Son lugares que se han convertido en todo un dolor de cabeza tanto para las autoridades, como para las personas que residen cerca de ellas, pues son foco de hurto en diferentes modalidades, disputa de bandas por el control de la zona, desplazamiento urbano y hasta reclutamiento de menores.

69 ollas de microtráfico han sido demolidas hasta el momento en el país, en el marco de una estrategia encaminada a atacar de frente el tráfico local de estupefacientes.

El caso más reciente de estos `símbolos del mal´, se detectó en un inmueble ubicado en el barrio Olaya Herrera de Cartagena. Un lugar que llevaba 15 años siendo usado para el expendio y consumo de estupefacientes.

Este inmueble se encontraba en un alto grado de deterioro y en su interior permanecían tanto habitantes de calle como drogadictos. Sin embargo, el mayor problema de este, era que se había convertido en un verdadero foco de delincuencia, pues de acuerdo a las autoridades, en sus alrededores tienen reportes de más de 150 delitos. En donde el hurto marca la parada.

Otro problema que tenía a la ciudadanía de este barrio muy preocupada, eran las basuras que producían, pues se convirtió en un nido de roedores y mosquitos, que ocasionan enfermedades como leptopirosis y dengue. El inmueble era manejado por un clan familiar que inducía a los niños al consumo, para luego introducirlos en el mundo criminal.

Otro caso parecido fue detectado en Ibagué, en donde en el barrio Baltazar encontraron un lugar que además de ser expendio de droga se había convertido en un sitio de reclutamiento de menores de edad. Esto “mediante el regalo de una papeleta, que luego generaba adicción, pero como los menores no tenían dinero para continuar con el vicio, los introducían a las organizaciones para que cometieran delitos y así pudieran pagar la droga”, informaron las autoridades.

Con el objetivo de destruirlas y de paso atacar toda la cadena del tráfico local de estupefacientes, el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Iván Duque, el ministro de Defensa Diego Molano y el director de Policía Jorge Luis Vargas decidieron implementar una estrategia que denominaron `Plan 100 contra el microtráfico´, un programa de 100 días, que plantea un debate sobre su efectividad y sus verdaderas consecuencias.

¿De qué se trata?

El general Fernando Murillo, director de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), dijo que esta estrategia se ha enfocado a derribar estos lugares que son hitos de inseguridad, porque se ha demostrado que por más capturas que existan, estas bandas no se acaban, “la policía allana, realiza capturas, pero sigue el punto de venta y se ha determinado por orden del Gobierno Nacional que debemos derribar esos mitos de inseguridad”, dijo.

Es por eso, que en más de 30 días que lleva la estrategia en curso, ya se han destruido 69 ollas en 13 departamentos del país y las autoridades esperan demoler en lo que resta del plan alrededor de 90 más. “Todos tenemos en la retina lo que fue la calle de Bronx, ya no vamos por una calle vamos por toda una estructura criminal que existe en diferentes partes de las ciudades” añadió.

Además, explicó que para poder derribarlas primero deben hacer una labor de investigación criminal, en la cual se adelantan seguimientos, interceptaciones de líneas, entre otras estrategias, lo que permite: “abrir una noticia criminal con la Fiscalía, que genera todo un proceso para judicializar a los responsables y los inmuebles”, puntualizó.

Luego dijo que lo que “se está haciendo es una medida administrativa desde el entendido que estos inmuebles amenazan con deterioro, amenazan contra la salubridad de las personas de su entorno y su seguridad y de ahí que los alcaldes están tomando las decisiones a partir de un trámite administrativo, para que entren en temas de legalidad y se puedan demoler”, puntualizó.

Por último, explicó que los predios demolidos y que pertenecían a alguna persona no relacionada con actividades delincuenciales, se encuentra en acompañamiento y que los lugares que no se han podido demoler se les está haciendo proceso de extinción de dominio.

¿Qué tan efectiva es esta estrategia?

Para el catedrático de la Universidad Javeriana Henry Cancelado, esta estrategia no es nada efectiva para atacar de frente el tráfico local de estupefacientes, porque “usted puede tumbar las ollas que quiera, pero resulta que por el alto nivel de rentabilidad que deja el negocio de las drogas, pues no es efectivo, porque a usted esta se la pueden vender por teléfono o por internet”.

Añade que es absurdo que se piense que “si tumbo la casa acabé con el negocio, acabar con las ollas en las ciudades es la versión urbana de la erradicación de cultivos”

Además, dijo que esto genera solamente un desplazamiento del fenómeno a otro lugar y que lo único que se está haciendo es un tema de apropiación y recuperación de esos lugares y de sus zonas aledañas, “pero no de seguridad, no la olla en sí sino la relación con la ciudad”.

Para Daniel Mejía profesor de la Universidad de los Andes y exsecretario de seguridad de Bogotá, este es un esquema que funciona porque se debe evitar a toda costa que se reparta la droga a menores de edad y personas en condiciones de vulnerabilidad “yo creo que hay que atacarlas, capturar y judicializar a las personas que se encuentran lucrándose de ese negocio que es ilegal y hacerles extinción de dominio o la destrucción del inmueble” y agregó que aunque es cierto que muchas de estas organizaciones solo cambian de lugar, no es rentable para ellas “porque les vuelve los costos de producción cada vez más altos”.

Y destacó que otro de las ventajas de esta estrategia es que manda una señal de control, “de que no se permiten estos expendios de droga a gran escala en las ciudades”.