La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos reclamó este viernes el despacho de alimentos escolares para las escuelas en el Guaviare, con el fin de evitar no solo problemas derivados de la falta de alimentación de los niños, sino el reclutamiento forzado de menores de edad.

"Nuevamente, ahora en noviembre, recibimos noticias que nos señalan que no están llegando los alimentos escolares y esto pone en riesgo a los niños frente a la situación de reclutamiento infantil en este departamento. Esto afecta de manera particular a los pueblos indígena Jiw y Nukak, a las niñas y a los niños de estos pueblos".

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Así lo manifestó Juliette De Rivero, representante de la Oficina de los derechos humanos de Naciones Unidas en Colombia.

La delegada de la ONU aseguró que a mediados de año estuvo en el Guaviare para tratar temas relacionados con los derechos humanos en ese departamento y una de las preocupaciones era la falta de alimentos para las escuelas, un asunto que ya parecía superado.

"Es importante que las autoridades se movilicen para asegurar un presupuesto para el alimento básico de los niños en las escuelas y que esto ayude a desbloquear la situación actual para que los niños no tengan riesgo de reclutamiento y para que no estén faltando a las escuelas", urgió De Rivero.

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Agregó que es "importante" que "lleguen cuanto antes" los alimentos a las escuelas del departamento, en particular porque es el momento en el que empieza la etapa de definición frente a la escolarización de los niños, niñas y adolescentes.

Este semana la Defensoría del Pueblo reveló que durante este año se han registrado 166 casos de reclutamiento forzado de menores de edad, con la advertencia de que hay un subregistro de casos, debido al temor que existe en las familias de los niños obligados a ir a la guerra de ser desplazados, asesinados o amenazados por parte de los grupos armados ilegales, quienes son los responsables de este tipo de acciones.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, agregó a ese dato que el 75% de los casos registrados por su oficina corresponden a niños de poblaciones indígenas.

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