas y afrodescendientes que resultaron afectadas, a las que el Estado no ha llegado hasta ahora en la zona del Pacífico. Eso ha hecho que exista un subregistro en las cifras, según denunciaron la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano (CRPC) y el Centro de Estudios Étnicos (CEE).

La CRPC es una red conformada por organizaciones étnicas de ese territorio, representantes de la Iglesia católica y ONG de derechos humanos, los cuales tejen una relación permanente con las comunidades y pueden llegar, a través de los sacerdotes y líderes, a donde los estamentos oficiales no alcanzan, de ahí que su información resulte privilegiada.

En ese orden de ideas, por ejemplo, en un recorrido realizado por la Pastoral Social de Buenaventura el pasado miércoles, por los barrios de ese puerto, sus integrantes hallaron que hay una “brecha entre el registro institucional inicial y la realidad que comienza a emerger”.

“Mientras el consolidado preliminar registra 144 viviendas entre destruidas y averiadas, la Alcaldía recibió reportes comunitarios sobre más de 600 viviendas con algún tipo de afectación, cifra aún pendiente de valoración técnica”, dicen las organizaciones en su segundo informe sobre la tragedia, con fecha del pasado jueves, en el que apuntan que esta sería una señal clara de que hay subregistro y, por tanto, existe la necesidad de ampliar el barrido inicial.

Lea aquí: Empresarios ya superaron los $72.000 millones recaudados para damnificados por el terremoto en Colombia

Con relación a Chocó, apuntan que 29 de sus 31 municipios están afectados y para ese momento la cifra de muertos llegaba a 14, la de heridos a 139 y la de desaparecidos a 4; pero además se contaban 10.124 familias damnificadas (143.178 personas), 468 viviendas destruidas, 38 colegios y 7 centros de salud afectados, lo mismo que 6 acueductos.

En lo que respecta al territorio de la diócesis de Istmina-Tadó, este es el reporte entregado por la Pastoral Social: 3 personas fallecidas, 91 personas heridas, 8.094 personas afectadas, 1.032 viviendas en pérdida total y 1.431 viviendas con afectaciones estructurales. Lo mismo, menciona 12 templos y 3 casas curales afectadas estructuralmente. Esa misma condición la padecen 11 centros educativos rurales y urbanos afectados y 3 casas comunales.

En la Diócesis de Istmina-Tadó para entonces había, según ello, tres personas fallecidas, 91 heridas y 8.090 afectadas; 1.032 viviendas con pérdida total y 1.431 que padecen afectaciones estructurales. También, bajo esa última condición, hay 12 templos católicos, más 3 casas curales afectadas, 11 centros educativos y 3 casas comunales.

¡Ojo con las zonas rurales!

El sacerdote Albeiro Parra, director ejecutivo de la CRPC, en diálogo con El Colombiano, hizo hincapié en la necesidad de verificar la situación de las comunidades rurales, que en esta zona del país están conformadas sobre todo por etnias afro e indígena, tienen difícil acceso y están asoladas por grupos armados.

En ese sentido, con base en datos recabados por el Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN), el informe apunta que casi la totalidad de sus 72 comunidades resultaron con graves afectaciones como consecuencia del sismo de 7,4 grados en la escala de Richter que tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar (Chocó); no obstante, no registran, hasta donde se conoce, pérdidas de vidas, pero en el instante en que se elaboró el informe había una persona desaparecida en la comunidad de Docordó.

Todas estas son comunidades localizadas en los municipios de Sipí, Nóvita, Medio San Juan, Istmina, Litoral del San Juan (Choó) y Buenaventura (Valle del Cauca). Entre las consecuencias que les dejó el sismo se encuentran el colapso de viviendas y otras con daños estructurales que amenazan ruina; pérdidas de electrodomésticos, muebles, ropa, enseres y alimentos; pero también se ve la destrucción de infraestructuras públicas como escuelas, hogares infantiles, casas comunitarias, puentes, muelles, calles y por lo menos un centro de atención al adulto mayor, entre otras.

En Buenaventura, el movimiento telúrico impactó especialmente a las comunidades rurales de Cajambre, Mallorquín, San Juan, Yurumangui y Bajo Calima.

“En cuanto al Bajo Calima, se ha recibido información comunitaria extraoficial según la cual más del 60 % del poblado ha sido destruido o severamente afectado. La cifra no está confirmada oficialmente y se registra únicamente como alerta territorial que exige verificación directa”, apunta el informe que da un dato provisional de 1.802 viviendas afectadas (991 con pérdida total y 811 con daños parciales).

Entérese: Gobierno nacional declara insubsistentes a cinco embajadores de Colombia

Así mismo, el informe da cuenta de que es preocupante la situación de 22 familias indígenas (integradas por 96 personas) del pueblo Wounaan Nonam, las cuales conforman el Cabildo Valledupar, porque el albergue donde se encontraban colapsó. La alternativa presentada por la Alcaldía de Buenaventura es su traslado a la galería del barrio Matía Mulumba, comuna 12, pero resulta que hace dos años la comunidad tuvo que salir de allí justamente por amenazas; siendo la segunda opción el corregimiento Sabaleta, a 12 kilómetros de Buenaventura, donde igualmente se enfrentarían a condiciones de inseguridad y riesgo por deslizamiento.

“No son comunidades citadinas, ni paisas o andinas”

Por las razones expuestas, el padre Albeiro sostiene que la presente catástrofe debe tener un enfoque especial a la hora de atender la emergencia en las comunidades del Pacífico, dadas las variables étnicas y su condición de víctimas del conflicto armado.

“Hablamos de un enfoque diferencial porque no son comunidades citadinas ni paisas o andinas; tienen una cosmovisión, una cultura, unos usos y costumbres, unos planes de vida y unos planes de desarrollo específicos, y cualquier intervención que se vaya a hacer por el Estado y los agentes de la cooperación tiene que entender y respetar eso”, agregó.

Recordó casos del pasado en los que comunidades indígenas tocadas por catástrofes sufrieron problemas de salud debido a que en la alimentación de emergencia incluyeron enlatados y productos a los que sus organismos no estaban habituados.

Pero adicionalmente, según recalcó, es indispensable planificar una atención psicosocial que incorpore a sus sabios y sabias, sus bailes y cantos que les dan un equilibrio espiritual.

Y para completar, en la reconstrucción se requeriría respetar los reglamentos internos y los planes de vida, que son especies de planes de desarrollo que elaboran de forma colectiva estos pueblos.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .