La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre 25 bienes que estarían vinculados a seis de los señalados implicados en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en medio de las investigaciones por el direccionamiento de contratos y la desviación de recursos destinados a obras de mitigación y atención de emergencias.
La decisión fue adoptada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, después de diferentes actos de investigación encaminados a identificar y verificar el patrimonio de los presuntos involucrados.
De acuerdo con la Fiscalía, se trata de 19 inmuebles y seis sociedades, ubicados o registrados en Bogotá, Medellín, Montería, Pasto, Chachagüí, Sopó, Tabio, Cúcuta, Villavicencio y Sabana de Torres.
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Los bienes tienen un avalúo preliminar cercano a $20.000 millones y estarían relacionados con los exdirectivos de la UNGRD Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez; el expresidente del Congreso Iván Leónidas Name Vásquez; el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle Aguas; el contratista Luis Eduardo López Rosero y el exasesor jurídico Pedro Rodríguez Melo.
¿Cuáles fueron los bienes incautados?
La Fiscalía informó que cuatro de los activos afectados, ubicados en Bogotá, Juan de Acosta (Atlántico), Villavicencio (Meta) y Sopó (Cundinamarca), estarían vinculados a Iván Name Vásquez. En uno de estos casos, la medida cautelar recae únicamente sobre el 33% de la propiedad que le correspondería.
En el caso de Andrés Calle Aguas, cuatro inmuebles ubicados en Montería, Córdoba, harían parte del patrimonio sobre el que fueron impuestas las medidas.
A esto se suma un inmueble en Medellín, que pertenecería a Olmedo López; otro ubicado en Sabana de Torres, que estaría a nombre de Sneyder Pinilla, y un predio en Tabio, Cundinamarca, que sería del exasesor jurídico Pedro Rodríguez Melo.
Por su parte, siete bienes ubicados en Pasto y Chachagüí, en Nariño, y en Cúcuta, Norte de Santander, tendrían relación con el contratista Luis Eduardo López Rosero.
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Entre los activos afectados también hay sociedades que, según la Fiscalía, habrían sido utilizadas en diferentes maniobras relacionadas con la contratación en la UNGRD y para dar tránsito a los dineros recibidos.
