Óscar Camargo Ríos, un señalado narcotraficante conocido con el alias de Pichi, está prófugo de la justicia. Tenía el beneficio de prisión domiciliaria y le bastó apagar el brazalete electrónico para fugarse de su vivienda en el Valle de Aburrá.

La última vez que lo vieron fue el pasado 10 de octubre cuando funcionarios del Inpec hicieron una visita de verificación. Pero quince minutos después de terminar la diligencia, encontraron que el hombre se había escapado. Alcanzó a evadir en 14 ocasiones su medida de aseguramiento.

Lo cierto es que el desenlace de esta mediática fuga pudo ser distinto si la Fiscalía hubiese logrado evitar –con pruebas de peso– que la justicia absolviera al capo por tres delitos.

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A Pichi lo llegaron a señalar como el responsable de la distribución de hasta el 98% del microtráfico en Bucaramanga. De hecho, en el mundo criminal también es apodado como el “Pablo Escobar bumangués”.

Pese al expediente, las decisiones judiciales en el caso de alias Pichi han sido laxas.

La jueza Piedad Díaz Mateus –hermana del gobernador de Santander, Juvenal Díaz– lo absolvió en primera instancia por los delitos de Concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y destinación ilícita de inmuebles.

“Cuando salió la noticia yo la llamé y le dije que me contara lo que había pasado. Ella me dijo que había fallado en derecho y que no discutiría sus decisiones con nadie”, señaló el gobernador Díaz respecto a la decisión de su hermana.

En efecto, la FM accedió a los fallos en los que Pichi quedó absuelto y allí hay constancia de la aparente “floja” investigación de la Fiscalía en el proceso que se llevaba contra el capo.

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Las noticias criminales de alias Pichi empezaron a escribirse desde 2006. Para entonces lo señalaban como el responsable de distribuir la droga en el barrio San Rafael de Bucaramanga: vendía marihuana, bazuco, cocaína y hasta pastillas sintéticas.

La investigación fue asumida por la Fiscalía: se encargaron de pedir las órdenes de captura, de recopilar pruebas y de acusar a Pichi para dejarlo en la cárcel. Pero la condena no llegó, el señalado capo recibió la gabela de la prisión domiciliaria y las pruebas del ente acusador fueron “flojas”.

El proceso inició en 2013 y se extendió hasta 2019 cuando ocurrió la primera absolución de Pichi. En esa sentencia quedó fijado el jalón de orejas de la Procuraduría y la juez del caso a la Fiscalía.

Una de las conclusiones de la Procuraduría en ese proceso es que la única prueba que aportó la Fiscalía en el juicio fue un testimonio de un policía investigador.

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Es que en el proceso hubo interceptaciones que no se presentaron, testigos que no estaban seguros de sus declaraciones y grabaciones que no probaban nada.

“El Ministerio Público concluye que la declaración de Suárez Tejada es la única prueba que realmente le sirve a la Fiscalía. Pues realizó diferentes actos de investigación de especial importancia como seguimientos a través de registros videográficos, entrevistas y documentos.

Sin embargo, no encuentra que la Fiscalía, a través del testigo, haya podido demostrar los hechos de la acusación, pues él mismo relata en la acusación que la misma comunidad señalaba a Óscar Camargo como líder de la organización, fuentes humanas que se desconocen”, se lee en la intervención de la Procuraduría en la sentencia.

La acusación de la Fiscalía fue tan “débil” que la juez tuvo que ordenar que se le regresara a Picho el monto de 647.000 pesos en efectivo que le habían incautado en un operativo en el barrio San Rafael.

En julio de 2024 fue absuelto en segunda instancia por seis delitos por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, el cual consideró que la Fiscalía no aportó evidencias suficientes para condenarlo por concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, tráfico de armas, desaparición forzada, tráfico de estupefacientes y fuga de presos.

Ante la falta de contundencia de las pruebas, a la justicia no le queda de otra que absolver al capo. El capo se fugó y todavía tiene una pena pendiente por cumplir de 69 meses por concierto para delinquir, proferida por otro despacho.

Así avanza la búsqueda de Pichi

En Medellín se adelanta un plan candado para tratar de contener la fuga del señalado capo de Bucaramanga.

“Aquí las garantías son para los peores criminales y no para la sociedad que cumple la norma, que mal mensaje. Hablé con la Ministra de Justicia y el Director del Inpec en primer momento, nosotros desde la Alcaldía, pasamos un informe desde el primer día con toda la trazabilidad de nuestras cámaras y de los vehículos que salieron de esta unidad residencial, que se presume que ahí puede ir él”, señaló el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

El gobernador de Santander también ofreció una recompensa de hasta 150 millones de pesos por información que permita dar con el paradero del capo bumangués.

La historia criminal del capo

. El hombre creció en el barrio San Rafael de la Ciudad Bonita. Allá inició su vida ilegal cuando se desempeñó como “campanero” y jíbaro de los traficantes de la droga.

En 2015 lo capturaron por primera vez: lo señalaban como uno de los cabecillas de la organización criminal conocida como “Los San Rafa”. Solo estuvo 56 días preso. En medio de una cita médica se lanzó por un segundo piso mientras era custodiado por los guardianes del Inpec.

En octubre de 2018 fue recapturado en Medellín. En uno de los expedientes se lee que “Pichi” se estableció en la capital de Antioquia porque desde allí coordinaba las operaciones de narcotráfico en varios municipios del país. Generaba hasta 14.000 millones de pesos en las rentas ilícitas al año.

Pese al historial criminal, el hombre fue cobijado con la medida de prisión domiciliaria y, desde allí, otra vez, se escabulló de las autoridades.

De acuerdo con el alcalde de Medellín, las autoridades penitenciarias ya venían solicitando –antes de la fuga– que alias Pichi fuera trasladado desde su casa en El Poblado hasta la cárcel La Paz de IItagüí.

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