El proceso penal que durante varios años enfrentó a la periodista Lina Marcela Castillo con Hollman Morris cerró parcialmente a favor de Castillo. En segunda instancia, la justicia confirmó el cierre de buena parte de la actuación que se abrió contra la comunicadora luego de que en 2019 hiciera públicas denuncias por presunto acoso sexual y laboral contra el exconcejal de Bogotá.

El Juzgado 55 Penal del Circuito de Bogotá revisó la decisión que había tomado en julio el Juzgado 86 Penal Municipal y mantuvo la preclusión respecto de las manifestaciones públicas de Castillo relacionadas con los señalamientos de acoso sexual y amenazas.

La decisión también declaró prescrita la acción penal por injuria. En el caso de las acusaciones relacionadas con presunto acoso sexual, la jueza consideró que las declaraciones de Castillo estaban protegidas por la libertad de expresión y constituían un ejercicio de denuncia pública frente a posibles hechos de violencia basada en género.

¿Qué había denunciado Lina Castillo?

El caso se remonta a 2019, cuando Castillo hacía parte del entorno político del entonces concejal Hollman Morris. La periodista afirmó públicamente que había sido víctima de comportamientos que consideraba constitutivos de acoso sexual y laboral.

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Entre los hechos que relató estaban comentarios sobre su cuerpo y su color de piel, solicitudes para que asistiera a la oficina con falda y un episodio ocurrido durante un almuerzo laboral, en el que aseguró que Morris le tocó las piernas.

Tras las declaraciones públicas de Castillo, Morris presentó una denuncia penal por injuria y calumnia. La Fiscalía posteriormente formuló acusación contra la periodista, en marzo de 2023.

El proceso avanzó durante varios años hasta que, en 2026, la Fiscalía decidió cambiar el enfoque con el que estaba siendo analizado.

Mediante una resolución del 23 de marzo, y luego de presión de parte de defensoras de derechos humanos, el expediente fue trasladado a Marcela Abadía, fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

La decisión buscó que el caso fuera estudiado con un enfoque especializado en violencia basada en género y que no se analizara únicamente desde la perspectiva de la denuncia penal presentada por Morris.

Y es que el escrache o denuncia pública tiene un respaldo en la jurisprudencia constitucional, y es entendido como una forma protegida por la libertad de expresión.

En particular, la Corte Constitucional ha señalado que las víctimas pueden acudir a espacios públicos para relatar sus experiencias, incluso cuando no exista una sentencia judicial previa que establezca responsabilidad del señalado.

Esto no significa que cualquier señalamiento público quede automáticamente protegido.

¿El proceso quedó completamente cerrado?

No. Aunque la decisión representa el cierre de los principales componentes relacionados con las denuncias de acoso sexual y laboral, un episodio diferente continúa bajo análisis judicial.

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Se trata de las declaraciones de Castillo sobre un supuesto atropellamiento. La periodista manifestó que un vehículo que, según su versión, hacía parte del esquema de seguridad de Morris habría intentado atropellarla.

Durante una audiencia, Castillo sostuvo que las consecuencias de sus denuncias se extendieron durante varios años y aseguró haber enfrentado amenazas, persecuciones y ataques.

En una intervención citada dentro del proceso, manifestó que la situación había sido revictimizante.

La tutela que llegó a la Corte Constitucional

Paralelamente al proceso penal, Castillo presentó una acción de tutela contra la Fiscalía. La periodista busca que se protejan sus derechos en relación con la manera como fue tramitada la investigación y con las garantías para denunciar públicamente hechos que considera constitutivos de violencia de género.

En agosto de 2026, la Corte Constitucional seleccionó la tutela para revisión. El expediente fue asignado a la Sala Sexta de Revisión, presidida por el magistrado Vladímir Fernández.

La tutela, por tanto, sigue siendo un frente distinto al proceso penal que acaba de tener esta decisión de segunda instancia.

Tomado de El Colombiano.

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