El director del Dapre, Carlos Ríos, denunció al caricaturista y excandidato al Senado del Pacto Histórico, Julio César González, por presuntamente incumplir contratos durante el gobierno Petro. El activista es conocido como “Matador”.
Ríos radicó la denuncia ante la Fiscalía en calidad de otro rol que cumple: el de comisionado de Paz encargado. Se trata de un contrato por $257 millones, que se firmó en 2024 para hacer campañas de socialización del Acuerdo de Paz a través de caricaturas.
El acuerdo se financió con recursos del Presupuesto General de la Nación, según detalló la denuncia de Ríos, y tenía un valor inicial de $257.040.000, con pagos mensuales de $21.420.000, IVA incluido. Sin embargo, dice la denuncia, las partes financiaron una modificación contractual para reducirlo a $216.000.000, con pagos mensuales de $18 millones.
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Inconsistencias en los pagos y presuntos delitos investigados por la Fiscalía
Ahora bien, entre las obligaciones del vínculo estaban la realización de talleres en municipios como los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, surgidos s partir del Acuerdo de Paz) o en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).
A su vez, se incluía el acompañamiento a actividades de pedagogía de paz en los territorios y la participación en exhibiciones públicas de las caricaturas, entre otras funciones.
Entonces, ¿cuáles serían las dudas? Según la documentación presentada por Ríos ante la Fiscalía, estas habrían surgido tras una revisión de los informes de ejecución correspondientes a doce periodos contractuales. De acuerdo con la querella, durante ese tiempo habría posibles inconsistencias entre las fechas registradas para la facturación, los cobros y los documentos aportados como evidencia de las actividades realizadas.
Los supuestos delitos denunciados por Ríos incluyen peculado por apropiación, peculado culposo —manejo indebido de los recursos públicos, con intención o por negligencia—, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.
No obstante, que Ríos haya presentado la denuncia no equivale a una declaración de responsabilidad para “Matador”, que le compete a las autoridades judiciales.
El activista tuvo otros contratos con el Gobierno Petro que incluyeron pagos de 16 millones de pesos mensuales por “asesorías en contenidos creativos”. Este se hacía a través de la cooperativa Saavi, que recibió contratos multimillonarios con RTVC durante el gobierno Petro para servicios audiovisuales. Estos fueron expuestos por el hoy representante del Centro Democrático, Daniel Briceño.
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Investigaciones previas y acciones legales por injuria contra la primera dama
Esta denuncia se da finalizando la misma semana en que la Fiscalía abrió una indagación preliminar en contra del caricaturista, por las acusaciones presuntamente injuriosas que lanzó contra la primera dama, Ana Lucía Pineda.
El ente acusador analiza si los comentarios del comunicador podrían configurar el delito de injuria agravada, luego de que el pasado 11 de octubre publicara en su cuenta de X una foto de la esposa del presidente Abelardo de la Espriella, acompañada de este mensaje: “Bueno ratita... ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho pati raquítica”.
González, pereirano de 57 años, argumentó que sus cuestionamientos se deben a que los damnificados de su ciudad siguen esperando las ayudas prometidas por el Gobierno Nacional, en medio del ruido provocado en las toldas de la oposición por el papel que jugó la fundación de Pineda en la recolección inicial de las ayudas.
La firma de abogados De La Espriella Lawyers, fundada en su momento por el actual primer mandatario, también anunció acciones legales contra González Quiceno por sus publicaciones.
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