47 bienes que pertenecerían a una red delictiva que facilitaba el tráfico de migrantes fueron ocupadas por la Fiscalía General de la Nación, con fines de extinción de dominio.

Los activos, que incluyen 8 inmuebles, 3 sociedades, 4 establecimientos de comercio, 8 vehículos y 24 embarcaciones, están avaluados preliminarmente en 29.106 millones de pesos.

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Los vehículos eran utilizados para facilitar el transporte irregular de extranjeros desde las costas del Golfo de Urabá hasta Centroamérica, mientras que las demás propiedades habrían sido adquiridas para ocultar y evitar el rastreo de los dineros obtenidos por la actividad ilegal.

A esta red se le señala de haber movilizado 800.000 ciudadanos de Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica, China y otros países.

Los bienes están ubicados en Medellín, Apartadó y Necoclí (Antioquia); Unguía y Quibdó (Chocó).

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