El Consejo de Estado suspendió de manera provisional la resolución mediante la cual el Gobierno nacional autorizó la instalación de la mesa de diálogos de paz con la autodenominada Segunda Marquetalia, al considerar que la decisión podría contradecir lo establecido en la Ley 2272 de 2022, conocida como la ley de paz total.

En la decisión, el alto tribunal señaló que dicha norma estableció una diferencia entre los grupos armados organizados al margen de la ley (GAOMIL), con los cuales es posible adelantar negociaciones de carácter político para alcanzar acuerdos de paz, y las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto (EAOCAI), con las que únicamente pueden desarrollarse acercamientos orientados a su sometimiento a la justicia y su desmantelamiento.

Según la Sala, aunque la resolución expedida por el Gobierno le otorgó a la Segunda Marquetalia la condición de grupo armado organizado al margen de la ley para justificar la apertura de una mesa de negociación, un análisis preliminar indica que esa organización corresponde a una estructura armada organizada de crimen de alto impacto.

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Por esa razón, el Consejo de Estado concluyó que, en principio, el Ejecutivo no estaba facultado para adelantar negociaciones políticas con ese grupo, sino únicamente para impulsar mecanismos de sometimiento a la justicia, conforme a lo previsto en la legislación vigente.

La suspensión provisional se mantendrá mientras el alto tribunal estudia de fondo la demanda presentada contra la resolución expedida por el Gobierno.

La decisión representa un nuevo revés para la política de paz total del Ejecutivo, ya que deja en pausa el proceso de diálogos con la Segunda Marquetalia hasta que exista un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad del acto administrativo.

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