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Gobierno nacional declara insubsistentes a cinco embajadores de Colombia
La decisión se tomó luego de que los diplomáticos no pusieran sus cargos a disposición del presidente Abelardo de la Espriella durante la transición institucional.
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Colprensa
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Viernes, 14 de Agosto de 2026

El Gobierno nacional declaró insubsistente a cinco embajadores de Colombia en el mundo, por no presentar su renuncia protocolaria al cargo.

Esto porque según la ley y como parte de la transición institucional de un nuevo gobierno, la mayoría de los embajadores presentaron su renuncia protocolaria y ponen sus cargos a disposición del presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

No obstante, cinco de estos funcionarios no lo hicieron, como es el caso de Guillermo Francisco Reyes González, embajador de Colombia ante el Gobierno del Reino de Suecia y Vilma Rocío Velásquez Uribe, embajadora de Colombia ante el Gobierno de la República de Haití.

En la lista también figuran Yennifer Edilma Parra Moscoso, embajadora de Colombia ante el Gobierno de la República de Turquía; Juan Manuel Corzo Román, embajador de Colombia ante el Gobierno de la República del Paraguay y William Sidney Bush Howard, embajador de Colombia ante el Gobierno de Trinidad y Tobago.


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Ante este panorama, el gobierno formalizará en las proximas horas los decretos que declara su insubsistencia, asi como iniciará la coordinación para llevar a cabo la transición en cada misión y garantizará la continuidad de la representación diplomática de Colombia.

Agregaron ademas que "estos cambios hacen parte del ejercicio regular de las facultades presidenciales y responden al propósito de asegurar que la política exterior sea ejecutada con unidad, coherencia institucional y plena defensa de los intereses nacionales".

Precisamente, uno de los casos que mas llaman la atención es la de la embajadora en Haití, Vilma Velásquez, que fue suspendida por la Procuraduría por su participación en política.

A esto se suma un proceso disciplinario interno que la Cancillería lleva a su nombre por presuntas inconsistencias en el manejo de recursos de la embajada por 500.000 dólares, las cuales están pendientes de legalización y sin justificación alguna.


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